Publicado en El Espectador, noviembre 27 de 2025
En la última entrevista de Daniel Coronell, Gustavo Petro machacó su esencia bolivariana, diferenciándose del santanderismo. Sobre su discusión con Trump, hizo alusión al período de independencia, cuando “los soldados eran indígenas y negros y, en cambio, los generales eran blancos y tenían esclavos”. Negó tajantemente que el asunto tuviera que ver con su desplante en las calles de Nueva York, invitando a los soldados norteamericanos a rebelarse.
En abril de 1988, cuando Coronell conoció personalmente a Petro, el entonces guerrillero también hizo énfasis en ser convencido bolivariano. Después de denunciar la desaparición de varios compañeros habló de “los contenidos de la lucha de Bolívar… la espada de Bolívar que se concreta no en el pedazo de metal que le pertenece al pueblo sino en una propuesta de paz para el país… una nación del tamaño y los sueños de Bolivar. La espada seguirá en manos del pueblo hasta (alcanzar) los objetivos de justicia social, de paz para todos, de verdadera democracia”.
Poco después de la Toma del Palacio de Justicia, desde las “montañas del Cauca”, Alvaro Fayad Delgado, Comandante General declaraba que su grupo “fue ante la Corte Suprema de Justicia a entablar una demanda armada y a convocar a un juicio público contra el gobierno de Belisario Betancur. Fue, ante el más alto tribunal de justicia, a solicitar un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del Acuerdo de Cese del Fuego y Diálogo Nacional suscrito en agosto de 1984. Fue, ante hombres de honor y leyes, a pedirles asumir conocimiento sobre el cumplimento que hicieran las partes en el desarrollo y ejecución de dicho compromiso, cuyo fin era la paz en su dimensión más pública y humana: la justicia social y la democracia política… Instaurar la demanda, convocar al juicio, eran los objetivos del Operativo Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”.
Difícil concebir un galimatías más incoherente, taimado y demagógico, no para arrepentirse de su crimen sino para iniciar el blanqueo de un ataque demencial, presentándose ante una sociedad más santanderista que bolivariana como herederos del Hombre de la Leyes. Conviene destacar las múltiples diferencias entre seguidores de ambos próceres.
La primera y más obvia es el militarismo. Bolívar pasó buena parte de su vida en campañas militares que dirigió personalmente. “La guerra es mi elemento; los peligros mi gloria” dijo en una carta al General Urdaneta. Santander, abogado de formación, tenía una visión del poder civil y legalista. Aunque participó en la guerra como general, su rol fue más político y como anota David Bushnel, de “administrador minucioso e incansable”
La fijación de este "abanderado consciente del siglo de las luces” por la separación de poderes fue permanente. Por el contrario, mediante el Decreto Orgánico de la Dictadura (27 agostos de 1828), Bolívar se autoproclamó “Presidente-Libertador” con facultades absolutas, suspendió la Constitución de Cúcuta y gobernó por decreto. En particular, el Hombre de las Leyes se preocupó por la independencia de la rama judicial. La Constitución de Cúcuta buscaba una judicatura independiente y un Senado con funciones de control sobre el ejecutivo. Bolívar, admirador de Montesquieu, consideraba que en las nacientes repúblicas, azotadas por guerras civiles y caudillismo, era indispensable un poder ejecutivo fuerte y centralizado. Una judicatura demasiado autónoma podría convertirse en obstáculo para gobernar.
Un aspecto curioso del M-19, izquierda bolivariana, es que “los colombianos adheridos al Partido Conservador han valorado más a Bolivar y perceptiblemente menos a Santander que los adheridos al Partido Liberal”. Un célebre vocero de esta posición fue Laureano Gómez, para quien “Santander había sido un mentecato, desmedidamente ambicioso de poder y de lucro, enemigo de la fe cristiana, y cuanta cosa mas le sugería su fertilísimo ingenio de polemista”.
Consecuencia nefasta del excesivo militarismo bolivariano es el reclutamiento de menores de edad. El 28 de julio de 1819, Bolívar proclamó la ley marcial. Desde el primer artículo se estableció que deben alistarse “todos los hombres desde la edad de 15 años”. Pero eso no impedía que se reclutaran menores, hasta de 6 años. Un historiador anota que “la participación de los menores de edad fue constante, vinculándose al ejército a edades tempranas”. Con una muestra de 134 registros calcula que el 42% estaban entre los 6 y 15, superior al 36% de la “minoría civil”, entre 15 y 21, que aún no podían votar.
Bolivarianos intensos, los muchachos del M-19 han sido prolíficos recurriendo a dicha práctica. Nada más revelador de su indiferencia a esa lacra fue el soberbio “soy comandante y sé de la guerra” de Gustavo Petro como réplica a las críticas por el bombardeo en Guaviare con víctimas menores de edad. Además, con puntillazos de juristas, el santanderismo se fortaleció.