Publicado en El Espectador, septiembre 17 de 2026
“Los mitos son, por un lado, avasalladores; por otro, son incomprensibles” anota Alma Guillermoprieto. En Colombia, una de esas fábulas es que para alcanzar la paz no basta con que las partes en conflicto depongan las armas. Debe haber profundas transformaciones sociales, económicas, políticas, regionales, ampliación de una amplia gama de derechos, reducción de desigualdades, eliminar la exclusión y un largo etcétera.
Una expresión de ese ambicioso proyecto es la de plasmar todos esas condiciones para superar la violencia en una nueva constitución. Es común la opinión que la de 1991 era un acuerdo de paz pero jamás pensé que así pensara “la mente jurídica más lúcida que tiene el país”, como presenta Juan Manuel Santos a Rodrigo Uprimny, fundador y por varios años director de Dejusticia, influyente centro de pensamiento. Su idea de la Constitución-Acuerdo de Paz, la expone en un escrito a raíz de los 25 años de la nueva Carta Magna. Por haber ocurrido tras la reinserción del M-19 y el EPL, para Uprimny, esa norma de normas “fue por ello pensada como un tratado de paz entre los colombianos. Por ello incorporó a la paz como un derecho y deber de obligatorio cumplimiento”.
Sin embargo, “no sólo no alcanzamos la paz, sino que el conflicto armado persistió e incluso creció en intensidad en ciertos años”. A pesar de esa flagrante incoherencia -más derechos, mayor inclusión pero más violencia- la fórmula le parece digna de otra oportunidad. “Hoy tenemos la gran oportunidad de eliminar esa cruel paradoja. El acuerdo de paz con las Farc es imperfecto, pero es razonable y realista y puede encaminarnos a la superación del conflicto armado”.
La bien machacada y precaria teoría de las “causas objetivas” de la violencia había sido impulsada, otra vez, por quienes menos la ilustraron en el conflicto colombiano: los traviesos insurgentes urbanos, educados y burgueses del M-19. A principios de 1989 cuando esta guerrilla se preparaba para firmar un acuerdo de paz con el gobierno Barco decía estar representando a todos los grupos de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), algo que desvirtuaba el resto de integrantes del grupo. Aún así, el M-19 insistió para invitar al conjunto de la CGSB a sumarse a los diálogos. Para eso, promovía la idea de “una nueva Constitución que exprese en sus contenidos, sus formas y sus procedimientos, un auténtico Tratado de Paz”. Así, a la explicación del movimiento estudiantil de la séptima papeleta le surge una teoría rival sobre la autoría intelectual de la Constituyente de 1991: el Sancocho Nacional. Para el diálogo eterno con visos de incoherencia Alma Guillermoprieto propone una explicación. “Como la realidad de América Latina es profundamente insatisfactoria para la mayoría de sus habitantes, la necesidad de una respuesta profunda generó en algún momento este fervor revolucionario que, como todas las soluciones basadas en utopías, fracasan, porque buscan la perfección”.
La comparación que Uprimny hace explícita entre la Constitución del 91 con la primera parte de un Tratado de Paz que culminaría con el proceso santista, también sucedido con un recrudecimiento de la violencia, la hizo en plena campaña a favor del plebiscito; buscaba tranquilizar eventuales votantes a favor del Acuerdo. “Esta paz negociada se lograría además sin rupturas institucionales pues los mecanismos previstos para refrendar, incorporar jurídicamente e implementar el acuerdo de paz son nuevos”.
La supuesta continuidad institucional que en realidad fue un colosal quiebre con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es más grave que un simple descuido. Puesto que antes del plebiscito, bastante más que la influencia de la Iglesia o la “ideología de género”, la JEP acaparó el debate público, buena parte de la ciudadanía debió pensar que el No al plebiscito tenía que ver con ese esperpento judicial. La respuesta podría ser mucho más simple: la mayoría de votantes, tanto por el Sí como por el No, votó sin tener una idea clara sobre lo que estaba en juego. La respuesta comodín que votar por el No significaba preferir la guerra es tan absurda que no merece comentario.
Aunque la pregunta era muy simple -¿Apoya el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?- en ese momento lo pactado estaba plasmado en un mamotreto de 297 páginas más denso que una lectura de posgrado en derecho y en el cual, aún leyéndolo con detenimiento, era literalmente imposible responder la pregunta escueta que a todo el mundo, y en especial a las víctimas, inquietaba: ¿quedarán impunes los crímenes atroces de las FARC?