Abad Faciolince, Héctor (2016). "Haz lo que te dé la gana": El Espectador, Julio 2
Molano Bravo, Alfredo (2016). "Reconocer la vereda". El Espectador, Julio 2
La corrupción sexual es particularmente eficaz con militares y policías, en la guerra o en la paz.
Hace años estuve en un seminario internacional de criminología en París. Aunque organizado por una entidad académica, la asistencia de civiles era bastante inferior a la de coroneles y generales de policía. Fue interesante aprender sobre políticas de seguridad, pero la gran lección la recibí al final del evento, en la visita a un "château" campestre. El viaje de ida -más de una hora- fue a la colombiana: los buses que nos llevaban iban por la autopista en contravía, escoltados por gendarmes en moto.
Ya en el castillo, me sorprendieron los jardines, demasidado arreglados para un sitio no abierto al público. Tras el discurso de bienvenida y un refrigerio en el gran patio, se abrieron las puertas de caballerizas, establos y graneros, también impecablemente mantenidos. Quedaron expuestos juguetes varios para reprimir revueltas urbanas, desde cascos y escudos hasta tanques y helicópteros con cámaras de alta resolución.
Después del almuerzo visitamos el interior del lujoso palacete que no era residencia familiar ni museo. En una habitación magníficamente decorada, con enorme cama doble, sofá, escritorio, baño de mármol y hasta flores le murmuré a mi esposa: “ya entiendo, aquí cierran los negocios”. El regreso a París fue menos pomposo, por la calzada que tocaba y sin una parte de los asistentes. Los generales interesados en la sesión más importante del seminario tal vez pasaron la noche en el chateau, atendidos por relacionistas públicas de los fabricantes de armas.
En una escena del “Patrón del Mal”, Pablo Escobar discute con Jairo Ortega la fiesta que piensa ofrecerle a Luis Carlos Galán, justo antes de que los expulse del Nuevo Liberalismo; con evidente torpeza, le pide que averigüe con los escoltas “si a él le gustan las niñas”. Los del Cartel de Cali sí tenían esas habilidades, gracias a Alberto Giraldo, su embajador ante los políticos. Los pormenores de cómo, desde 1979, los Rodríguez Orejuela y sus socios “participaron financieramente en las elecciones presidenciales” están relatados en las memorias del periodista, donde aparecen sorpresas, como la ayuda al M-19 para la constituyente del 91, tan celebrada en estos días. Es una lástima que el intermediario clave de los arreglos que llevaron al proceso 8.000 no mencione su estrecha relación con Madame Rochy, agente de prepagos con la que organizaba eventos financiados por los capos caleños para, según ella, “pagarles favores y vueltas a los políticos, congresistas, militares y abogados”.
Una velada memorable tuvo lugar en un restaurante capitalino con “generales y altos mandos del Ejército, la Aviación y la Policía”. Madame Rochy llevó varias pupilas y, para animar el ambiente después de la cena, Giraldo salió a bailar: “levantando con toda confianza a los generales a quienes les indicaba la chica que tenían como pareja”. No contento con un ¡eh, eh, ehpa! tradicional, el anfitrión “dio la orden de que todos se tenían que empelotar e inició la faena él mismo hasta quedar en medias y calzoncillos”; después, “con las chicas también semidesnudas, comenzó a bolear gorras de lado a lado, algunas recogidas del piso por mis niñas quienes pasaron de un momento a otro a ser generalas”. Sólo uno de los asistentes se negó a quitarse los pantalones y permaneció al lado de la Madame: “ayúdeme, yo no quiero hacer esto, no me gusta. Yo bailo con usted”. Toda la noche, “me tomó del brazo y no me soltaba”.
Hacer bailar sin ropa a unos generales es una hazaña que no se logra con simple don de gentes. Pero tampoco tienen que estar todos involucrados en algún entuerto: bastan unos pocos untados en la cúpula para motivar a los demás. De esa reunión seguramente quedaron imágenes comprometedoras, “priceless” para forjar nuevas alianzas. El cohibido militar que no disfrutó el ágape fue tal vez el único blindado contra los oferentes, los hermanos Rodríguez Orejuela. Por desafiar el espíritu de cuerpo, no lo habrán invitado a más parrandas, ni a encuentros íntimos, en algún hotel de lujo o una hacienda elegante como un chateau, con discípulas de Madame Rochy, no para comprar artefactos bélicos, sino para algo tan simple y discreto como “laisser faire”. Atenciones así, siempre apreciadas, son relativamente baratas, y no requieren cuentas en paraísos fiscales; además, no dejan traza: las únicas huellas que los generales trataron de borrar después del agasajo fueron las de colorete en sus camisas. Si unos fiscales hubieran pillado in fraganti a Giraldo con sus invitados, sólo habrían podido reprocharles el ruido a la madrugada, como hizo varias veces el administrador del restaurante.
Los favores sexuales son la forma más antigua, universal y eficaz de corrupción. En Colombia abundan unos y otra, pero no preocupan las eventuales conexiones.
Una persona casada que mantiene una relación paralela estable es por definición deshonesta. Quien les hace trampa -afectiva y económica- a sus seres queridos, tranquilamente podrá defraudar a otros, con mayor razón a un bolsillo sin fondo, ni doliente. Los cónyuges con sucursal son potencialmente corruptos, además de vulnerables al chantaje. La causalidad puede ser al revés: funcionarios marrulleros tendrán una o varias amantes, según su poder.
En la China se han constatado los lazos entre saqueos al fisco y relaciones extra maritales. En una muestra de funcionarios corruptos sancionados, casi la totalidad habían engañado a su esposa, y tres de cada cinco mantenían una amante. Para Ming Li, ejecutiva de una empresa especializada en salvar matrimonios, la lógica es simple: “cuando el hombre tiene mucho dinero siempre busca una amante”. Además, “muchas chicas quieren ser amantes para tener dinero. Es un camino más fácil que trabajar con esfuerzo”.
La cúpula burocrática colombiana, menos estable que la china, no debe poder sostener varios hogares simultáneamente. Si acaso, deslices esporádicos o prepagos en los viajes. La excepción serían los congresistas, cuyas sucesivas reelecciones con escandaloso salario, gastos de representación, nómina personal, residencia simultánea en Bogotá y su lugar de origen, más la eventual mermelada, sí les permiten amantes permanentes en simultánea con su vida de honorables padres de familia y de la patria. No es casualidad que una prepago señale en sus confesiones que entre sus asiduos hay congresistas con quienes trabajó como asistente. Por fortuna para ellos, en el país más feliz y despreocupado del mundo, todavía se considera inadecuado fisgonear la intimidad, así afecte el erario. Nunca se sabrá cuántos contratos municipales o puestos departamentales retribuyen servicios sexuales, o verdadero amor de encantadoras sobrinas.
La corrupción impulsada con prostitución puede ser más onerosa para el contribuyente que la de concubinas, cuyo costo se reduce a mantener otra familia, sin intermediarios. Con prepagos, hay sobornadores, agentes, sobornados, y mayores recursos en juego. La mecánica, alcances y cuentas de la Comunidad del Anillo siguen siendo un misterio, pero permiten imaginar variantes del esquema, en el Congreso y otras dependencias gubernamentales.
No tengo fuentes infiltradas en el poder, pero algunas anécdotas de gente cercana me permiten sospechar que atender políticos, funcionarios, jueces y empresarios con encantos femeninos es una práctica usual en el país. El ex director de una agencia estatal con enorme presupuesto cuenta que, hace unas décadas, en sus visitas a oficinas regionales, era común que lo recibiera el cacique local, eventual socio de contratistas de la entidad, con bellas jóvenes puestas a su disposición. Las evitaba no sólo por respeto a su familia sino para no verse envuelto en componendas. Otro antiguo tecnócrata asistió a una fiesta en la que el presidente, la plana mayor del gabinete, magistrados y empresarios contaban con dos prepagos cada uno, suministradas por el director regional de fiscalías, conocedor del “milieu”. Después de la francachela que él, por honesto, no disfrutó completa, los políticos que antes no lo determinaban, lo saludaban con una palmada cómplice en el hombro, una especie de “bienvenido a la pandilla”. Tales rituales de iniciación nunca favorecen la transparencia administrativa. Una funcionaria distrital, la persona más versada en prostitución que he conocido, casada con abogado, hablaba de un burdel especializado en magistrados. Su esposo anotaba que, en instancias superiores, la forma segura de ganar un pleito era empujar el fallo con mujeres.
Estos intercambios han sido eludidos en los debates sobre corrupción y prostitución, deformada por el drama y el victimismo: se ha ignorado el sexo pago voluntario de alto standing, el de acompañantes educadas, capaces de masajear y aceitar negocios, privados o públicos. Las herramientas persuasivas que legó el narcotráfico no son dos sino tres: plomo, plata o jovencitas.
Sobre las prepagos en el medio estudiantil el manto de silencio es total. He tenido interesantes controversias por opinar que las universidades deberían tomar cartas en el asunto, pues en el campus empieza el entrenamiento para seductoras corruptelas; sobre eso también hay testimonios. El mercado del sexo es complejísimo, cada vez más deformado, opaco, plagado de dilemas, y de vínculos no siempre evidentes con el bajo mundo. Por algo siempre ha tenido, y requiere, regulación. No soy prohibicionista ni abolicionista; pregono y he documentado la libertad de elegir en esa actividad, pero no endoso el total “laissez faire”, y menos la falta de información, sobre todo cuando puede prostituir la función pública.
Carolina Sabino hizo evidente que el único acuerdo posible entre los bandos irreconciliables ante el aborto es eliminar la amenaza de cárcel.
Así ocurrió en Portugal, país religioso, donde se aprobó la despenalización por referendo, derogando una legislación represiva. Vigente desde 1984, la ley se basaba en el sistema de excepciones, similar al colombiano y al español hasta 2010, pero aplicado de manera estricta, con certificados médicos severos y sin flexibilizar la causal de salud mental, como se hizo en España y algunas activistas proponen para Colombia.
A principios de 2002, en Maia, 43 personas fueron judicializadas por aborto. Sólo dos mujeres confesaron: una, madre soltera y desempleada, recibió una pena de cuatro meses y para la otra el caso prescribió. Dos años después, en Aveiro, hubo un proceso contra siete mujeres y sus “cómplices”, todos de escasos recursos económicos. Fueron absueltos, pero en segunda instancia tres de ellas resultaron condenadas.
El juicio de Aveiro encendió el debate. Una solicitud con 121 mil firmas fue presentada al Parlamento para convocar un referendo a favor del sistema de plazos, que permite a la mujer decidir dentro de un límite de tiempo. Por primera vez, miembros del partido conservador aceptaron suavizar la ley vigente. El obispo de Oporto declaró que criminalizar el aborto no era una solución. Los sondeos indicaban que cerca del 80% de la gente apoyaba la despenalización. En Colombia, tras el incidente Sabino, la proporción debió ser similar, pero nadie se interesó en medirla, ni usarla como herramienta política.
En 2005, con la victoria socialista, el primer ministro Jose Socrates prometió someter a referendo el sistema de plazos. El parlamento aprobó la decisión. El veredicto de segunda instancia del proceso de Alveiro fue crucial en la discusión. Los sectores pro aborto (comunistas, sindicatos, feministas) le pidieron al parlamento legislar sin someterse al escrutinio popular. En Febrero de 2007, con 60% de los votos, los portugueses aprobaron por referendo la despenalización. El parlamento no estaba obligado a legislar, pero lo hizo y ratificó la voluntad popular. El Tribunal Constitucional confirmó la decisión y la ley entró en vigor en Julio del mismo año.
La pregunta del referendo portugués fue simple: “¿está de acuerdo con la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, si se realiza, por opción de la mujer, en las diez primeras semanas, en una instalación sanitaria legalmente autorizada?". Después de un debate político centrado en el absurdo de perseguir judicialmente, y amenazar con cárcel, a las mujeres que abortan, apoyar algo así requiere simplemente realismo y compasión.
Para ganar un referendo sobre algo tan controvertido es indispensable centrarse en lo que genera acuerdo, no en lo que divide. Aporta poco repetir que abortar es un derecho fundamental, ignorar varias semanas del nasciturus, insistir que es parte desechable del cuerpo femenino o especular sobre el momento que empieza la vida. En esos asuntos jamás habrá acuerdo. Las discusiones encarnizadas o afirmaciones irresponsables como “yo también defiendo la vida, pero no cualquier vida”, agravan la polarización y el rechazo. Tampoco ayuda inflar la incidencia, desconocer la realidad del aborto farmacológico casero -que debilita el argumento de salud pública- o proponer un plazo de 24 semanas, atípico en el mundo. Las colombianas judicializadas por aborto deberían jugar el papel central en la lucha por despenalizar. Es en esas historias donde cualquiera, sin discusiones bizantinas, capta la injusticia de la criminalización.
Nunca entendí por qué la sentencia C-355, que mantiene la prohibición para prácticamente la totalidad de los casos reales de aborto, se presenta como un cambio significativo. Dejé de sentirme despistado y aguafiestas al releer una columna de Carolina Sanín sobre esa “equívoca concesión”, escrita cuando la caverna intentó tumbarla: “el principio mismo de “casos de excepción”, me parece inconducente a un reconocimiento de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres… La mujer sigue sin tener el derecho de elegir, y la potestad pasa de manos del legislador a las del médico”.
La absurda cifra de 400 mil abortos clandestinos anuales –incoherente con la pretensión de que ya no es delito- sólo ha servido para que la oposición declare luto por “la muerte de más de 4 millones de colombianos que hubieran podido nacer”. El misterio de partidarios de legalizar el aborto festejando que siga prohibido es tan inexpugnable como el desacierto político de ignorar la “resistencia civil” espontánea que impidió una judicialización. La beneficiaria de esa despenalización, informal pero contundente, critica a la Fiscalía por aprovechar “una historia tan personal para violentar mi integridad como mujer”. ¿Cómo no se le saca partido a ese Sabinazo, ni a la reversa en la investigación, con disculpas de los sabuesos, pero sí se celebra el décimo aniversario de una jurisprudencia tibia, timorata y tan conservadora como la ley que cayó por referendo en Portugal?