Publicado en El Espectador, enero 15 de 2026
El 5 de enero de 2026, dos días después de que el régimen venezolano recibiera un duro golpe, tal vez definitivo, hubo una acción crucial de las autoridades norteamericanas. En lugar de encerrar y aislar al dictador y su esposa, les leyeron sus derechos para ponerlos a órdenes del juez federal Alvin Hellerstein, jurista de 92 años designado en 1998 por el demócrata Bill Clinton e instructor del caso contra Maduro desde 2020. Ni los críticos de este “secuestro” han sugerido que es subordinado de Trump.
La ex todopoderosa pareja fue llevada al tribunal bajo fuertes medidas de seguridad. Primero en helicóptero desde el centro de detención en Brooklyn, uno de los “más infames del país… con notorios y peligrosos capos de la droga”. Llegaron a la corte con “grilletes en las piernas y ropa de prisión, ambos se pusieron auriculares para escuchar” la traducción al español del procedimiento. Tendrán “los mismos derechos que cualquier otra persona acusada de un delito (en EEUU), incluido un juicio con jurado”.
En la audiencia estuvo Nizar El Fakih, abogado de DDHH venezolano que defendió numerosos prisioneros políticos bajo Chávez. Como muchos opositores, enfrentó riesgos crecientes y se exiló en los EEUU. Relató la entrada rozagante y soberbia del dictador, “haciendo contacto visual con todos los presentes y dando el happy new year” antes de sentarse en el banquillo. La actitud del sátrapa cambió súbitamente cuando Hellerstein le ordenó ponerse de pié para confirmar su identidad. Creyéndose aún presidente, Maduro se declaró “prisionero de guerra” detenido ilegalmente. El magistrado lo interrumpió, lo conminó a responder las preguntas y le ordenó sentarse. Fakih no recuerda ninguna autoridad civil que le haya dado instrucciones tan tajantes al líder supremo. Tras la reprimenda, notó un cambio drástico en su lenguaje corporal. “Se empieza a desestructurar ese Maduro que (saludaba a todos) cuando entró a la corte”. Fue evidente que “el juez impuso su autoridad… al pedirle a Maduro que se comportase”. Consecuentemente, “al retirarse de la sala, esa actitud vistosa que tenía el expresidente venezolano cesó”. En Venezuela, según Fakih, “cuando un preso político era juzgado, lo primero que pedía al ingresar en la sala era una botellita de agua; en muchos casos llevaban días sin hidratarse”.
En junio de 1989, tras un somero juicio en La Habana, fueron condenados a muerte Arnaldo Ochoa, Tony de la Guardia y otros dos militares cubanos. Acusados de “alta traición a la patria y la Revolución”, fueron juzgados por un tribunal militar. Con minuciosa edición oficial, el juicio fue emitido por la TV cubana. Los cargos contra los acusados los relacionaban con narcos internacionales y tráfico de cocaína, diamantes y marfil. Ochoa y de la Guardia, hasta entonces célebres héroes de la revolución, fueron fusilados sin que el código penal contemplara pena de muerte por exportar drogas. Hubo que sumarles la traición. El periodista Pablo Socorro, uno de los pocos escogidos para cubrir el juicio, reveló en 2018 que sus apuntes eran revisados y editados después de cada sesión. Se filtraba cualquier indicio de “que el alto mando del Gobierno cubano estaba al tanto de estas operaciones”.
Al final del proceso, Ochoa se declaró “merecedor de la pena capital… reiteró su admiración por Fidel Castro y terminó cumpliendo la grotesca demanda de infundir en el ánimo de sus hijos la idea que, aunque lo condenaran a la pena capital, la revolución actuaba con justicia”. Ileana de la Guardia y Jorge Masetti, hija y yerno de Tony, le entregaron a Gabriel García Márquez una carta para Fidel Castro implorando evitar el fusilamiento. Él les prometió “hacer todo lo posible” y los tranquilizó anotando que la ejecución también perjudicaba al régimen. Según Enrique Krauze, historiador mexicano, la misma Ileana relató que el escritor asistió “a una parte del juicio, junto con Fidel y Raúl, detrás del ‘gran espejo’ del recinto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas”.
Sobra un análisis comparativo del juicio que les espera a Maduro y su esposa con el que enfrentaron dos íconos revolucionarios cubanos. Parafraseando a Bertolt Brecht, “la justicia castrista fue absolutamente incorruptible; nadie pudo inducirla a hacer justicia”. Tragando sapos colosales, como la recurrente amenaza militar, la inclinación totalitaria o el flagrante irrespeto al derecho internacional, hay que reconocer que el soberbio, charlatán, codicioso, arbitrario y corrupto Donald Trump dio un paso en la dirección correcta: delegó en un juez y un jurado independientes definir el futuro de quienes jamás hicieron eso en 18 mil “detenciones políticas”. La justicia penal no es sólo castigo o rehabilitación. Su principal y monumental impacto es la disuasión, que ya se percibe en Venezuela.