Publicado en El Espectador, septiembre 17 de 2026
“Los mitos son, por un lado, avasalladores; por otro, son incomprensibles” anota Alma Guillermoprieto. En Colombia, una de esas fábulas es que para alcanzar la paz no basta que las partes en conflicto depongan las armas. Debe haber profundas transformaciones sociales, económicas, políticas, regionales, ampliación de derechos, reducción de desigualdades, mayor inclusión y un largo etcétera.
Una expresión de ese ambicioso proyecto consiste en plasmar en una constitución todos esas condiciones para superar la violencia. Hay quienes opinan que la de 1991 era un acuerdo de paz pero desconcierta que así piense “la mente jurídica más lúcida que tiene el país”, como presenta Juan Manuel Santos a Rodrigo Uprimny, cofundador y por diez años director de Dejusticia. Su idea de la Constitución-Acuerdo de Paz la expone en un escrito a raíz de los 25 años de la nueva Carta Magna. Por haber ocurrido tras la reinserción del M-19 y el EPL, para Uprimny, esa norma de normas “fue pensada como un tratado de paz entre los colombianos. Por ello incorporó a la paz como un derecho y deber de obligatorio cumplimiento”, colombianísimo aporte al constitucionalismo mundial. Sin embargo, aclara que “no sólo no alcanzamos la paz, sino que el conflicto armado persistió e incluso creció en intensidad en ciertos años”. A pesar de esa flagrante incoherencia -más derechos, mayor inclusión pero más violencia- para él la fórmula debe repetirse. “Hoy tenemos la gran oportunidad de eliminar esa cruel paradoja. El acuerdo de paz con las Farc es imperfecto, pero es razonable y realista y puede encaminarnos a la superación del conflicto armado”.
La machacada y precaria teoría de las “causas objetivas” de la violencia había sido impulsada, otra vez, por quienes más la contradijeron en el conflicto colombiano, la antítesis del pobre campesino sin tierra: los traviesos insurgentes urbanos, educados y burgueses del M-19. A principios de 1989 cuando esta guerrilla se preparaba para firmar un acuerdo de paz con el gobierno Barco decía estar representando a todos los grupos de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), algo que negaba el resto de integrantes. Aún así, el M-19 insistió en invitar a toda la CGSB a sumarse a los diálogos; promovió la idea de “una nueva Constitución que exprese en sus contenidos, sus formas y sus procedimientos, un auténtico Tratado de Paz”. Así, al movimiento estudiantil de la séptima papeleta como impulso inicial a la Constituyente de 1991, hay que sumarle otro posible origen: el Gran Sancocho Nacional. Para el diálogo, el pueblo en permanente cabildo abierto que admite incoherencias, Alma Guillermoprieto propone una explicación. “Como la realidad de América Latina es profundamente insatisfactoria para la mayoría de sus habitantes, la necesidad de una respuesta profunda generó este fervor revolucionario que, como todas las soluciones basadas en utopías, fracasan, porque buscan la perfección”. Esto pudo llevar a lo que ella misma llama una “brutal guerra ideológica en Colombia”.
La comparación que Uprimny hace explícita entre la Constitución del 91 con la primera parte de un Tratado de Paz que culminaría 25 años después con el proceso de La Habana, al que también siguió un recrudecimiento de la violencia, la hizo en plena campaña a favor del plebiscito; tal vez buscaba reclutar votantes a favor del Acuerdo. “Esta paz negociada se lograría además sin rupturas institucionales pues los mecanismos previstos para refrendar, incorporar jurídicamente e implementar el acuerdo de paz son nuevos”.
La anunciada continuidad institucional en realidad fue un colosal tsunami penal provocado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esa imprecisión es más grave que un simple descuido. Puesto que antes del plebiscito la JEP acaparó el debate público, más que la influencia de la Iglesia o la “ideología de género”, buena parte de la ciudadanía debió pensar que el No tenía que ver con ese esperpento judicial. La respuesta podría ser mucho más simple: la mayoría de participantes, tanto por el Sí como por el No, debió votar sin tener ni la menor idea de lo que realmente estaba en juego además de la desmovilización. La respuesta comodín que hacerlo negativamente significaba preferir la guerra es tan absurda e insultante que no merece comentarios.
Aunque la pregunta del plebiscito era muy simple -¿Apoya el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?- en ese momento lo pactado estaba plasmado en un mamotreto de 297 páginas, denso e incomprensible para cualquier persona profana y en el que, aún leyéndolo con detenimiento, era literalmente imposible responder la pregunta escueta que a muchísima gente, en especial a las víctimas, inquietaba: ¿quedarán impunes los crímenes atroces de las FARC?
