Mafias, justicia y JEP

Publicado en El Espectador, Octubre 31 de 2019
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La justicia colombiana presenta crecientes desbarajustes, operativos y conceptuales, que serán capitalizados por distintas mafias, incluyendo militares torcidos.  

Durante años, siglos, en España y América Latina, los litigios han sido lentos y congestionan los juzgados. Salvo para asuntos penales, en el trajín económico ese obstáculo ha podido superarse dejando de hacer negocios con quien incumple y, si acaso, recurriendo a variantes del escrache. La idea de que sin justicia no hay mercados es contraevidente: siempre han existido. 

El bajo mundo colombiano corrobora la redundancia judicial para hacer negocios. Hace unas décadas, el lugar más cómodo para comprar electrodomésticos era San Andresito. Mientras en cualquier comercio formal era difícil que despacharan a domicilio o recibieran cheque, en el centro del contrabando y lavado de dinero ambos servicios eran automáticos: “anote su dirección detrás y allá le llega su TV”. No hacían explícito que al sitio indicado también irían a cobrar un cheque chimbo. Para mafiosos, el sistema judicial no penal es superfluo. Siendo pequeña en número, esta minoría ha tenido un impacto social y económico monumental. 

A partir de 1991, con el progresivo poder de la tutela y la Corte Constitucional para revocar sentencias de otras jurisdicciones y dar órdenes a entes privados, la naturaleza del problema cambió: de la lentitud y pasividad se pasó al activismo judicial. Magistrados y jueces invadieron competencias del legislativo y el ejecutivo. La división de poderes y la misma democracia resultaron averiadas. Como hasta ahora la jurisprudencia ha sido progresista, el establecimiento académico e intelectual aplaude esa injerencia, mientras funge de avestruz con los brotes de corrupción.

En el mundo criminal no se usa la tutela, y no solo por holgura financiera. La anécdota de un amigo médico atendiendo un mafioso en su año rural ilustra por qué:

- Doctor, necesito unos puntos en esta herida 

- Si, es lo que vamos a hacer

- Sin anestesia. ¡Y que no me duela!, le advirtió mostrando su revólver el impaciente 

Al proponer escenarios hipotéticos contra el proyecto de ley sobre referendos contra la jurisprudencia constitucional, Catalina Botero dejó de lado uno bien factible: un lobby de expertos contratados por mafiosos convence, con plata o plomo, a unos cuantos magistrados para que en defensa de sus derechos como minoría, con intereses contrarios a los de las mayorías, legislen en pequeño comité sobre asuntos como extradición, cárceles, investigación criminal o compra y posesión de armas. Podrían flexibilizar ese mercado, con estudios de la National Rifle Association y argumentos como el de la senadora Cabal ante el atraco a un supermercado: “si hubiera porte legal de armas, esto no pasaría”.

Una variante de la célebre frase de Orwell sobre la tendencia a creer las atrocidades del enemigo pero no las del propio bando es pensar que sólo quienes comparten nuestra ideología reformarán instituciones consideradas incorruptibles e inmunes al chantaje pero que en realidad son manipulables. 

Con la JEP, la disfuncionalidad de la justicia alcanza un nuevo zénit. Para las mayorías ciudadanas, en materia criminal, los remedios privados suelen ser más perniciosos que la enfermedad. Para esa peculiar minoría que son las mafias reformas penales a la medida pueden ser extremadamente provechosas. 

El activismo académico ha dado un paso adicional al de la tutela, que asfixió otras jurisdicciones con su prioridad artificial pero no se empeñó en desprestigiarlas. La militancia pro JEP sí es explícitamente antipenalista y hace un daño enorme. En una sociedad violenta, declarar inoficiosa y caduca la sanción penal para en su lugar promover el diálogo entre criminales y víctimas que restaure vínculos sociales y garantice la verdad es un total exabrupto. Ese discurso, imbatible en su candidez, es música celestial a los oídos de curtidos pillos con inmenso poder, que llevan años bien asesorados en asuntos criminales. Pretender que famosos bufetes de abogados penalistas con larga tradición al servicio de las mafias no cooptarán la JEP es candorosamente insensato. 

Para las mayorías no mafiosas, el panorama es preocupante. Con ellas se ensañará una justicia penal impotente ante el crimen organizado. Comparar la suerte de un curtido guerrero, presunto narco, libre gracias a la JEP, con la del padre septuagenario de la Madame cartagenera detenido por proxenetismo no sólo da grima, produce escozor. El peso de la ley recaerá sobre delitos menores, o versátiles crimenes de odio como el de la rectora penalmente sancionada por “inducción al suicidio” de un adolescente gay. 

Tinterillos de cafetín o flamantes constitucionalistas jugosamente remunerados descubrirán conexidades mafiosas con la rebelión, garantía de impunidad. Lo que está llegando a la JEP, con militares condenados por falsos positivos y masacres bien recibidos, es premonitorio. El monstruo diseñado con y para las Farc por voluntaristas e irresponsables muestra sus garras. Hasta Roy Barreras, pazólogo intenso, empieza a angustiarse por sus fallos. 

REFERENCIAS

trino reciente de Mª Fernanda Cabal sobre armas


Bonilla, Alejandra (2019) “La disputa interna de la JEP por el manejo de su presupuesto”. El Espectador. Oct 23

CT (2019). “Coronel Bayron Gabriel Carvajal es aceptado en la JEP”. Colombia en Transición, El Espectador, Oct 22

Donadio, Alberto (2019). “Juan Pablo Liévano”. El Espectador, Oct 20 

Rubio, Mauricio (2015). "Del constitucionalismo arrogante a la corrupción". El Espectador, Marzo 19

______________ (2015). "Democracia y derechos de las minorías". El Espectador, Jul 1

JEP, antivacunas y Joker

Publicado en El Espectador, Octubre 24 de 2019
Reproducción de la columna después de las gráficas

Trino de Petro

Alcalde Ciudad Caótica

Será imposible racionalizar la JEP mientras quienes la integran o apoyan le tengan fe ciega, delirante. 

La ingenuidad surge de una precaria formación en ciencias penales agravada por creer que ese conocimiento sobra. Es como si el movimiento antivacunas se apoderara del sector salud para sanar epidemias con esencias florales. Ambos activismos, antivacunas y pro JEP, declaran que prácticas ensayadas y evaluadas en muchas sociedades por largos años no funcionan. 

Las falacias antimédicas han causado un daño enorme. El sarampión, que ya era residual, rebrota con fuerza. Además de exagerar efectos adversos, ven las vacunas como una conspiración entre gobiernos y farmacéuticas. Lidiar con la militancia antivacunas ha sido complicado por la futilidad de argumentos racionales y datos, contraproducentes con quienes responden emotivamente. Según una oposición inmune al sentido común y la evidencia, la justicia penal solo busca reprimir a quienes la sociedad empujó a delinquir. Cualquier crítica a la JEP es reaccionaria, guerrerista. 

En 1871 Inglaterra hizo obligatorio vacunarse, con multas, embargos y cárcel por impago. Tan drásticas medidas provocaron revueltas que llevaron a conceder “objeción de conciencia” a quienes creyeran que les causaban daño. Los jueces acabaron firmando exenciones “como si fueran autógrafos”. Con levantamientos populares se inició un movimiento internacional de resistencia civil al ataque estatal contra las libertades y “el cuerpo de los ciudadanos”.

La justicia restaurativa, arquetipo antipenalista, surgió en comunidades indígenas contra el Estado opresor. Posteriormente, Menonitas y otros grupos religiosos buscaron suavizar el sistema penal, promoviendo encuentros entre víctimas y atacantes. Rechazaban la prisión, lamentaban las víctimas “ignoradas, desdeñadas, abusadas por los procesos judiciales”. Añoraban transparencia en las negociaciones de rebaja de penas y postulaban que la justicia tradicional opacaba la verdad: castigar criminales no bastaba para que se responsabilizaran por sus actos, empatizaran con las personas afectadas y confesaran. Víctimas que “contaran su experiencia a quienes les causaron daño” garantizarían la verdad y la no repetición. 

Ambos movimientos atraen militantes voluntaristas. Defender los derechos de una minoría ante el sistema excluyente otorga carta blanca para entrometerse en áreas complejas sin saber lo mínimo. En Colombia, a la insolencia contra la justicia penal contribuyeron célebres constitucionalistas. Tal vez pensaron que como la Magna Carta abarca todas las ramas del derecho, su conocimiento era un paspartú y el proceso de paz indujo su metamorfosis a seudopenalistas. Para diálogar con alzados en armas proclamaron que persecución militar, sanciones y represión eran contraproducentes. Volvieron tautológica la noción de impunidad. Adoptaron el candoroso supuesto que ante la JEP los victimarios contarían sinceramente sus crímenes y las víctimas quedarían satisfechas. Hasta las madres de Soacha son escépticas: "los militares no están diciendo la verdad" y, como enseñando procesal penal, le sugieren a la primípara magistratura rudimentos para contrastar testimonios. 

"El castigo es la forma de justicia más facilista, pues no implica un cambio estructural de las maneras del statu quo", pontifica una feminista mostrando que las falacias calaron. Insólitas alianzas sacrifican dogmas:  “la violación no se deshace si el violador se pudre en la cárcel, pero la dignidad sí se restaura con el reconocimiento y la verdad”. Súbitamente la crucial revictimización es irrelevante y se ignoran víctimas que piden justicia, como la Rosa Blanca. “Te siguen violando; cuando te revictimizan y te obligan a sentarte frente a tu victimario”, anota Yineth Bedoya desafiando la médula de la retórica restaurativa. 

En la patria boba, sólo unos cargos por narcotráfico impidieron que un militar condenado a 48 años por falsos positivos y masacres quedara en libertad condicionada concedida por la JEP. Para las víctimas, el supuesto que la memoria histórica reemplazará el clamor por justicia es tan infame como totalitario. En la jurisdicción penal, el irrespeto por elementales principios de igualdad ante la ley y proporcionalidad entre delitos y sanciones serán devastadores. 

La capacidad del cine para manipular emociones puede legitimar la charlatanería. Es fácil imaginar convincentes guiones anti vacunas. Por eso me incomodó ver Joker: pensaba en su influencia sobre la JEP y su fanaticada, días antes de que Roy Barreras exhibiera en el congreso la imagen del nuevo ícono progre. Con tal respaldo mediático, político e intelectual, ahorrándose áridas lecturas, la magistratura neopenalista se sentirá a la vanguardia en el tratamiento de los peores criminales: evitar la represión estatal que causa daño y resentimiento, priorizar el diálogo psicoanalítico, desmenuzar el entorno social que transforma a cualquiera en delincuente, siempre prevenir, nunca castigar... Que un auditiorio europeo o norteamericano aplauda esa ficción, vaya y venga: allá la violencia no es crítica y nadie está saboteando el sistema penal, que sigue actuando con severidad. Pero en Colombia los criminales no son payasos y la novata JEP, aupada por intelectuales que se sienten entre Menonitas, hace trizas una justicia ya deficiente. Encima, Foucault asesinó con premeditación y alevosía a Beccaria y ese magnicidio también quedará impune. 

REFERENCIAS

Beccaria, César (1764, 2015). Tratado de los delitos y las penas. Universidad Carlos III de Madrid. Versión digital

Bienvault, Pierre (2019). “Antivax, la longue histoire des anti-vaccins”. LaCroix, Jan 8

Bosire, Lydiah Kemunto (2006). “Exceso de promesas, exceso de incumplimiento: justicia transicional en el África Subsahariana”. Sur, Rev. int. direitos human. vol.3 no.5

CT (2019). “Coronel Bayron Gabriel Carvajal es aceptado en la JEP”. Colombia en Transición, El Espectador Oct 22


EE (2017) “Los 18 elegidos para ser magistrados de las salas de la JEP”. El Espectador, Sep 26


EE (2019). “¿Por qué se usó la imagen de “Joker” durante debate a ministro Botero en el Senado?”. El Espectador, Oct 15

Foucault, Michel (1975, 1993). Surveiller et punir: Naissance de la prison. Paris: Tel Gallimard

Garrett, Laurie (2019). “Au fond, le mouvement anti-vaccination est fondé sur la notion de privilège”. Mars 16

Leebaw, Bronwyn Anne (2008) “The Irreconcilable Goals of Transitional Justice”. Human Rights Quarterly Vol. 30

Linde, Pablo (2019). “Las cuatro preocupaciones de los antivacunas”. El País, Mar 21


Ruiz-Navarro, Catalina (2019) “Mujeres por la JEP”. El Espectador, May 2

Semana (2016). “Así se elegirá a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz”. Semana.com, Dic 8 

Zehr, Howard (2015). The Little Book of Restorative Justice. Good Books

Escritores y tiranos

Publicado en El Espectador, Octubre 17 de 2019
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 "Un año de cárcel por no ver el funeral de Fidel Castro en TV"

El Nobel de literatura concedido a Peter Handke generó protestas de intelectuales que rechazan su actitud ante el dictador Slobodan Milosevic. No comparto tal reacción contra la libertad de opinión y expresión. 

Uno de los indignados prácticamente propuso la fusión del Nobel de literatura con el de la paz. En el pasado, la academia sueca también confundió activismo político con criterio literario. A Jorge Luis Borges, por ejemplo, nunca le perdonaron unas frases de apoyo a Augusto Pinochet. 

“Hay dos cosas que un hombre no puede permitir: sobornar y dejarse sobornar”, respondió el escritor en 1976 a quien desde Suecia le advertía que no recibiera el doctorado “honoris causa” de la Universidad de Chile. El protocolo exigía la presencia en la ceremonia del primer mandatario, el dictador. María Kodama, viuda de Borges, recuerda ese día: “después me abrazó y me dijo: Sigamos leyendo”. Al aceptar el doctorado, el escritor anotó que “en esta época de anarquía sé que hay aquí, entre la cordillera y el mar, una patria fuerte. Lugones habló de la hora de la espada. Yo declaro preferir la espada, la clara espada, a la furtiva dinamita”.

Voy a imaginar una ficción en la que quien nunca recibió el Nobel por sus ideas políticas da pasos adicionales y acepta una “casita de barrio alto” que el tirano le ofrece para cuando lo visite. Antes, ha conocido al jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) con quien hace buenas migas. Además, con el comandante de un escuadrón de la muerte argentino, trabaja en una agencia de prensa que elogia a los Chicago Boys, economistas del régimen. Ayuda a la contra centroamericana con un militar amigo que envía miles de armas. Cuando un presidente manda un emisario ante Pinochet porque un grupo paramilitar mantiene secuestrado a un político, el enviado habla con Borges, quien lo pone en contacto con el jefe de la DINA y le indica con qué victimario debe hablar. 

Este guión delirante de un célebre escritor partidario y cómplice de un dictador está calcado de las relaciones entre Gabriel García Márquez (GGM) y Fidel Castro. Sobre la residencia puesta a su disposición en un exclusivo barrio cubano y la estrecha amistad con Manuel Piñeiro Barbarroja, cabeza de la Dirección General de Inteligencia, reconocido por su crueldad y cinismo, hay testimonios y fotografías. Jorge Castañeda, excanciller mexicano e historiador de la izquierda latinoamericana señala que GGM y Ricardo Masseti, líder guerrillero argentino, trabajaron juntos en Prensa Latina, agencia controlada por el régimen castrista para propaganda. Conjeturo que allí se inició la larga amistad de GGM con Piñeiro, el esbirro que lo contactaría luego con el dictador. 

Dario Villamizar, cuenta en su biografía de Jaime Bateman que GGM coordinó con Omar Torrijos el envío a Nicaragua de armas robadas del Cantón Norte por el M-19. Siempre que traté de discutir el incidente enfrenté escepticismo, incluso burlas. Hace poco El Espectador, un segundo hogar para este célebre periodista, lo resumió. 

Muy revelador del romance de GGM con la tiranía cubana, de su franca connivencia, es el diario íntimo que Guillermo Angulo le entregó a Belisario Betancur después de su misión como emisario a La Habana para interceder por Álvaro Gómez, mantenido como rehén por el M-19. También El Espectador reveló apartes inéditos del documento. 

“Tu amistad con Gabo será de gran utilidad” le había dicho Betancur a Angulo. Ya en la isla, “pasamos con Gabo a un buffet y ahí me presenta a Manuel Barba Roja Piñeiro, un cubano simpático y abierto, jefe del Departamento de Latinoamérica y experto en todos nuestros vericuetos, políticos y económicos”. Fidel se acerca y dice que se va con García Márquez a su casa. “Gabo sugiere que localicen a Antonio Navarro y el Comandante le ordena a Piñeiro que lo invite a Cuba”. Con pasmosa tranquilidad, el escritor le comentaría luego al emisario una inquiteud de su compinche, el tirano: “¿Qué tan de confiar es Angulo? Porque conocerá muchos de nuestros secretos”.

Engaveté este tema porque al abordarlo siempre me reviraban con apologías a Macondo. George Orwell escribió una reseña devastadora de las memorias de Salvador Dalí. “Debemos ser capaces de tener en cuenta simultáneamente ambos hechos: que Dalí es un buen pintor y que es un ser humano repugnante. Una cosa no invalida ni afecta a la otra”. La sabia recomendación también serviría con Handke, a quien no he leído y por eso no puedo calificar la decisión que molestó a tanta gente. 

Retrospectivamente, me alegra que para otorgarle el primer premio Nobel a un colombiano la academia sueca no le pidiera a las autoridades norteamericanas su opinión sobre Gabriel García Márquez. También pienso que Borges, además de escritor colosal, fue un hombre insobornable que no causó daño.

REFERENCIAS

Aguilar, Andrea  y Tommaso Koch (2019). “Olga Tokarczuk y Peter Handke ganan el Nobel de Literatura de 2018 y 2019”. El País, Oct 10

Aguilar, Andrea (2019). “Escritores contra Peter Handke”. El País, Oct 11

Angulo, Guillermo (2019) “Crónica inédita de una misión clandestina: un secuestro”. El Espectador, Jun 23

Daza, Baltasar (2018). “Por qué Borges no recibió el Nobel de Literatura y qué tuvo que ver Pinochet”, Culto, Mayo 10

El19D (2014). “EN IMAGENES: GABO y su amistad con Daniel y Rosario”, El 19 Digital, Abril 18

IR (2018). “Se revela el misterio del Nobel que le negaron a Borges”. ImagenRadio, Oct 1

Krauze, Enrique (2014). “García Márquez, el romance con el poder”. La Nación, Jun 23

Osorio Guillott, Andrés (2019). “El robo de las armas del Cantón Norte y su relación con la Revolución Sandinista”. El Espectador, Jul 19

Packer, George (2017). “Lecciones de Orwell”. Letras Libres, Abril 17

Villamizar, Darío (2002). Jaime Bateman. Biografía de un revolucionario. Bogotá: Intermedio

Violaciones y esclavitud sexual

Publicado en El Espectador, Octubre 10 de 2019
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La historia oficial del conflicto tiene elementos foráneos que, sumados al arcaísmo de las “causas objetivas” de la violencia, opacan la “verdad, justicia y reparación”. Además, enredarán la reinserción.

Dos doctrinas importadas son “la violación como arma de guerra” y la esclavitud sexual asociada a tal agresión. Testimonios con enfoque cross-country, muy común en trabajos académicos cuantitativos, sirven para contrastarlas con la realidad colombiana.

Un escenario infame de prostitución forzada inducida con violaciones fue el engranaje que el alto mando japonés estableció durante la segunda guerra mundial para atender a sus tropas con mujeres asiáticas. Aunque inicialmente hubo prostitutas japonesas voluntarias, ante la rápida expansión militar reclutaron a la fuerza jóvenes en varios países.

En 1995, Mun, coreana obligada a atender burdeles militares nipones, contó su historia a Juliette Morillot, escritora francesa. Se trataba de una política oficial y abierta, no la estrategia implícita “que se ejecuta como parte inherente de repertorios de dominio”, que saca de la manga el Grupo de Memoria Histórica (GMH) para Colombia. Al colegio de Mun se presentaron cuatro japoneses, dos policías militares, para “captar voluntarias”. Como el señuelo de promesas laborales no funcionó, recurrieron a la fuerza. A Mun la raptó un coreano que acompañaba a los japoneses. Varias de sus compañeras fueron secuestradas por policías.

No hubo escrúpulos por la edad o actividad de las víctimas. El grupo de Mun era de colegialas, varias prepúperes y una menor de 11 años. “Cuando bajamos al puerto cualquiera hubiera pensado que se trataba de una excursión escolar. Algunas venían todavía en uniforme”. Les insistían que trabajarían como meseras, por lo que debían vestirse de manera especial. Un oficial las acompañó a escoger sus atuendos. En la violación con la que comenzó su nueva vida participó incluso un médico del ejército, que se quedó con la menor de ellas. Pronto las degradaron. “La primera semana de mi encierro, recibí más de veinte soldados por día. No tenía sino algunos minutos después de cada uno para lavarme y ya el siguiente empujaba la puerta. Después el ritmo se aceleró  y con el paso del tiempo me di cuenta de que los oficiales venían menos y los reemplazaron soldados rasos. Más rústicos. Más jóvenes. Pero menos exigentes. Les temía menos que a los de mayor grado pues no esperaban nada distinto que mi pasividad y llevarlos a un placer que no duraba más de algunos segundos para montarse y evacuar. Los oficiales, por el contrario, querían atenciones. Algunos, tal vez nostálgicos de las geishas de su país, hubieran querido verme bailar o cantar. Servirles vino. Partían  decepcionados por la pobreza de mis talentos y como, con la fatiga, el brillo de mi belleza y la atracción de lo nuevo no tardaron en desdibujarse, los oficiales pronto me dejaron de lado a cambio de las nuevas cosechas más frescas de Corea”.

Aún se debate la magnitud de la prositución para militares japoneses. El historiador Yoshiaki Yoshimi estima en dos mil el número de centros y hasta en doscientas mil las mujeres que con engaños, compra o rapto llegaron de Corea, China, Taiwan, Filipinas e Indonesia para atender en las casas de consuelo –comfort houses- con las que pretendían reducir la incidencia de violaciones, controlar la transmisión de venéreas y recompensar a la tropa por los largos períodos en el frente. El término comfort es la antítesis de las deplorables condiciones en las que estas esclavas sexuales atendían soldados japoneses, que se referían a ellas como baños públicos. El impacto sobre las violaciones fue mínimo. Un militar declaró que “las mujeres gritaban, pero no nos importaba si ellas vivían o morían. Éramos soldados del emperador. Tanto en los burdeles militares como en las aldeas, violábamos sin titubeos”.

Algunos trabajos sobre el conflicto colombiano casi sugieren que los actores armados, sobre todo los paramilitares, fueron un ejército nipón en pequeña escala. En Basta Ya, informe final del GMH, no sólo se ignora el vigoroso comercio sexual jalonado hace años por el narcotráfico, sino que se machaca el guión militante que esa actividad es siempre forzada e inducida por violaciones generalizadas y sistemáticas de mujeres enemigas, como en Corea. Una etnografía del mismo GMH sobre la prostitución en el Putumayo contradice esa visión doctrinaria burda. Con minucioso trabajo de campo, lamentablemente silenciado, se muestra que no siempre, ni siquiera en una guerra, la venta de sexo es obligada.

La violencia sexual en el conflicto colombiano fue priomordialmente reclutamiento de menores, abusos dentro del grupo y abortos forzados que, a regañadientes y a pesar de Victoria Sandino, apenas empieza a mirar la JEP. Autorizado oficialmente para abordar un tabú del Acuerdo, creyendo aportar luces, ignorando de nuevo a la Rosa Blanca e innumerables denuncias y críticas, un pazólogo anota con cierto cinismo que es “un crimen del que nadie habla”.

REFERENCIAS

Chang, Iris (1997). The rape of Nanking. The forgotten holocaust of World War II. New York : Penguin Books

GMH (2013). ¡BASTA YA! Memorias de Guerra y Dignidad. Informe General del Grupo de Memoria Histórica. Bogotá, Imprenta Nacional

GMH (2011). Mujeres y Guerra. Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano. Bogotá: Taurus - Pensamiento

Laverde Palma, Juan David (2019). “Relato de un crimen del que nadie habla: el aborto forzado en las Farc”. El Espectador, Oct 6

Moon, Katharine (1997). Sex among allies. Military prostitution in U.S. – Korea Relations. New York: Columbia University Press

Morillot, Juliette (2001). Les orchidées rouges de Shanghai. Les Presses de la Cité

Ramírez, María Clemencia (2012) Coord. El Placer. Mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo. Informe del Centro de Memoria Histórica. Versión Digital

Rubio, Mauricio (2013). "Casas de consuelo y fuentes de soda". El Malpensante, Nº 147, Nov

______________(2013). "Las violaciones como arma de guerra". El Espectador, Nov 14

______________ (2018). "Nadia Murad y la Rosa Blanca". El Espectador, Oct 6


______________ (2019). "Activismo y Memoria Histórica". El Espectador, Mar 7

Constitucionalista imprudente, desmemoriada, falaz

Publicado en El Espectador, Octubre 3 de 2019
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En una entrevista, Catalina Botero, decana de derecho en Uniandes, lanzó una afirmación irresponsable: “Golpe directo al corazón del Estado de derecho”. 

La tragedia anunciada se debe a un proyecto de Alvaro Prada para reformar la constitución. Con una paz esquiva, un levantamiento armado de disidentes que desafían la legitimidad estatal y Gustavo Petro pregonando que “no rechazo el vandalismo de los estudiantes”, un dardo de ese calibre lanzado por una reconocida constitucionalista y educadora  es un vergonzoso desatino. 

Además de exagerada e imprudente, la entrevistada fue olvidadiza: puso el grito en el cielo por una propuesta parlamentaria sometida al trámite previsto en la ley pero silenció su activa participación en el movimiento estudiantil de la séptima papeleta, un jolgorio elitista que hace tres décadas condujo al revolcón del régimen constitucional. 

La Magna Carta del 91 surgió de un plebiscito ilegal adobado con manipulaciones de un presidente negociante, corrupción y amenazas de narcos. Pablo Escobar apoyó la iniciativa y luego presionó con plata, plomo y rehenes al ejecutivo y a varios constituyentes para que aprobaran un articulito que interesaba a los extraditables.

"No conozco ninguna propuesta similar en un régimen democrático" afirmó la experta, sin aclarar que en ninguna democracia consolidada con derecho continental, no common law, existe una instancia judicial tan poderosa y sin controles como la Corte Constitucional (CC) colombiana. Engendrada irregularmente, la CC fue ampliando sus atribuciones hasta convertirse en rueda suelta con prerrogativas no recíprocas sobre todas las altas cortes. Además de legislar en pequeño comité, ordena gasto público y reparte a su antojo derechos fundamentales por conexidad. Con argumentos poco convincentes para no especialistas, Catalina Botero ha sido constante defensora de la tutela contra sentencias, indudable germen de los excesos. 

El inmenso poder de la CC, magnificado por un arbitrario y opaco mecanismo para seleccionar las tutelas que se revisan y definen jurisprudencia, o asignan recursos de manera inapelable, terminó atrayendo corruptos. Tan predecibles depredadores son vistos por la académica no como oportunistas que aprovechan procedimientos desastrosos sino como simples manzanas podridas. “La crisis de credibilidad por la que atraviesa la justicia se debe a escándalos de corrupción como el protagonizado por Jorge Pretelt”. Evita cualquier crítica a la informalidad que facilita abusos y componendas. Tampoco la desvela la asfixia que la justicia constitucional impone sobre las demás jurisdicciones. Para ella, las “barreras de acceso a la justicia, la congestión judicial y falta de eficiencia, eficacia y transparencia” -todo lo que pretendía corregir la tutela- son “problemas estructurales” exógenos que perduran, como a la espera de alguna idea genial del “Legal Lab Design” de Stanford University. Entretanto, que nadie se atreva a tocar el Opus 91 porque se derrumba el Estado de derecho recién revitalizado con aportes de las Farc. 

Con la entrevista aprendemos que “reformas buenas son aquellas que permiten gobernar a las mayorías mientras protegen los derechos de la minoría”. La propuesta de Prada no pasa ese simple e infalible test y por eso implica un peligro que justifica prender alarmas sin engorrosos debates.

“No opino sobre un fenómeno que no entiendo. Y si quiero opinar, estudio” trinó hace poco la decana defendiendo la JEP. Le faltan lecturas sobre la falacia de la “pendiente resbaladiza” a la que recurre sin agüero. Cual cura advirtiendo que pequeños deslices terminarán llevando a la condena eterna, para convencer de la catástrofe provocada por Prada, la jurista pedagoga imagina escenarios tan absurdos que parecen mamadera de gallo. 

“Si una mayoría de ciudadanos quiere imponerle a todo el país una religión, la minoría podría resistirse a esa propuesta amparada en las normas constitucionales y la Corte tendría que protegerla. Lo que dice el proyecto es que esta decisión de la Corte podría ser sometida a referendo ante la misma mayoría que quiere acabar con la libertad de cultos. Las minorías no tendrían refugio”. Otra perla: “si un día las mayorías creen que es legítimo torturar a quien piensa distinto, sus representantes en el Congreso podrían adoptar una ley que lo autorice; y, luego anular, vía referendo, la sentencia de la Corte que tumbe esa ley”. 

Así, el nuevo derecho no solo erradicó torturadores populistas sino que impide el reclutamiento forzado para una secta mariana. La amenaza de vinculación fariana ya quedó constitucionalmente conjurada.

En tan sofisticada disertación no podía faltar Hitler. “El ejemplo más importante que dio origen al poder contramayoritario de las cortes en el mundo es el nazismo: una mayoría aria suprimió todos los derechos de la minoría judía”. Aunque pacifista convencida, Botero no alcanza a sugerir que con el Führer y sus SS se ha debido utilizar justicia restaurativa. 

Siempre estaremos en deuda con César Gaviria y su kinder por legarnos una Corte infalible a un costo irrisorio, siempre aplaudida por un constitucionalismo de vanguardia, didáctico y abierto al diálogo sin demagogia. 

REFERENCIAS

Botero, Catalina (2007). “La acción de tutela contra providencias judiciales”. En Cepeda et.al. (2007) pp.191-291

Botero, Catalina (2017). “Los riesgos de crear una única corte de justicia”. Ámbito Jurídico, Abril 5


Burgess J A  (1993).  “The great slippery-slope argument”. Journal of medical ethics ; 19: 169-174

Cepeda, Manuel José, Eduardo Monetalegre y Alexei Julio (2007). Teoría Constitucional y Políticas Públicas. Bases críticas para una discusión. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Escobar, Marina y Catalina Guzmán (2010). El Otro Pablo. Publicaciones Semana

Gómez Roldán, Andrés (2011). “El movimiento de la séptima papeleta frente al referendo”   Papel Político, vol. 16, núm. 2, julio-diciembre,  pp. 365-380

Orozco Tascón, Cecilia (2019). “Golpe directo al corazón del Estado de derecho”: Entrevista a Catalina Botero.  El Espectador, Sep 28

Ramírez Carrero, Judith Lucía y Julián Eduardo Prada Uribe (2016). “Las representaciones del movimiento estudiantil de la séptima papeleta en la caricatura política colombiana”. Reflexión Política, Año 18, Nº 35 Junio

Rubio, Mauricio (2011) "Entre la informalidad y el formalismo. La acción de tutela en Colombia," Documentos de Trabajo UEC 009619, Universidad Externado de Colombia. Versión digital

_______________ (2013) “La tutela: el Woodstock de la justicia”. El Espectador, Feb 21

_______________ (2015). “Del constitucionalismo arrogante a la corrupción”. El Espectador, Marzo 19 

_______________ (2018) “Estragos de la tutela contra sentencias”. El Espectador, Sep 27 

_______________ (2019). "Fotonovela de la justicia". El Espectador, Mayo 23