La fracasología local ante la derecha y la corrupción

 Publicado en El Espectador, octubre 8 de 2026

Para muchísimas personas, el Gobierno del Cambio fue un cuatrienio angustioso, impredecible, ineficaz, corrupto y pendenciero. Encima, su adalid casi se atornilla al poder asociado con un sombrío personaje de formación soviética. El temido escenario lo impidió un candidato visceralmente opuesto a ellos que ganó por una nariz. La izquierda, dividida como siempre y desconcertada como nunca, se debate entre luchas intestinas y qué hacer con el líder. Se indignan ante cualquier decisión de Abelardo de la Espriella quien en todos los tonos y por distintos medios anunció que gobernaría con ideas y prioridades de derecha. ¿Esperaban que lo hiciera como Sergio Fajardo o Justin Trudeau?

El desacuerdo y la crítica a veces terminan en graves acusaciones que deberían denunciarse ante la justicia penal. Se confunde delito con irrespeto de protocolos y se ignoran escalas de gravedad en las transgresiones. Proclamándose abierta, dialogante e incluyente, la izquierda intelectual, obsesionada por monopolizar la narrativa, carece de una actitud democrática básica: aceptar derrotas electorales y alternancia en el poder. Peor aún, busca acallar y estigmatizar las ideas que no comparte. Es común el convencimiento que los problemas surgieron tan lejos como sea posible. En Colombia 2026, por supuesto, los líos no vienen del gobierno inmediatamente anterior, que sí los recibió de sus antecesores. 

La historiadora María Elvira Roca Barea propone el término fracasología para “la acomodación de ideas negativas y catastróficas” de las élites intelectuales. Una consecuencia es la falta de compromiso positivo: la misión es criticar, destacar el descontento, pero rara vez proponer algo distinto de sueños frustrados, deseos, ensayos y, si acaso, leyes en el papel. En España, Roca Barea atribuye esta visión al afrancesamiento de quienes utilizaron la “autodenigración como signo de superioridad intelectual y como una forma de eludir sus responsabilidades”. En América Latina, tras la Independencia, Francia ocupó buena parte del espacio cultural. En la Nueva Granada se configuró una oposición entre sectores próximos a la tradición hispánica católica y los que admiraban la cultura francesa, el liberalismo, el republicanismo y los cambios revolucionarios. Esta influencia se dio en varios ámbitos: política, costumbres, moda, literatura… y además en educación. Primero, por la presencia de congregaciones y docentes franceses, cuyos colegios formaron a futuros ingenieros, médicos, abogados, comerciantes, militares y eclesiásticos. En el siglo XX, el legado francés en la mentalidad de la élite universitaria se transmitió con la Universidad Nacional incluso en áreas científicas como la medicina. En derecho la influencia fue contundente: el Code Civil napoleónico. 

Hace varias décadas que en Colombia se puede hablar de una élite europeizada por la influencia de pensadores alemanes y españoles sobre el derecho y la jurisprudencia. Casi simultáneamente, la economía “neoliberal” llegó al país por universidades anglosajonas. Así se entiende mejor la “doble personalidad” de la Constitución del 91 con juristas que destronaron el sistema civilista.  

La mirada centrada en Europa continental en detrimento de los EEUU puede ser delirante. Un ex ministro petrista, el más culto de los muchos gabinetes, sentenció, refiriéndose a las últimas presidenciales: “perdimos porque los tecnofascistas metieron la mano en las elecciones colombianas, bolivianas, ecuatorianas, chilenas, argentinas. Las quieren meter en Brasil, México, El Salvador, Honduras”. 

La fracasología afecta la corrupción por vías complejas y contradictorias. Para evadir responsabilidades, el pesimismo da un volantín y la lacra se le atribuye al adversario. Lo insólito es que una de las instituciones que la izquierda considera más inoperante, la justicia penal, es lo único que disuade e incapacita malhechores. Que evite la reincidencia es otra cosa; por algo el destierro o deportación fue usual contra los corruptos en varios lugares: Imperio Otomano, Antigua Roma, Atenas, Francia, Portugal y España a las colonias… entre muchos otros. El texto clásico sobre inutilidad de las penas, Vigilar y Castigar, de Michel Foucault es la referencia más citada por el afrancesado establecimiento de izquierda. Allí se confirma que el destierro fue una pena corriente del llamado Antiguo Régimen, traducción del muy francés Ancien Régime. Foucault no se interesó por la corrupción que, como delito ligado a la propiedad y el beneficio, se toleraba. A pesar de este ilustre Professeur eso debe cambiar si se busca combatirla en serio. Podría ser útil aprender de instituciones españolas que superaron la fracasología para lograr resultados impresionantes contra estas nuevas venas rotas que a veces terminan en autoexilio, desde un ex insurgente hasta un Rey Emérito. 

Esta semana se anunció un bloque anticorrupción que adolece un exceso de entidades dependientes de los políticos. En España se fortalecieron las técnicas forenses, que no siempre se asocian con cadáveres y muerte sino con la capacidad de recoger pruebas sólidas. Los conocedores anotan que actualmente en el país esa responsabilidad “se diluye entre la Policía Nacional y el CTI”. 

Paz, perdón ante las víctimas y JEP

 Publicado en El Espectador, octubre 1 de 2026

Una década después de creada la JEP, por fin suscita un debate franco e informado. El alto presupuesto con pocas sentencias recibió tardíamente la atención requerida. El simple intento de escarbar las cuentas llevó a la advertencia que Colombia dejaba de ser un Estado de Derecho. Los descaches penales se destaparon: han resultado inaceptables para una alta proporción de víctimas. “La pregunta jurídica permanece intacta. ¿Existe proporcionalidad entre la gravedad del crimen y la consecuencia que recibe quien lo cometió?”.

Una parte poco analizada es si la JEP realmente imparte justicia restaurativa que facilite verdad, perdón y reparación a las víctimas. De manera desprevenida, Pastor Alape, ex comandante del Secretariado, relata una anécdota ocurrida antes de su viaje a La Habana que ilustra las limitaciones del arreglo. Encargado de pedirle perdón a las víctimas de una de las peores masacres del conflicto, el 7 de diciembre de 2015 leyó un texto corto dirigido por las FARC-EP al pueblo de Bojayá.  

Empezó caracterizando la localidad como “semilla de la reconciliación que germinará en la paz de Colombia”. Tras agradecer a los países garantes, la ONU, otras ONGs y la Iglesia Católica anotó que “nos colocamos al frente de todas y todos ustedes, para solicitarles acepten nuestra disposición a rendir tributo y honrar la memoria de las víctimas que ha producido este largo conflicto, al que hemos sido arrastrados por el torbellino de la violencia con actos que no están en el ámbito de nuestra acción… Con ustedes nos sentimos hermanados en los esfuerzos para dejar atrás el conflicto armado”. La evasión de responsabilidades fue nítida, a pesar de los ajustes que tuvo que hacerle Alape al discurso enviado desde La Habana, demasiado exculpatorio.  “Esto yo no lo voy a leer … (imposible) justificar eso… Me reuní con los mandos y les dije: miren lo que nos mandan… Y todos ellos, ¡uy! camarada, donde nosotros digamos eso… la gente se va a emberracar… (tocaba) reconocer que la habíamos embarrado”. Se puso entonces a trabajar la intervención. “¿Cómo ven esta? Me dijeron sí, está bien, pero ojalá la haga más cortita, camarada… Eso es muy largo. Por la mañana (ya estaba) corta pero muy sentida y veo todas esas mujeres… Mi mamá era negra y cuando uno va hablando vienen las figuras y claro, pues mi mamá no enterró muchos de sus hijos asesinados por el paramilitarismo entonces… uno va viviendo eso… ¿y a mi mamá quién le pidió perdón? (Aquí) es también pedirle perdón a mi mamá. Por esta lógica de la violencia … la emoción me dominó”. Básicamente, le preocuparon mucho sus recuerdos familiares y bastante poco las víctimas. 

Poco después del evento, Alfredo Molano Jimeno lo resumió basándose en testimonios de personas presentes. Tras anotar que “a los pobladores de Bojayá les llegó el perdón 13 años después de enterrar sus muertos” destacó el “sentido discurso” de Alape y cómo “dos veces se le quebró la voz”. Añadió que “la honestidad fue la regla de oro y la promesa del nunca más el objetivo”. Después pronosticó que “uno de los testimonios que quedará en la memoria es aquel que reconstruyó la voz de una guerrillera, que después de la masacre, llorando y de rodillas, decía: “Dios, qué hemos hecho””. Lamentablemente las reacciones e impresiones de las víctimas tampoco despertaron su curiosidad.  Se interesó más por el análisis político del ataque y sus secuelas judiciales contra el Estado. 

Meses después Alape retornó a Bojayá con Iván Márquez. Le regalaron al pueblo el Cristo Negro de un artista cubano como símbolo del compromiso de la guerrilla con la reparación de las víctimas. Márquez habló de “sinceridad, arrepentimiento verdadero y reconciliación”. Leyner Palacios, familiar de 38 muertos por la explosión del 2002, líder de víctimas, anotó que “el cristo no llegó por una petición; no consultaron con ninguna de las comunidades si querían ese cristo”. Las personas afectadas consideraban imposible reemplazar con eso al Cristo Mutilado original destrozado. Lo recibieron provisionalmente y lo llevaron a una pequeña parroquia a 40 minutos en lancha.

Howard Zehr plantea que “la justicia restaurativa requiere, como mínimo, que atendamos los daños y necesidades de las víctimas, que instemos a los ofensores a cumplir con su obligación de reparar esos daños, e incluyamos a víctimas, ofensores y comunidades en este proceso”. Desde sus orígenes la JEP, soberbia y acartonada, trató con mano de seda a los victimarios a costa de las víctimas. En el primer ensayo del peculiar esquema, nadie indagó cómo reaccionaron o se sintieron. En el segundo pretendieron saber lo que necesitaban sin consultarlas. Cuando Iván Márquez se declaró disidente ya le importaba bien poco Bojayá. 

REFERENCIAS

Alsema, Adriaan (2017) “The massacres that have defined Colombia’s armed conflict”. Colombia Reports, Oct 11

EP (2016). “Farc piden perdón por la masacre de Bojayá”, El País, sep 29

Hernández Baca, Andrea (2018). “El cristo negro de Bojayá, a la espera de su reubicación”. El Tiempo, mayo 3

Molano Jimeno, Alfredo (2015). ““Perdón Bojayá”: Farc”, 

El Espectador, diciembre 6

Posada, Maria Clara (2026). “El costo de los vikingos”. El Colombiano, septiembre 29

Rubio, Mauricio (2019). “Solemne novatada de la JEP”. El Espectador, mayo 9, Blog personal

Santos, Juan Manuel (2025). “Comunes: de guerrilla a partido político”. La Historia no Contada del Proceso de Paz, Podcast, T2-EP07

Zehr, Howard (2007) El Pequeño Libro de la Justicia Restaurativa, Good Books, fapromed

El asimétrico y tartufo desasosiego con un vocablo

 Publicado en El Espectador, septiembre 21 de 2026

Se armó tremendo escándalo por la decisión del nuevo gobierno aporofóbico de reemplazar el término “campesino” por otro supuestamente más moderno y sin prejuicios: “pequeños empresarios del campo”. Paradójicamente, la protesta provino de quienes, en diversos frentes, buscan erradicar denominaciones que marquen con etiquetas indelebles. Ignorando sus principios, esta vez no tuvieron reparo en aceptar el sustantivo masculino para representar tanto a hombres como a mujeres. Esa fue la recriminación hecha a la directora del ICBF porque decidió reemplazar los vocablos “niños” y “niñas” por el término neutro “niñez”. Además, esa había sido la propuesta del Ministerio de la Igualdad que nadie rechazó bajo el Gobierno del Cambio. 

En defensa del término, la izquierda condescendiente y reaccionaria adujo razones colectivistas, políticas e ideológicas caducas; sin la menor empatía ni consideración por las personas reales afectadas. La lógica para protestar es falaz: dejar de utilizar el término “campesino” equivaldría a “suponer que no existe, y así borrarlo del mapa”. No tarda en consolidarse otro genocidio. Y a falta de evidencia, tranquilamente se inventa: “la gran mayoría de campesinos probablemente hubiera dicho que se siente cómoda con su denominación”. ¿Por qué aquí la muestra y representatividad son irrelevantes y es inocuo que la mitad femenina de la población rural quede invisibilizada asimilándola al “campesino”?

Después viene la declaración de banalidad personal e individual que conlleva el término frente a un colectivo: “los campesinos organizados han logrado toda una serie de reconocimientos y de derechos claves para su avance social, que están amarrados a esa palabra”. Como lo estuvo el obrero, el capitalista, el especulador y muchos términos usados por quienes homogeneizan lo heterogéneo y lo supeditan al papel de defensor o activista de causas políticas que pueden serle ajenas, o no prioritarias. 

Además de preguntarlo directamente, un criterio adecuado y medible para saber si alguien del campo encuentra satisfactoria su situación es bien simple: observar cómo “vota con los pies”. Quien emigra sin coacción es porque prefiere cambiar su estatus. Los flujos migratorios son reveladores pero están silenciados en este debate amañado; y en ellos se destacan como fundamentales las diferencias hombre mujer. Históricamente, las campesinas fueron las primeras en emanciparse de su entorno, décadas antes de la salida masiva de trabajadores para el sector de la construcción urbana en los años setenta. Entre emigrantes rurales, en 1951 Bogotá ya tenía 30 mil mujeres más que hombres. Abandonaban el campo por falta de oportunidades laborales y llegaban a la ciudad para ocupar posiciones muy precarias, incluso humillantes como el servicio doméstico en una sociedad tan clasista. Así ocurrió no solo en Colombia, sino en cualquier país no sujeto al control dictatorial de movimientos entre regiones. “Porque es desde la ciudad que se identifica a los campesinos a nivel global, sin mucha preocupación por la diferenciación social”, resume el Larouse francés. Algunos campesinos jóvenes hacen pensar en el inmigrante ilegal al que mentes progresistas buscan convencer de que se quede en el lugar del que busca irse como sea. 

Actualmente en Colombia persiste una razón contundente para abandonar el campo cuanto antes: quedarse pone seriamente en peligro la posibilidad de educarse. Según el DANE, en 2020 la distancia promedio entre hogares de estudiantes y colegios rurales rondaba los 4 km, o sea más de una hora a pie. Para estudiar, un joven cundinamarqués caminó “todos los días desde los seis años… (desde) las 4:30 am para estar a las 7:00 en el centro educativo”. Idealizar esa vida sólo porque encaja en un esquema ideológico es la típica maroma intelectual de quienes por razones políticas sugieren a otras familias que hagan lo que jamás harían con la suya. 

Las ciudades ofrecen un mercado muy apreciado: el de parejas. A la rudeza del trabajo y la necesidad económica se suma el asunto vital de con quién emparejarse. El tema es tan serio que en Francia, con larga tradición agrícola, excelentes comunicaciones, densa red vial y amplia oferta de servicios públicos en sus 35 mil municipios, la TV emite semanalmente el programa L’amour est dans le pré (El amor está en el prado) para ayudar a jóvenes del campo sin pareja a encontrar una. Existen versiones de ese espacio en Alemania, Austria, Bélgica, España, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Suecia, Australia, EEUU y Quebec. Que Colombia carezca de algo similar, ni siquiera en Radio Sutatenza, y que Radio Nacional emita “Del Campo y otros amores” pero para destacar “historias, saberes, luchas y esperanzas de quienes trabajan la tierra” ilustra la total politización del vocablo. 

Para un reality como ese, en redes sociales o en apps de citas, una inquietud  obvia sería la denominación escogida por un varón del sector rural colombiano para su perfil: ¿“campesino” o “empresario del campo”? 

REFERENCIAS

Benson, Alice (2026) “¿Un ministro aporofóbico?”. El Espectador, sep 13

EC (2016) “Susana Muhamad, exministra de Petro, estuvo en marcha en la que “grafitearon” sede del ICBF”. El Colombiano, sep 7

ET (2005). “El espíritu de Pasuncha”. El Tiempo, enero 8

DANE (2022). “Análisis de accesibilidad a centros educativos” Nota Estadística abril 

Gutiérrez, Francisco (2026) “Un despojo retórico”. El Espectador, sep 11

Larousse (2005)  “Paysannerie”. Dictionnaire de l’Histoire de France”, Page 933

Rueda Plata, José (2017). “El campo y la ciudad: Colombia, de país rural a país urbano” Credencial Historia, No 119

Salazar, Carol (2026) “Petro criticó directriz de la ANT que insta a reemplazar los términos “campesinos” y “reforma agraria”: “Ignorante quien inicia esto””. Infobae, sep 6

Uprimny, Rodrigo (2026). “Mi columna de siempre en defensa de la reforma agraria”. El Espectador, sep 20

Van Keulen et.al. (2013). “The limitations of localization: A cross-cultural comparative study of Farmer Wants a Wife”. International Journal of Cultural Studies, Vol 17, Issue 3

Del Sancocho Nacional al indigesto mazacote sin paz

Publicado en El Espectador, septiembre 17 de 2026 

“Los mitos son, por un lado, avasalladores; por otro, son incomprensibles” anota Alma Guillermoprieto. En Colombia, una de esas fábulas es que para alcanzar la paz no basta que las partes en conflicto depongan las armas. Debe haber profundas transformaciones sociales, económicas, políticas, regionales, ampliación de derechos, reducción de desigualdades, mayor inclusión y un largo etcétera.

Una expresión de ese ambicioso proyecto consiste en plasmar en una constitución todos esas condiciones para superar la violencia. Aunque “la Constitución del 91 es interpretada por muchos como un tratado de paz”, desconcierta que así piense “la mente jurídica más lúcida que tiene el país”, como presenta Juan Manuel Santos a Rodrigo Uprimny, cofundador y por diez años director de Dejusticia. Su idea de la Constitución-Acuerdo de Paz la expone en un escrito a raíz de los 25 años de la nueva Carta Magna. Por haber ocurrido tras la reinserción del M-19 y el EPL, para Uprimny, esa norma de normas “fue pensada como un tratado de paz entre los colombianos. Por ello incorporó a la paz como un derecho y deber de obligatorio cumplimiento”, colombianísimo aporte al constitucionalismo mundial. Sin embargo, aclara que “no sólo no alcanzamos la paz, sino que el conflicto armado persistió e incluso creció en intensidad en ciertos años”. A pesar de esa flagrante incoherencia -más derechos, mayor inclusión pero más violencia- para él la fórmula debe repetirse. “Hoy tenemos la gran oportunidad de eliminar esa cruel paradoja. El acuerdo de paz con las Farc es imperfecto, pero es razonable y realista y puede encaminarnos a la superación del conflicto armado”. 

La machacada y precaria teoría de las “causas objetivas” de la violencia había sido impulsada, otra vez, por quienes más la contradijeron en el conflicto colombiano, la antítesis del pobre campesino sin tierra: los traviesos insurgentes urbanos, educados y burgueses del M-19. A principios de 1989 cuando esta guerrilla se preparaba para firmar un acuerdo de paz con el gobierno Barco decía estar representando a todos los grupos de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), algo que negaba el resto de integrantes. Aún así, el M-19 insistió en invitar a toda la CGSB a sumarse a los diálogos; promovió la idea de “una nueva Constitución que exprese en sus contenidos, sus formas y sus procedimientos, un auténtico Tratado de Paz”. Así, al movimiento estudiantil de la séptima papeleta como impulso inicial a la Constituyente de 1991, hay que sumarle otro posible origen: el Gran Sancocho Nacional. Para el diálogo, el pueblo en permanente cabildo abierto que admite incoherencias, Alma Guillermoprieto propone una explicación. “Como la realidad de América Latina es profundamente insatisfactoria para la mayoría de sus habitantes, la necesidad de una respuesta profunda generó este fervor revolucionario que, como todas las soluciones basadas en utopías, fracasan, porque buscan la perfección”. Esto pudo llevar a lo que ella misma llama una “brutal guerra ideológica en Colombia”.  

La comparación que Uprimny hace explícita entre la Constitución del 91 con la primera parte de un Tratado de Paz que culminaría 25 años después con el proceso de La Habana, al que también siguió un recrudecimiento de la violencia, la hizo en plena campaña a favor del plebiscito; tal vez buscaba reclutar votantes a favor del Acuerdo. “Esta paz negociada se lograría además sin rupturas institucionales pues los mecanismos previstos para refrendar, incorporar jurídicamente e implementar el acuerdo de paz son nuevos”.

La anunciada continuidad institucional en realidad fue un colosal tsunami penal provocado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esa imprecisión es más grave que un simple descuido. Puesto que antes del plebiscito la JEP acaparó el debate público, más que la influencia de la Iglesia o la “ideología de género”, buena parte de la ciudadanía debió pensar que el No tenía que ver con ese esperpento judicial. La explicación podría ser mucho más simple: la mayoría de participantes, tanto por el Sí como por el No, debió votar sin tener ni la menor idea de lo que realmente estaba en juego además de la desmovilización. La respuesta comodín que hacerlo negativamente significaba preferir la guerra es tan absurda e insultante que no merece comentarios. 

Aunque la pregunta del plebiscito era muy simple -¿Apoya el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?- en ese momento lo pactado estaba plasmado en un mamotreto de 297 páginas, denso e incomprensible para cualquier persona profana y en el que, aún leyéndolo con detenimiento, era literalmente imposible responder la pregunta escueta que a muchísima gente, en especial a las víctimas, inquietaba: ¿quedarán impunes los crímenes atroces de las FARC?

REFERENCIAS

Consuegra, Natalia y Juan Camilo Rincón (2026).“Supervivencia, humor y violencia: Colombia vista por Alma Guillermoprieto”. Contexto, sep 2

Guillermoprieto, Alma (2026). Esta improbable tierra prometida. Debate

Ramírez Espinoza, Gilberto y Abraham Ortiz Miranda (2026). El Libro Negro del M-19, Universidad Sergio Arboleda, marzo 

RS (2016) “Esta es la pregunta que responderán los colombianos en las urnas”. Semana, agosto 30

Santos, JM (2025). “De la Constitución del 81 al Acuerdo de Paz de 2016”, Podcast Spotify, T2 EP 01

Negociar el futuro del país con un grupo leninista

Publicado en El Espectador, septiembre 10 de 2026 

Parte del escepticismo con el proceso de paz santista surgió de pensar que el ambicioso inventario de reformas acomodadas por fast-track después del rechazo al plebiscito se incumpliría por el débil compromiso de gobiernos posteriores con el Acuerdo. La segunda temporada del podcast en el que JM Santos regaña al mundo por ignorar su plan decenal de desarrollo rural revela que el fracaso de varios capítulos no se explica por algo tan simple como el saboteo de unos presidentes. El legislativo colombiano, independiente del ejecutivo, no supo, no pudo, o no quiso, aprobar la ambiciosa agenda de proyectos apenas implícita en el “mejor acuerdo posible”.

La evolución de la paz pactada en el papel empezó con planes faraónicos de un académico soñador aupado por un político ambicioso obsesionado con su imagen internacional; y terminó en un texto voluntarista y generoso con un grupo insurgente marxista-leninista, jerárquico, dogmático, formateado para usar armas y aferrado a ellas. Es un desatino estigmatizar con etiquetas como “persona llena de odio”, intolerante, excluyente, fascista o fanática ultra católica a quien simplemente rehúsa la legitimidad del diálogo, la “construcción de país”, con una agrupación que uno de sus comandantes reinsertados, Pastor Alape, describe como poco democrática. 

Un punto importante es la denominación adoptada inicialmente por los antiguos guerrilleros para su partido político: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común con el mismo acrónimo FARC de la organización desmovilizada. “Nos equivocamos en el primer nombre (del) partido. La carga de la narrativa sobre FARC nos hacía la campaña dura… Decidimos quitarle esa carga… de la imagen de guerra, del fusil, de la bomba y poner otra mucho más común… no repetir las viejas formas de la política”, anota Alape. 

Se puede plantear que esa detestada y temida sigla, esa “imagen de guerra”, buscaba dejar claro que la lucha incansable por el poder continuaba, ahora con retórica que las armas pueden usarse por la paz. Eso lo dejó claro Iván Márquez, figura clave de las negociaciones, al declararse disidente en 2019. Hacia allá también apuntó Alape hace apenas un año: “nosotros mantenemos prácticamente la misma línea porque nuestra visión (corresponde a) un partido leninista….”. La negociación sobre cómo encajar eso en una democracia tardó cuatro meses. Era la cuadratura del círculo. Una orientación no comunista hubiese sido aceptada sin problema: el liberalismo colombiano hace parte de la Internacional Socialista. Pero no es fácil identificar partidos que se reconozcan leninistas y no busquen derrocar el poder establecido. En El Estado y la Revolución (1917) Lenin insistió que el Estado burgués no se puede “reformar” pacíficamente; debe ser destruido y reemplazado. Ni siquiera el nuevo nombre, Comunes, para diferenciarse de las disidencias, logró que las ex FARC superaran su férrea e indeleble formación ideológica y política. 

En cuanto al acuerdo sobre participación electoral en los territorios las malas noticias no vienen solo de Alape. Varias personas cercanas al Nobel anotan que el propósito de “cambiar las balas por votos” no se concretó. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, difícilmente clasificable como enemiga de la paz, señala las enormes dificultades en el Congreso para alterar costumbres. “No tenemos partidos políticos de ciudadanos y ciudadanas sino de jefes y jefas”, anota. Sobre la proliferación de grupos armados y la paz en algunas regiones, el panorama es desolador. El control territorial ahora se busca no sólo por razones económicas -extorsión o mercados ilegales- sino para asegurar resultados electorales. Lo que se juega en cada elección es el poder político local. Si el mando lo mantiene un grupo armado ilegal, vendrá con recursos en efectivo para apoyar intereses proselitistas. 

La gobernanza en micro territorios “hoy está segmentada por la presencia de frentes con jefes cada vez más jóvenes y sin formación política” anota Barrios. La práctica leninista sufrió tal metamorfosis que ahora parece más apropiada para el teatro surrealista. En 2023, causó escándalo en Popayán “la posible presencia de las disidencias de Iván Mordisco en la instalación de las elecciones”. En abril de 2025 los militares tuvieron que defenderse de los hostigamientos armados de una disidencia FARC, y también proteger “el puente con el que reemplazaron el que voló” esa misma disidencia. 

 

Muchas personas, invitadas o no por Santos, afirman que, sin el Acuerdo de Paz de 2016, Petro no habría alcanzado la presidencia. Hay suficiente evidencia para plantear una variante a ese desacierto: la Paz Total, por su ambición, precario polo a tierra y deplorable criminología, simplemente profundizó los principales yerros de la paz santista, sin el irrefutable logro de haber desarmado la mayor guerrilla del país. Pero el veredicto de las urnas es claro: Colombia no quiere leninistas en el Congreso. 

REFERENCIAS

JEP (2016). “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. Jurisdicción Especial para la Paz, nov 24

JMS (2025). “Comunes: de guerrilla a partido político - la historia no contada del proceso de paz” T2-Ep 07, ago 20

LSV (2014). “¿Conducirán los acuerdos publicados al fin del conflicto armado?”. El poder de los argumentos, La Silla Vacía, oct 9 

IC(2029) “Manifiesto - Una nueva etapa de lucha para el despertar de las conciencias” Insight Crime, nov

Rodríguez, Santiago (2026). “El Fin del Partido de las Farc: Comunes no se tomó el Poder”. La Silla Vacía, mío 11

Torres, Jhon (2023). “Polémica: militares 'pidiendo permiso' para poder proteger elecciones en Cauca”: El Tiempo, Oct 27

Los fabulosos planes rurales de la paz santista

 Publicado en El Espectador, septiembre 3 de 2026

En octubre de 2014, poco después de que el gobierno Santos hiciera públicos los primeros acuerdos parciales con las FARC, La Silla Vacía y la Universidad Javeriana organizaron un debate. Hacía parte de la serie “Sí o No: El Poder de los Argumentos” y el invitado era Sergio Jaramillo. Expuso tres puntos: reforma rural integral, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas. 

La mecánica del evento era que el público respondía inicialmente el interrogante “¿Conducirán los acuerdos publicados al fin del conflicto armado?”; Jaramillo exponía sus razones, respondía preguntas de los organizadores y luego se repetía la votación. En la primera vuelta triunfó el escepticismo: 59% de votos negativos. Lo acordado no contribuiría al fin de la guerra. Esto entre una audiencia universitaria, difícilmente asimilable a un grupo manipulado por el fanatismo religioso. Tras oír a Jaramillo, la mayoría (58%) respondió Sí. La exposición del Alto Comisionado para la Paz podría pasar a la historia como el más ambicioso listado de deseos sobre las posibles acciones para revitalizar el campo colombiano y eliminar todas las “causas objetivas” del conflicto, el sinnúmero de trabas para una verdadera “paz territorial”. Conviene citar literalmente varios apartes de esta magistral clase. 

“Si estos acuerdos se implementan, significarán la mayor transformación imaginable en la historia de Colombia”, arrancó sin modestia Jaramillo. Continuó con el tic de asimilar esfuerzo invertido a calidad: “estos acuerdos son el producto de una negociación muy difícil, muy larga, muy dura”, sin mediadores. La dejación de armas “no es suficiente para construir la paz… nunca hemos tenido un proceso de paz territorial… Que la implementación de los acuerdos cambie las condiciones de manera definitiva…. ¿Qué pasa si un grupo se desmoviliza y siguen cultivos de coca (sin) oportunidades de empleo?… este proceso busca cambiar la realidad y reconstruir el pacto social”. Eso requería “asegurar la integralidad… no acuerdos aislados… es una lógica de garantía de los derechos de todos los colombianos”, tarea imposible sin “una participación masiva de la ciudadanía en una fase de transición”. En La Habana se buscaba terminar el conflicto, “pero la paz, la vamos a construir entre todos, en las regiones” había dicho unos días antes. 

¿Cómo pensaba que se haría? Primero, una reforma rural integral. “Es un acuerdo de una enorme ambición; (como meta) la reducción de la pobreza rural en el 50% en 10 años… Sacar aproximadamente a 3 millones de colombianos en zonas rurales de la pobreza”. Las comparaciones internacionales ilustraban sus aspiraciones. “Brasil con inversiones enormes y mucha institucionalidad sacó a 5 millones de la pobreza… el campo colombiano (estará) en convergencia con el nivel de vida de las ciudades, es la lógica de garantía de derechos… (Haremos) en 10 años lo que no hemos hecho en 50”. Reconoció que muchos problemas estaban sobre diagnosticados; anotó con humildad que el análisis hecho en La Habana coincidía con los trabajos de la Misión Rural (1997-1998) con “organizaciones campesinas, indígenas y empresariales, académicos, instituciones públicas, entidades territoriales, organismos internacionales y otros sectores de la opinión pública… (Hubo) propuestas sobre ruralidad, economía campesina, sostenibilidad, pobreza rural, educación, ciencia y tecnología, convivencia, institucionalidad, género y cultura”.

Los desafíos eran enormes, “por ejemplo en riego Colombia está casi al final de la fila, México tiene cobertura del 66%, Chile del 52% y (nosotros) el 15%… no hemos hecho nada en décadas, igual en vías etc…” Tocaba hacer grandes inversiones en bienes públicos: riego, vías terciarias, electricidad, conectividad, apoyo a vivienda, acueductos… salud y educación, capacitar al pequeño agricultor… “En las zonas afectadas por el conflicto (haremos) programas de desarrollo con enfoque territorial en una lógica de seguridad alimentaria. Ese es el primer acuerdo”.

En términos de participación política, “la firma e implementación del acuerdo contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia… Implicará la dejación de las armas y la prescripción de la violencia… transitar a un escenario en el que imperen garantías plenas para quienes participen en política”. Con respecto a la droga, “un gran programa hará lo que nunca se ha hecho: un enfoque de desarrollo rural participativo que resuelva para siempre el problema de los cultivos y que emplee los recursos coercitivos del Estado en perseguir el crimen organizado”. 

En síntesis, tocaba “repensar la institucionalidad para implementar los acuerdos. Brasil creó un ministerio de Desarrollo Rural… ”En Colombia había que mejorar el diálogo entre gobierno nacional, departamentos y municipios… “pero todo eso será insuficiente… la nueva institucionalidad requiere una alianza entre ciudadanos y autoridades… tenemos el reto obvio de cómo financiar todo esto: tiempos excepcionales requieren financiación excepcional… Y una visión compartida (Estado, ciudadanía, FARC) de para dónde vamos”. Continúa

REFERENCIAS

LSV (2014). “¿Conducirán los acuerdos publicados al fin del conflicto armado?”. Debate, Youtube, octubre 9

PP (2014) “En La Habana estamos tratando de terminar el conflicto, pero la paz, la vamos a construir entre todos, en las regiones”, Proclama del Pacífico, octubre 10

VVAA (1998). “La Misión Rural para Colombia”. LatinNo (sf)