Publicado en El Espectador, Febrero 26 de 2026
“Las víctimas quedan satisfechas con el reconocimiento” anotó Julieta Lemaître, magistrada ponente del Caso 001 sobre secuestro por las FARC en la JEP, jurisdicción diseñada para superar los límites de la justicia punitiva con la restaurativa, más idónea. Fue arriesgado sugerir que muchas víctimas de secuestro quedarán tranquilas si los criminales que las “retuvieron” simplemente lo reconocen, pero sin castigo y tal vez con gabelas políticas. Sobra ingenuidad y soberbia en esa afirmación sin respaldo de datos. La selección sesgada (cherry picking) para sustentarla sugiere lo contrario: la restauración, compensación y garantía de no repetición prometidas han sido precarias.
Varias fallas eran previsibles. La justicia restaurativa tiene requisitos que no se daban en el conflicto colombiano. Cuando los agresores han sido delincuentes políticos, es poco probable que se arrepientan. Y con ellos, la gran mayoría de víctimas de sus crímenes atroces exigen más castigo, no diálogo. La misma magistrada lo reconoce. “Hay gente que piensa que lo importante es la sanción… que los castiguen”. Después, tranquilamente, sentencia: “la gente que piensa eso siempre va a estar decepcionada con el castigo”. Esta afirmación temeraria requeriría porcentajes o frecuencias. Basta recordar la multitudinaria marcha contra el secuestro de 2008. Y también los millones de venezolanos que, en todo el mundo, celebraron como en carnaval ver al tirano depuesto, con uniforme naranja y cadenas en los tobillos hacia la cárcel. El mismo Maduro ilustra la reticencia de criminales con motivaciones políticas para deplorar sus desmanes, incluso después de recibir castigo.
En España, la falta de arrepentimiento tras muchos años en prisión se ha analizado con evidencia empírica entre militantes y presos de ETA. La amnistía aprobada en 1977 no dio los resultados esperados. Un 55% “se reintegraron a la banda armada facilitando así su campaña de atentados”. En los 90, las tasas de “arrepentidos” -personas que recibieron concesiones basadas en abandono de la violencia y petición expresa de perdón- fueron tan solo del 2%-3% anual.
Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso mantuvo hasta su muerte que las masacres eran necesarias para la “guerra popular”. Comandantes del FMLN salvadoreño saltaron a la política sin pedir nunca perdón. En Colombia, las disidencias de las FARC continuaron armadas, cometiendo crímenes, sin asomo de mea-culpa. Los elenos reiteran usar “las armas ante la injusticia”. El Comandante Pizarro, cuyo sombrero es símbolo de paz, nunca lamentó su participación en la masacre de Tacueyó. A pesar del puntillazo dado por familiares de magistrados asesinados a la narrativa de responsabilidad exclusivamente militar, la Toma del Palacio de Justicia sigue siendo esquiva al remordimiento. Difícil encontrar una cuadrilla más orgullosa y unida por su pasado violento que los reinsertados del M-19. Comandantes insurgentes arrepentidos son tan escasos que se vuelven célebres.
Por el lado de las víctimas, en Latinoamérica, 80% a 86% de los encuestados están de acuerdo en que se debe aumentar el castigo, siendo superior la proporción entre jóvenes y en mujeres, que sufren más la inseguridad. La educación favorece la indulgencia. La universidad “genera mayor tolerancia hacia los derechos” de los grupos armados con los que se comparte ideología.
Además de condiciones individuales, tal vez universales, hay características sociales, que facilitan la justicia transicional. Una crucial es el tamaño de la comunidad. La restauración sólo es viable cuando existe contacto directo entre víctimas y victimarios. Por algo los ex comandantes del Secretariado se quejan porque la JEP haya cambiado el criterio de “máximos responsables” para bajar en la línea de mando hasta los frentes regionales donde probablemente las víctimas o sus familias conocen personalmente a los secuestradores. Al menos sentirán vergüenza.
Con mezclando asombro con candor, Lemaître anota que “una sorpresa ha sido la cantidad de propuestas que traen las víctimas de proyectos de reparación para los del Secretariado, para que trabajen con las víctimas… Un señor tenía una finca y decidieron montar un proyecto de ecoturismo e incluir a los miembros del Secretariado para que fuera un proyecto de sanción en que ellos trabajaran. Eso pasa mucho”. En el Hay Festival, evento más literario que jurídico, destacó a una mujer que perdonó a sus jóvenes violadores, que la secuestraron, humillaron y torturaron para entregarla a la guerrilla. Estuvo en un sanatorio y al salir consiguió una casa para que los niños “tengan dónde vivir, dónde ir al colegio… Invitó al jefe de las FARC en su zona a trabajar (con ella) en prevención de reclutamiento”.
Hace años la magistrada relatora era académica feminista; bastante más cuidadosa, escéptica y crítica. Con un número de combatientes en grupos armados ilegales similar al de 2011, antes del proceso santista, ojalá no se le ocurra evocar a Rawls o a Kalyvas para aplaudir la Paz Total supervisada por trumpistas.
REFERENCIAS
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Llorente, Mª Victoria (2026). “El balance de seguridad de 2025: en Colombia la violencia va un paso adelante y el Estado corre rezagado”. Contexto, febrero 17
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Price, Sophie et.al. (2019). “Support for Harsher Criminal Punishment is Greater among the Young, the Insecure, Victims, and Those with Low Trust in the Police”. Vanderbilt University. Insights Series #140, June 18
Rodríguez Álvarez, Santiago (2026). ““Las Víctimas Quedan Satisfechas con el Reconocimiento”: Magistrada Lemaitre”. La Silla Vacía. Febrero 10




