El asimétrico y tartufo desasosiego con un vocablo

 Publicado en El Espectador, septiembre 21 de 2026

Se armó tremendo escándalo por la decisión del nuevo gobierno de reemplazar el término “campesino” por otro supuestamente más moderno y sin prejuicios: “pequeños empresarios del campo”. Paradójicamente, la protesta provino de quienes, en diversos frentes, buscan erradicar denominaciones que marquen con etiquetas indelebles. Ignorando sus principios, esta vez no tuvieron reparo en aceptar el sustantivo masculino para representar tanto a hombres como a mujeres. Esa fue la recriminación hecha a la directora del ICBF porque decidió reemplazar los vocablos “niños” y “niñas” por el término neutro “niñez”. Además, esa había sido la propuesta del Ministerio de la Igualdad que nadie rechazó bajo el Gobierno del Cambio. 

En defensa del término, la izquierda condescendiente y reaccionaria adujo razones colectivistas, políticas e ideológicas caducas; sin la menor empatía ni consideración por las personas reales afectadas. La lógica para protestar es falaz: dejar de utilizar el término “campesino” equivaldría a “suponer que no existe, y así borrarlo del mapa”. No tarda en consolidarse otro genocidio. Y a falta de evidencia empírica, tranquilamente se inventa: “la gran mayoría de campesinos probablemente hubiera dicho que se siente cómoda con su denominación”. ¿Por qué aquí muestra y representatividad son irrelevantes y es inocuo que la mitad femenina de la población rural quede invisibilizada asimilándola al “campesino”?

Después viene la declaración de banalidad personal e individual que conlleva el término frente a un colectivo: “los campesinos organizados han logrado toda una serie de reconocimientos y de derechos claves para su avance social, que están amarrados a esa palabra”. Como lo estuvo el obrero, el capitalista, el especulador y muchos términos usados por quienes homogeneizan lo heterogéneo y lo supeditan al papel de defensor o activista de causas políticas que pueden serle ajenas, o no prioritarias. 

Además de preguntarlo directamente, un criterio adecuado y medible para saber si alguien del campo encuentra satisfactoria su situación es bien simple: observar cómo “vota con los pies”. Quien emigra sin coacción es porque prefiere cambiar su estatus. Los flujos migratorios son reveladores pero están silenciados en este debate amañado; y en ellos se destacan como fundamentales las diferencias hombre mujer. Históricamente, las campesinas fueron las primeras en emanciparse de su entorno, décadas antes de la salida masiva de trabajadores para el sector de la construcción urbana en los años setenta. Entre emigrantes rurales, en 1951 Bogotá ya tenía 30 mil mujeres más que hombres. Abandonaban el campo por falta de oportunidades laborales y llegaban a la ciudad para ocupar posiciones muy precarias, incluso humillantes como el servicio doméstico en una sociedad tan clasista. Así ocurrió no solo en Colombia, sino en cualquier país no sujeto al control dictatorial de movimientos entre regiones. “Porque es desde la ciudad que se identifica a los campesinos a nivel global, sin mucha preocupación por la diferenciación social”, resume el Larouse francés. Algunos campesinos jóvenes hacen pensar en el inmigrante ilegal al que mentes progresistas buscan convencer de que se quede en el lugar del que busca irse como sea. 

Actualmente en Colombia persiste una razón contundente para abandonar el campo cuanto antes: quedarse pone seriamente en peligro la posibilidad de educarse. Según el DANE, en 2020 la distancia promedio entre hogares de estudiantes y colegios rurales estaba alrededor de 4 km, o sea más de una hora a pie. Para estudiar, un joven cundinamarqués “camina todos los días desde los seis años… empieza a las 4:30 am para estar a las 7:00 en el centro educativo”. Idealizar esa vida sólo porque encaja en un esquema ideológico es la típica maroma intelectual de quienes por razones políticas sugieren a otras familias que hagan lo que jamás haría la suya. 

Las ciudades ofrecen un mercado muy apreciado: el de parejas. A la rudeza del trabajo y la necesidad económica se suma el asunto vital de con quién emparejarse. El asunto es tan serio que en Francia, con larga tradición agrícola, excelentes comunicaciones, densa red vial y amplia oferta de servicios públicos en sus 35 mil municipios, la TV emite semanalmente el programa L’amour est dans le pré (El amor está en el prado) para ayudar a jóvenes del campo sin pareja a encontrar una. Existen versiones del espacio en Alemania, Austria, Bélgica, España, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Suecia, Australia, EEUU y Quebec. Que Colombia carezca de algo similar, ni siquiera en Radio Sutatenza, y que Radio Nacional emita “Del Campo y otros amores” pero para destacar “historias, saberes, luchas y esperanzas de quienes trabajan la tierra” ilustra la politización del vocablo. 

Para un reality como ese, en redes sociales o en apps de citas, conviene preguntarse cuál sería la denominación escogida por un varón del sector rural colombiano para su perfil: ¿“campesino” o “empresario del campo”? 

Del Sancocho Nacional al indigesto mazacote sin paz

Publicado en El Espectador, septiembre 17 de 2026 

“Los mitos son, por un lado, avasalladores; por otro, son incomprensibles” anota Alma Guillermoprieto. En Colombia, una de esas fábulas es que para alcanzar la paz no basta que las partes en conflicto depongan las armas. Debe haber profundas transformaciones sociales, económicas, políticas, regionales, ampliación de derechos, reducción de desigualdades, mayor inclusión y un largo etcétera.

Una expresión de ese ambicioso proyecto consiste en plasmar en una constitución todos esas condiciones para superar la violencia. Aunque “la Constitución del 91 es interpretada por muchos como un tratado de paz”, desconcierta que así piense “la mente jurídica más lúcida que tiene el país”, como presenta Juan Manuel Santos a Rodrigo Uprimny, cofundador y por diez años director de Dejusticia. Su idea de la Constitución-Acuerdo de Paz la expone en un escrito a raíz de los 25 años de la nueva Carta Magna. Por haber ocurrido tras la reinserción del M-19 y el EPL, para Uprimny, esa norma de normas “fue pensada como un tratado de paz entre los colombianos. Por ello incorporó a la paz como un derecho y deber de obligatorio cumplimiento”, colombianísimo aporte al constitucionalismo mundial. Sin embargo, aclara que “no sólo no alcanzamos la paz, sino que el conflicto armado persistió e incluso creció en intensidad en ciertos años”. A pesar de esa flagrante incoherencia -más derechos, mayor inclusión pero más violencia- para él la fórmula debe repetirse. “Hoy tenemos la gran oportunidad de eliminar esa cruel paradoja. El acuerdo de paz con las Farc es imperfecto, pero es razonable y realista y puede encaminarnos a la superación del conflicto armado”. 

La machacada y precaria teoría de las “causas objetivas” de la violencia había sido impulsada, otra vez, por quienes más la contradijeron en el conflicto colombiano, la antítesis del pobre campesino sin tierra: los traviesos insurgentes urbanos, educados y burgueses del M-19. A principios de 1989 cuando esta guerrilla se preparaba para firmar un acuerdo de paz con el gobierno Barco decía estar representando a todos los grupos de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), algo que negaba el resto de integrantes. Aún así, el M-19 insistió en invitar a toda la CGSB a sumarse a los diálogos; promovió la idea de “una nueva Constitución que exprese en sus contenidos, sus formas y sus procedimientos, un auténtico Tratado de Paz”. Así, al movimiento estudiantil de la séptima papeleta como impulso inicial a la Constituyente de 1991, hay que sumarle otro posible origen: el Gran Sancocho Nacional. Para el diálogo, el pueblo en permanente cabildo abierto que admite incoherencias, Alma Guillermoprieto propone una explicación. “Como la realidad de América Latina es profundamente insatisfactoria para la mayoría de sus habitantes, la necesidad de una respuesta profunda generó este fervor revolucionario que, como todas las soluciones basadas en utopías, fracasan, porque buscan la perfección”. Esto pudo llevar a lo que ella misma llama una “brutal guerra ideológica en Colombia”.  

La comparación que Uprimny hace explícita entre la Constitución del 91 con la primera parte de un Tratado de Paz que culminaría 25 años después con el proceso de La Habana, al que también siguió un recrudecimiento de la violencia, la hizo en plena campaña a favor del plebiscito; tal vez buscaba reclutar votantes a favor del Acuerdo. “Esta paz negociada se lograría además sin rupturas institucionales pues los mecanismos previstos para refrendar, incorporar jurídicamente e implementar el acuerdo de paz son nuevos”.

La anunciada continuidad institucional en realidad fue un colosal tsunami penal provocado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esa imprecisión es más grave que un simple descuido. Puesto que antes del plebiscito la JEP acaparó el debate público, más que la influencia de la Iglesia o la “ideología de género”, buena parte de la ciudadanía debió pensar que el No tenía que ver con ese esperpento judicial. La explicación podría ser mucho más simple: la mayoría de participantes, tanto por el Sí como por el No, debió votar sin tener ni la menor idea de lo que realmente estaba en juego además de la desmovilización. La respuesta comodín que hacerlo negativamente significaba preferir la guerra es tan absurda e insultante que no merece comentarios. 

Aunque la pregunta del plebiscito era muy simple -¿Apoya el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?- en ese momento lo pactado estaba plasmado en un mamotreto de 297 páginas, denso e incomprensible para cualquier persona profana y en el que, aún leyéndolo con detenimiento, era literalmente imposible responder la pregunta escueta que a muchísima gente, en especial a las víctimas, inquietaba: ¿quedarán impunes los crímenes atroces de las FARC?

REFERENCIAS

Consuegra, Natalia y Juan Camilo Rincón (2026).“Supervivencia, humor y violencia: Colombia vista por Alma Guillermoprieto”. Contexto, sep 2

Guillermoprieto, Alma (2026). Esta improbable tierra prometida. Debate

Ramírez Espinoza, Gilberto y Abraham Ortiz Miranda (2026). El Libro Negro del M-19, Universidad Sergio Arboleda, marzo 

RS (2016) “Esta es la pregunta que responderán los colombianos en las urnas”. Semana, agosto 30

Santos, JM (2025). “De la Constitución del 81 al Acuerdo de Paz de 2016”, Podcast Spotify, T2 EP 01

Negociar el futuro del país con un grupo leninista

Publicado en El Espectador, septiembre 10 de 2026 

Parte del escepticismo con el proceso de paz santista surgió de pensar que el ambicioso inventario de reformas acomodadas por fast-track después del rechazo al plebiscito se incumpliría por el débil compromiso de gobiernos posteriores con el Acuerdo. La segunda temporada del podcast en el que JM Santos regaña al mundo por ignorar su plan decenal de desarrollo rural revela que el fracaso de varios capítulos no se explica por algo tan simple como el saboteo de unos presidentes. El legislativo colombiano, independiente del ejecutivo, no supo, no pudo, o no quiso, aprobar la ambiciosa agenda de proyectos apenas implícita en el “mejor acuerdo posible”.

La evolución de la paz pactada en el papel empezó con planes faraónicos de un académico soñador aupado por un político ambicioso obsesionado con su imagen internacional; y terminó en un texto voluntarista y generoso con un grupo insurgente marxista-leninista, jerárquico, dogmático, formateado para usar armas y aferrado a ellas. Es un desatino estigmatizar con etiquetas como “persona llena de odio”, intolerante, excluyente, fascista o fanática ultra católica a quien simplemente rehúsa la legitimidad del diálogo, la “construcción de país”, con una agrupación que uno de sus comandantes reinsertados, Pastor Alape, describe como poco democrática. 

Un punto importante es la denominación adoptada inicialmente por los antiguos guerrilleros para su partido político: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común con el mismo acrónimo FARC de la organización desmovilizada. “Nos equivocamos en el primer nombre (del) partido. La carga de la narrativa sobre FARC nos hacía la campaña dura… Decidimos quitarle esa carga… de la imagen de guerra, del fusil, de la bomba y poner otra mucho más común… no repetir las viejas formas de la política”, anota Alape. 

Se puede plantear que esa detestada y temida sigla, esa “imagen de guerra”, buscaba dejar claro que la lucha incansable por el poder continuaba, ahora con retórica que las armas pueden usarse por la paz. Eso lo dejó claro Iván Márquez, figura clave de las negociaciones, al declararse disidente en 2019. Hacia allá también apuntó Alape hace apenas un año: “nosotros mantenemos prácticamente la misma línea porque nuestra visión (corresponde a) un partido leninista….”. La negociación sobre cómo encajar eso en una democracia tardó cuatro meses. Era la cuadratura del círculo. Una orientación no comunista hubiese sido aceptada sin problema: el liberalismo colombiano hace parte de la Internacional Socialista. Pero no es fácil identificar partidos que se reconozcan leninistas y no busquen derrocar el poder establecido. En El Estado y la Revolución (1917) Lenin insistió que el Estado burgués no se puede “reformar” pacíficamente; debe ser destruido y reemplazado. Ni siquiera el nuevo nombre, Comunes, para diferenciarse de las disidencias, logró que las ex FARC superaran su férrea e indeleble formación ideológica y política. 

En cuanto al acuerdo sobre participación electoral en los territorios las malas noticias no vienen solo de Alape. Varias personas cercanas al Nobel anotan que el propósito de “cambiar las balas por votos” no se concretó. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, difícilmente clasificable como enemiga de la paz, señala las enormes dificultades en el Congreso para alterar costumbres. “No tenemos partidos políticos de ciudadanos y ciudadanas sino de jefes y jefas”, anota. Sobre la proliferación de grupos armados y la paz en algunas regiones, el panorama es desolador. El control territorial ahora se busca no sólo por razones económicas -extorsión o mercados ilegales- sino para asegurar resultados electorales. Lo que se juega en cada elección es el poder político local. Si el mando lo mantiene un grupo armado ilegal, vendrá con recursos en efectivo para apoyar intereses proselitistas. 

La gobernanza en micro territorios “hoy está segmentada por la presencia de frentes con jefes cada vez más jóvenes y sin formación política” anota Barrios. La práctica leninista sufrió tal metamorfosis que ahora parece más apropiada para el teatro surrealista. En 2023, causó escándalo en Popayán “la posible presencia de las disidencias de Iván Mordisco en la instalación de las elecciones”. En abril de 2025 los militares tuvieron que defenderse de los hostigamientos armados de una disidencia FARC, y también proteger “el puente con el que reemplazaron el que voló” esa misma disidencia. 

 

Muchas personas, invitadas o no por Santos, afirman que, sin el Acuerdo de Paz de 2016, Petro no habría alcanzado la presidencia. Hay suficiente evidencia para plantear una variante a ese desacierto: la Paz Total, por su ambición, precario polo a tierra y deplorable criminología, simplemente profundizó los principales yerros de la paz santista, sin el irrefutable logro de haber desarmado la mayor guerrilla del país. Pero el veredicto de las urnas es claro: Colombia no quiere leninistas en el Congreso. 

REFERENCIAS

JEP (2016). “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. Jurisdicción Especial para la Paz, nov 24

JMS (2025). “Comunes: de guerrilla a partido político - la historia no contada del proceso de paz” T2-Ep 07, ago 20

LSV (2014). “¿Conducirán los acuerdos publicados al fin del conflicto armado?”. El poder de los argumentos, La Silla Vacía, oct 9 

IC(2029) “Manifiesto - Una nueva etapa de lucha para el despertar de las conciencias” Insight Crime, nov

Rodríguez, Santiago (2026). “El Fin del Partido de las Farc: Comunes no se tomó el Poder”. La Silla Vacía, mío 11

Torres, Jhon (2023). “Polémica: militares 'pidiendo permiso' para poder proteger elecciones en Cauca”: El Tiempo, Oct 27

Los fabulosos planes rurales de la paz santista

 Publicado en El Espectador, septiembre 3 de 2026

En octubre de 2014, poco después de que el gobierno Santos hiciera públicos los primeros acuerdos parciales con las FARC, La Silla Vacía y la Universidad Javeriana organizaron un debate. Hacía parte de la serie “Sí o No: El Poder de los Argumentos” y el invitado era Sergio Jaramillo. Expuso tres puntos: reforma rural integral, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas. 

La mecánica del evento era que el público respondía inicialmente el interrogante “¿Conducirán los acuerdos publicados al fin del conflicto armado?”; Jaramillo exponía sus razones, respondía preguntas de los organizadores y luego se repetía la votación. En la primera vuelta triunfó el escepticismo: 59% de votos negativos. Lo acordado no contribuiría al fin de la guerra. Esto entre una audiencia universitaria, difícilmente asimilable a un grupo manipulado por el fanatismo religioso. Tras oír a Jaramillo, la mayoría (58%) respondió Sí. La exposición del Alto Comisionado para la Paz podría pasar a la historia como el más ambicioso listado de deseos sobre las posibles acciones para revitalizar el campo colombiano y eliminar todas las “causas objetivas” del conflicto, el sinnúmero de trabas para una verdadera “paz territorial”. Conviene citar literalmente varios apartes de esta magistral clase. 

“Si estos acuerdos se implementan, significarán la mayor transformación imaginable en la historia de Colombia”, arrancó sin modestia Jaramillo. Continuó con el tic de asimilar esfuerzo invertido a calidad: “estos acuerdos son el producto de una negociación muy difícil, muy larga, muy dura”, sin mediadores. La dejación de armas “no es suficiente para construir la paz… nunca hemos tenido un proceso de paz territorial… Que la implementación de los acuerdos cambie las condiciones de manera definitiva…. ¿Qué pasa si un grupo se desmoviliza y siguen cultivos de coca (sin) oportunidades de empleo?… este proceso busca cambiar la realidad y reconstruir el pacto social”. Eso requería “asegurar la integralidad… no acuerdos aislados… es una lógica de garantía de los derechos de todos los colombianos”, tarea imposible sin “una participación masiva de la ciudadanía en una fase de transición”. En La Habana se buscaba terminar el conflicto, “pero la paz, la vamos a construir entre todos, en las regiones” había dicho unos días antes. 

¿Cómo pensaba que se haría? Primero, una reforma rural integral. “Es un acuerdo de una enorme ambición; (como meta) la reducción de la pobreza rural en el 50% en 10 años… Sacar aproximadamente a 3 millones de colombianos en zonas rurales de la pobreza”. Las comparaciones internacionales ilustraban sus aspiraciones. “Brasil con inversiones enormes y mucha institucionalidad sacó a 5 millones de la pobreza… el campo colombiano (estará) en convergencia con el nivel de vida de las ciudades, es la lógica de garantía de derechos… (Haremos) en 10 años lo que no hemos hecho en 50”. Reconoció que muchos problemas estaban sobre diagnosticados; anotó con humildad que el análisis hecho en La Habana coincidía con los trabajos de la Misión Rural (1997-1998) con “organizaciones campesinas, indígenas y empresariales, académicos, instituciones públicas, entidades territoriales, organismos internacionales y otros sectores de la opinión pública… (Hubo) propuestas sobre ruralidad, economía campesina, sostenibilidad, pobreza rural, educación, ciencia y tecnología, convivencia, institucionalidad, género y cultura”.

Los desafíos eran enormes, “por ejemplo en riego Colombia está casi al final de la fila, México tiene cobertura del 66%, Chile del 52% y (nosotros) el 15%… no hemos hecho nada en décadas, igual en vías etc…” Tocaba hacer grandes inversiones en bienes públicos: riego, vías terciarias, electricidad, conectividad, apoyo a vivienda, acueductos… salud y educación, capacitar al pequeño agricultor… “En las zonas afectadas por el conflicto (haremos) programas de desarrollo con enfoque territorial en una lógica de seguridad alimentaria. Ese es el primer acuerdo”.

En términos de participación política, “la firma e implementación del acuerdo contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia… Implicará la dejación de las armas y la prescripción de la violencia… transitar a un escenario en el que imperen garantías plenas para quienes participen en política”. Con respecto a la droga, “un gran programa hará lo que nunca se ha hecho: un enfoque de desarrollo rural participativo que resuelva para siempre el problema de los cultivos y que emplee los recursos coercitivos del Estado en perseguir el crimen organizado”. 

En síntesis, tocaba “repensar la institucionalidad para implementar los acuerdos. Brasil creó un ministerio de Desarrollo Rural… ”En Colombia había que mejorar el diálogo entre gobierno nacional, departamentos y municipios… “pero todo eso será insuficiente… la nueva institucionalidad requiere una alianza entre ciudadanos y autoridades… tenemos el reto obvio de cómo financiar todo esto: tiempos excepcionales requieren financiación excepcional… Y una visión compartida (Estado, ciudadanía, FARC) de para dónde vamos”. Continúa

REFERENCIAS

LSV (2014). “¿Conducirán los acuerdos publicados al fin del conflicto armado?”. Debate, Youtube, octubre 9

PP (2014) “En La Habana estamos tratando de terminar el conflicto, pero la paz, la vamos a construir entre todos, en las regiones”, Proclama del Pacífico, octubre 10

VVAA (1998). “La Misión Rural para Colombia”. LatinNo (sf)

Hongos y levadura: ¿emprender o planificar?

 Publicado en El Espectador, agosto 27 de 2026

Ha habido explicaciones muy diversas sobre el reversazo en el nombramiento de Carlos Eduardo Sepúlveda en el DNP, que generó un saludable debate entre quienes creen en la planificación del desarrollo económico y quienes la consideran fútil por las múltiples incertidumbres y las alternativas de acción para el ensayo y error. 

El dilema entre estas dos posiciones es milenario, como recordó La Odisea de Nolan. Ulises es el gran improvisador; adaptable, sobrevive a circunstancias siempre cambiantes gracias a la astucia, el disfraz, la mentira oportuna y la reacción rápida. Su fortaleza es la flexibilidad. Atenea, por el contrario, favorece el orden, la estrategia y la previsión calculada. Otros personajes míticos también ilustran la disparidad: Prometeo, “el que piensa de antemano” versus Epimeteo, “el que piensa después”. 

Juan Luis Mejía, ex rector de EAFIT, publicó hace unos años “El culto al avispado”, pequeño ensayo sobre la misma disyuntiva. A principios del siglo XX, un desertor se internó en las selvas del bajo Cauca. Buscando fortuna se hizo pasar por experto aserrador sin tener ni idea del oficio. Vivió “dos años a cuerpo de rey” para, dice Mejía, convertirse en arquetipo del antioqueño: “recursivo, atrevido, chacharachero, audaz…” en una palabra, un avispado con “profunda confianza en sí mismo, (que) no requiere preparación… no prevé las situaciones, las resuelve en cada momento gracias a su viveza”.

Hay un deje despectivo con el avispado, que corresponde al que quienes planifican le tienen a los recursivos. La tecnocracia “de siempre” desconfía de los “nunca” por sus lagunas en teoría económica. Pero la patria milagro, esa aversión a planificar, tiene buen pedigree conceptual. Viene al menos desde Arnold Harbeger de la Escuela de Chicago. Aunque no recibió el premio Nobel y, como el nuevo gobierno, está a la derecha de lo soportable para la intelectualidad local, fue un economista respetado por la academia norteamericana. Mientras Milton Friedman era el faro teórico y mediático, Harberger formaba a los estudiantes latinoamericanos conocidos como Chicago Boys. En un conocido trabajo buscó  explicar la reducción de costos en distintos sectores con la metáfora de “la levadura versus los hongos”. La analogía surgió del hecho que la fermentación “hace que el pan se expanda de manera uniforme, como un globo al llenarse de aire, mientras los hongos aparecen de un día para otro”. Planificar el desarrollo presupone que la economía se comporta como algo que crece  homogénea y armoniosamente. Es muy distinta de los hongos, que lo hacen de forma caprichosa, dispareja y, sobre todo, absolutamente impredecible, como un terremoto. 

Un buen test para tomar en serio los champiñones sería verificar si alguna política pública surgida de los últimos planes de desarrollo en Colombia fue factor relevante para explicar y replicar el éxito de los recientes plusmarquistas colombianos en emprendimiento. Con orígenes y actividad variados -fintech, energías renovables, vivienda usada, entregas a domicilio, software contable- todos partieron de lo que había, no buscaron inventar nuevos sectores, ni cambiar el mundo. Algo similar puede decirse de los pocos mini negocios informales que lograron consolidarse y convertirse en empresas de tamaño respetable: tratamiento con frutas para el cabello, tenis de diseño, fajas, distribución para tiendas. Una verdadera miscelánea. 

Los planificadores pregonan que el Estado debe suministrar los bienes públicos para que funcionen las empresas: macroeconomía sana, seguridad, infraestructura, transporte, justicia, atención de desastres etc… ¿Pero, quién define las prioridades? ¿Cuándo y cómo se sabe si lo que hay es suficiente? ¿Cuáles son el tamaño y el papel razonables de un Estado? Todos los negocios referidos operaron con lo que había y salieron adelante aún con pandemia. 

Dos temas merecen especial atención: salud y educación. Sobre la primera hay relativo acuerdo en un servicio público básico complementado con especialidades privadas. Con la educación el debate es álgido. Se pueden apresurar algunas ideas de la pequeña muestra de emprendimientos más exitosos escogidos por Forbes en 2026: dos los montaron personas que estudiaron en EEUU y cinco en universidades privadas (Uniandes y EAFIT), que bien hubieran podido ser beneficiarias de “Ser Pilo Paga”, el programa prematuramente desmontado por la mentalidad estalinista. Un punto crucial es no haber estado sometidas al tóxico discurso anti empresarial que asimila capitalismo a monopolio depredador que apoya paramilitares. 

Finalmente, el avispado condujo al liderazgo paisa en emprendimiento: con un 13% de la población, Antioquia “concentra entre el 22 % y el 25 % de las startups del país”. Ni Mejía ni el autor que cita -de hace un siglo- pensaron que una nueva variante de este personaje sería un gobernante y sus alfiles convertidos en hongos venenosos, astutos personajes empeñados en saquear al Estado y buscar impunidad. A estos amanita muscaria, sólo los detienen las instituciones que, cuando funcionan, son como la levadura madre. 

REFERENCIAS

Alguero, Miguel Orlando (2026). “Estas son 5 empresas paisas que crecen en Colombia y en el mundo” El Colombiano, mayo 18

Barrios, Mª José (2026). “Así se consolida el recorte del Estado: manejo de la crisis obligó a replantear prioridades”. El Espectador, agosto 23

Bernal, Camila (2024). “La mujer que convirtió la tragedia en una historia de éxito empresarial, ya factura US$3,5 millones”. Forbes Colombia, mayo 15

Caparroso, José (2026). “Seis colombianas figuran entre las compañías de mayor crecimiento de Endeavor a nivel mundial”. Forbes Colombia, abril 7

Harberger, Arnold (1998). “A Vision of the Growth Process”, American Economic Review, 88(1):1-32

LD (2026). “Qué es la UCO y cómo se organizan sus más de 600 agentes de élite frente a las tramas de corrupción y crimen organizado”. Libertad Digital, mayo 5

Mejía, Juan Luis (2010). “El culto al avispado”. UniversoCentro Nº 9, febrero

Pérez, Juan David (2026). “DIAN, DNP,  Secretarios y Vices: Maratón de Nombramientos de Abelardo”. La Silla Vacía, agosto 13

Zapatero, la justicia y el caduco socialismo democrático

Publicado en El Espectador, agosto 20 de 2026

Un asunto importante después del verano en España será el eventual juicio a José Luis Rodríguez Zapatero (ZP) tras la imputación por tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales, evasión fiscal y contrabando. Es posible pero poco probable que este proceso tumbe a Pedro Sánchez. En todo caso, habrá repercusiones en Colombia.

Pablo Iglesias ya tuvo dificultades con RTVC. En 2024 Hollman Morris anunció un espacio dirigido por este ex político dedicado al “periodismo serio, pero sin ocultar afinidades ideológicas”. Medios españoles anticiparon que el fin del petrismo amenazaba el arreglo que permitió a Iglesias acusar de fascista a Abelardo de la Espriella durante la campaña electoral. Los enredos judiciales de ZP perjudicarán la imagen de la izquierda democrática en España y Latinoamérica. El romántico “ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho” quedó en franca contradicción con el codicioso defensor de Maduro que utilizó su posición, sus contactos y hasta a sus hijas para enriquecerse ilegalmente. 

Menos célebres pero dicientes han sido sus opiniones sobre la justicia penal. Hace unos años, ZP se declaró partidario de la “mínima intervención del derecho penal en los conflictos políticos”. En 2003, para evitar que en el País Vasco se convocara un referéndum independentista, el gobierno del PP estableció penas entre 3 y 5 años para el delito de “convocatoria ilegal… por referéndum”. Al llegar ZP al poder esa conducta dejó de ser delito. La justificación: tales actuaciones “no tienen entidad para merecer el reproche penal, y menos aún si la pena es la prisión”. 

El humanismo naufraga para calificar las condenas a los adversarios políticos por delitos de corrupción, con condenas de muchos años de cárcel. Otra declaración de intenciones frágil es la de no entorpecer las investigaciones judiciales. Ante la imputación, ZP manifestó su plena “disposición a colaborar con la justicia”. Insistió en su inocencia: “mi actividad pública y privada se ha desarrollado con respeto a la legalidad… quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración ni el sector público para el rescate de Plus Ultra” el cargo más grave.  

Por proximidad ideológica, un vínculo nominal entre Colombia y ZP es la Internacional Socialista de la cual fue vicepresidente y Ernesto Samper activo promotor con su partido Poder Popular. Pero el verdadero contacto político con ZP fue la mediación venezolana del 2016 cuando Samper, entonces secretario de UNASUR, promovió el diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición. Según un medio español, fue una invitación envenenada: “Samper ofreció (a ZP) participar en la Comisión de la Verdad… con la que Maduro pretendía contrarrestar el efecto de la Ley de Amnistía”. Se trataba de imponer los intereses chavistas, “16 integrantes revolucionarios y cuatro puestos para opositores, rechazados incluso antes de empezar”, remata el periódico. Encima, en esa ocasión Samper hizo suyas “las acusaciones de Maduro contra EEUU… (pues) fuerzas internacionales estarían tratando de inmiscuirse en asuntos internos del país cuando las soluciones tienen que venir de los venezolanos”. Posición paradójica cuando el mismo intermediario buscaba involucrar al líder español en la política interna venezolana. Un año antes, según Americas Quaterly, Samper viajó a Caracas para una reunión privada con Maduro quien luego acusó “a la administración Obama de orquestar un golpe sangriento contra el gobierno venezolano”.

Fue por esa época que ZP se volvió activo mediador en Venezuela. En 2017 según la BBC, llevaba “varios años promoviendo el entendimiento entre ambas partes”. Lo que la justicia española descubrió recientemente es que esas labores le generaron no sólo jugosos honorarios sino descomunales comisiones sobre los negociados del sanchismo con empresarios chavistas. Lo que realmente asombra es que el carismático líder, faro moral del socialismo español y latinoamericano, el que prometió colaborar con la justicia, haya mutado a aprendiz de tinterillo empeñado en buscar atajos procedimentales para invalidar la evidencia en su contra. Para este socialista, el castigo es inútil, pero cuando puede caerle conviene evitarlo como sea. 

Ahora que el enfrentamiento político se centrará en la narrativa, si el mentor europeo acaba encarcelado como Maduro, ¿qué hará la aporreada izquierda  activista colombiana? El resentimiento y la inquina de la oposición militante ante la ejemplar respuesta al terremoto de un gobierno sin desempacar impiden ser optimista. Víctimas y observadores tuvieron algo de alivio con la “serenidad de los competentes”. 

Además, el sátrapa venezolano recibió la desinteresada ayuda del otro ex presidente colombiano sin visa USA, involucrado en UNASUR y la Internacional Socialista presidida por Pedro Sánchez, tan cercano a ZP como criticado por Trump. La lógica y mecánica precisas del embrollo son demasiado confusas, pero sería apresurado descartar que estos factores pudieron contribuir a la ausencia de Samper en la reciente posesión presidencial.

REFERENCIAS

AQ (2015). “Secretary-General of UNASUR & Nicolás Maduro Meet in Caracas”, February 5

BBC (2017) “Nuevo intento de diálogo entre gobierno y oposición de Venezuela por iniciativa de República Dominicana y del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero”. BBC Mundo, septiembre 13

Constantini, Luca (2026). “La salida de Gustavo Petro amenaza el negocio de Pablo Iglesias en Colombia”. The Objective, agosto 8

EC (2024). “Hollman Morris incluirá programa de Pablo Iglesias, exlíder de la coalición política Podemos de España, en RTVC”. El Colombiano, nov 18

EC (2025). “Consejo de Estado tumba la personería de Poder Popular del expresidente Samper y desata críticas de Petro”. El Colombiano, sep 19 

EE (2025). “Trump deja en evidencia a Sánchez por su gasto en Defensa ante 30 líderes mundiales en la cumbre por la paz en Gaza”. El Español, oct 14

Fajardo, Alejandro (2026). “La serenidad de los competentes”. Substack, agosto 11

Gálvez J.J. e Irene Dorta (2026). “El juez mantiene la imputación de Zapatero tras un interrogatorio exigente y cuatro fuentes de prueba”. El País, junio 18

Gómez, Teresa y Fran Serrato (2026). “Zapatero evita contestar a la Fiscalía dentro de su plan para anular la causa”. The Objective, junio 18

HP (2022). “Las principales reacciones a la tercera condena al PP por la trama Gürtel: Ni regeneración ni renovación”. HuffPost, abril 8

Lozano, Daniel (2016). “Zapatero, mediador en Venezuela en pleno despliegue militar”. El Mundo, mayo 17

Masa de Vega, Adrián (2026). “La lista de condenas más altas por corrupción en democracia”. EFE, junio 24

Ramos, Fernando (2024). “Zapatero dice que hay casos en que la política debe quedar exenta del Código Penal”. Mundiario, febrero 7