En una ceremonia memorable, la JEP anunció una orden de captura contra El Paisa. Todo fue acartonado y postizo: escenario, fotos, declaraciones, lectura de la providencia.
Con un pronunciamiento que pasará a la historia del derecho probatorio, se informó que faltaba “la contribución de la verdad y reparación, pues no compareció a los múltiples llamados de la jurisdicción”.
El conocimiento y la experiencia vienen normalmente respaldados por una actitud serena. La novatada, que exige disimulo, abunda en arandelas, solemnidad y soberbia, manifiestas en el evento. Como dirigiéndose a un auditorio estudiantil, evidenciando su inseguridad, una novel togada aclaró que el fugitivo no atañe a la justicia ordinaria pues la JEP es su juez natural.
Convendría superar el debate sobre la ideología de quienes integran esta instancia y centrarse en lo más elemental: su idoneidad para investigar y juzgar delincuentes de cualquier orientación política, labor que exige conocimiento y destrezas que normalmente se adquieren con formación especializada y experiencia en el terreno. La JEP, con perfil académico burocrático, parecería incapaz de armar expedientes penales sólidos. La lentitud e inacción no siempre surgen de sesgo politico o corrupción, puede ser de algo tan simple como no saber qué hacer. El encarte ha sido palpable con El Paisa y Santrich. Mejor ni pensar en las dificultades con crímenes atroces lejanos, sin testigos, pruebas irrecuperables y mucha especulación.
Inspirada en la justicia restaurativa, la JEP tal vez esperaba audiencias en las que victimarios arrepentidos hacen revelaciones cruciales. Sin embargo, esto podría ocurrir en otros escenarios. Es falaz sugerir que testimonios inculpatorios, como el de Hernán Gómez Naranjo sobre los falsos positivos, requerían una nueva instancia judicial. La justicia ordinaria, incluso los medios, también pueden fungir de confesores cuando conceden recompensas. El desafío son los criminales retrecheros, que exigen embadurnarse con minucia probatoria, ajena a la JEP. Tener insumos de una justicia penal eficaz que la apoye le será fundamental.
Las dificultades con El Paisa ilustran las limitaciones de diseños grandiosos, elaborados por eminencias toderas, al estrellarse con la realidad. La deficiente concepción de la JEP ha quedado al desnudo con la vaguedad de sus funciones y una parafernalia de eventos insólitos: escogencia de magistrados por un quinteto internacional de burócratas que inicialmente incluía al papa Francisco, “amplias facultades” para autorregularse, escándalos de corrupción antes de operar, súbitas renuncias y casos irresolubles que presentará un folclórico “Comité de Presos por la Verdad de Colombia”.
Cándidamente, la JEP preveía que “las víctimas y los criminales se reintegren a sus comunidades, se reconcilien y restauren la confianza entre ellos” pero le tocó lidiar con un curtido violador asesino alérgico a las personas afectadas por sus crímenes. Tratándose de un reincidente acusado de ataques sexuales en serie, las mujeres violentadas de la Rosa Blanca están bien lejos de querer restaurar vínculos él. Piden algo escueto, universal y milenario: un castigo. “Da rabia e impotencia, mal genio, ver que el gobierno va a apoyar a una persona que le ha hecho tanto daño a muchísimas niñas. ¿Y no va a pasar ni siquiera una hora en la cárcel? Es injusto” sostiene una de ellas. Qué infamia sugerir que buscan protagonismo político.
La JEP privilegia el colectivismo y la identidad grupal que, encima de un revoltijo de conductas punibles, van en contra de la responsabilidad individual de los criminales o la tipificación rigurosa de delitos intrínsecas al derecho penal y la criminología. Sin referentes conceptuales, lograr un balance entre estos enfoques será difícil.
No habría motivo de preocupación si, para reconstruir la memoria del conflicto, este engendro judicial-sociológico-histórico-humanitario utilizara recursos académicos y asistentes con más vocación que pretensiones pecuniarias. Lo que aterra es que esta magistratura definirá sanciones alternativas y, encima, podrá ordenar gasto, con injerencia sobre recursos de los sistemas de seguridad y justicia estatales. En el show del Paisa, una enfática magistrada ordena a la Policía Nacional que, ¡abracadabra!, lo capture y lo traiga. Sería lamentable que se vuelvan rutinarias esas instrucciones tajantes de quienes, cual Corte Constitucional, no saben cómo se ejecutan, ni definen prioridades, ni reparan en costos.
Contra este prófugo existen 128 procesos por desplazamiento forzado, abuso sexual, terrorismo, secuestro y homicidio. Es inevitable inquietarse por los policías y operadores judiciales que se invirtieron y arriesgaron en ese voluminoso prontuario, tuvieron que abandonarlo y ahora reciben desde un olimpo capitalino mandatos de personas ajenas a la rama, que ojalá dejen de darlas con tanta publicidad, solemnidad y arrogancia. Sería un suicidio institucional que, como pregonan sus hinchas más irresponsables, la JEP pretendiera sustituír, o menospreciara, la justicia penal en lugar de complementarla. La modestia y conciencia de sus propias limitaciones serán fundamentales para lograr actuaciones coordinadas con la jurisdicción ordinaria, la tradicionalmente ineficaz, la que requiere fortalecimiento, la que no aguanta otro puntillazo por una utopía.
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Rueda, María Isabel (2019) “¿Se repetirá pelea Corte vs. Presidente que hubo en el gobierno Uribe?” Entrevista al exmagistrado Nilson Pinilla. El Tiempo, Marzo 26
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