Mafias, justicia y JEP

Publicado en El Espectador, Octubre 31 de 2019
Columna después de las gráficas

La justicia colombiana presenta crecientes desbarajustes, operativos y conceptuales, que serán capitalizados por distintas mafias, incluyendo militares torcidos.  

Durante años, siglos, en España y América Latina, los litigios han sido lentos y congestionan los juzgados. Salvo para asuntos penales, en el trajín económico ese obstáculo ha podido superarse dejando de hacer negocios con quien incumple y, si acaso, recurriendo a variantes del escrache. La idea de que sin justicia no hay mercados es contraevidente: siempre han existido. 

El bajo mundo colombiano corrobora la redundancia judicial para hacer negocios. Hace unas décadas, el lugar más cómodo para comprar electrodomésticos era San Andresito. Mientras en cualquier comercio formal era difícil que despacharan a domicilio o recibieran cheque, en el centro del contrabando y lavado de dinero ambos servicios eran automáticos: “anote su dirección detrás y allá le llega su TV”. No hacían explícito que al sitio indicado también irían a cobrar un cheque chimbo. Para mafiosos, el sistema judicial no penal es superfluo. Siendo pequeña en número, esta minoría ha tenido un impacto social y económico monumental. 

A partir de 1991, con el progresivo poder de la tutela y la Corte Constitucional para revocar sentencias de otras jurisdicciones y dar órdenes a entes privados, la naturaleza del problema cambió: de la lentitud y pasividad se pasó al activismo judicial. Magistrados y jueces invadieron competencias del legislativo y el ejecutivo. La división de poderes y la misma democracia resultaron averiadas. Como hasta ahora la jurisprudencia ha sido progresista, el establecimiento académico e intelectual aplaude esa injerencia, mientras funge de avestruz con los brotes de corrupción.

En el mundo criminal no se usa la tutela, y no solo por holgura financiera. La anécdota de un amigo médico atendiendo un mafioso en su año rural ilustra por qué:

- Doctor, necesito unos puntos en esta herida 

- Si, es lo que vamos a hacer

- Sin anestesia. ¡Y que no me duela!, le advirtió mostrando su revólver el impaciente 

Al proponer escenarios hipotéticos contra el proyecto de ley sobre referendos contra la jurisprudencia constitucional, Catalina Botero dejó de lado uno bien factible: un lobby de expertos contratados por mafiosos convence, con plata o plomo, a unos cuantos magistrados para que en defensa de sus derechos como minoría, con intereses contrarios a los de las mayorías, legislen en pequeño comité sobre asuntos como extradición, cárceles, investigación criminal o compra y posesión de armas. Podrían flexibilizar ese mercado, con estudios de la National Rifle Association y argumentos como el de la senadora Cabal ante el atraco a un supermercado: “si hubiera porte legal de armas, esto no pasaría”.

Una variante de la célebre frase de Orwell sobre la tendencia a creer las atrocidades del enemigo pero no las del propio bando es pensar que sólo quienes comparten nuestra ideología reformarán instituciones consideradas incorruptibles e inmunes al chantaje pero que en realidad son manipulables. 

Con la JEP, la disfuncionalidad de la justicia alcanza un nuevo zénit. Para las mayorías ciudadanas, en materia criminal, los remedios privados suelen ser más perniciosos que la enfermedad. Para esa peculiar minoría que son las mafias reformas penales a la medida pueden ser extremadamente provechosas. 

El activismo académico ha dado un paso adicional al de la tutela, que asfixió otras jurisdicciones con su prioridad artificial pero no se empeñó en desprestigiarlas. La militancia pro JEP sí es explícitamente antipenalista y hace un daño enorme. En una sociedad violenta, declarar inoficiosa y caduca la sanción penal para en su lugar promover el diálogo entre criminales y víctimas que restaure vínculos sociales y garantice la verdad es un total exabrupto. Ese discurso, imbatible en su candidez, es música celestial a los oídos de curtidos pillos con inmenso poder, que llevan años bien asesorados en asuntos criminales. Pretender que famosos bufetes de abogados penalistas con larga tradición al servicio de las mafias no cooptarán la JEP es candorosamente insensato. 

Para las mayorías no mafiosas, el panorama es preocupante. Con ellas se ensañará una justicia penal impotente ante el crimen organizado. Comparar la suerte de un curtido guerrero, presunto narco, libre gracias a la JEP, con la del padre septuagenario de la Madame cartagenera detenido por proxenetismo no sólo da grima, produce escozor. El peso de la ley recaerá sobre delitos menores, o versátiles crimenes de odio como el de la rectora penalmente sancionada por “inducción al suicidio” de un adolescente gay. 

Tinterillos de cafetín o flamantes constitucionalistas jugosamente remunerados descubrirán conexidades mafiosas con la rebelión, garantía de impunidad. Lo que está llegando a la JEP, con militares condenados por falsos positivos y masacres bien recibidos, es premonitorio. El monstruo diseñado con y para las Farc por voluntaristas e irresponsables muestra sus garras. Hasta Roy Barreras, pazólogo intenso, empieza a angustiarse por sus fallos. 

REFERENCIAS

trino reciente de Mª Fernanda Cabal sobre armas


Bonilla, Alejandra (2019) “La disputa interna de la JEP por el manejo de su presupuesto”. El Espectador. Oct 23

CT (2019). “Coronel Bayron Gabriel Carvajal es aceptado en la JEP”. Colombia en Transición, El Espectador, Oct 22

Donadio, Alberto (2019). “Juan Pablo Liévano”. El Espectador, Oct 20 

Rubio, Mauricio (2015). "Del constitucionalismo arrogante a la corrupción". El Espectador, Marzo 19

______________ (2015). "Democracia y derechos de las minorías". El Espectador, Jul 1