Publicado en El Espectador, septiembre 10 de 2026
Parte del escepticismo con el proceso de paz santista surgió de pensar que el ambicioso inventario de reformas acomodadas por fast-track después del rechazo al plebiscito se incumpliría por el débil compromiso de gobiernos posteriores con el Acuerdo. La segunda temporada del podcast en el que JM Santos regaña al mundo por ignorar su plan decenal de desarrollo rural revela que el fracaso de varios capítulos no se explica por algo tan simple como el saboteo de unos presidentes. El legislativo colombiano, independiente del ejecutivo, no supo, no pudo, o no quiso, aprobar la ambiciosa agenda de proyectos apenas implícita en el “mejor acuerdo posible”.
La evolución de la paz pactada en el papel empezó con planes faraónicos de un académico soñador aupado por un político ambicioso obsesionado con su imagen internacional; y terminó en un texto voluntarista y generoso con un grupo insurgente marxista-leninista, jerárquico, dogmático, formateado para usar armas y aferrado a ellas. Es un desatino estigmatizar con etiquetas como “persona llena de odio”, intolerante, excluyente, fascista o fanática ultra católica a quien simplemente rehúsa la legitimidad del diálogo, la “construcción de país”, con una agrupación que uno de sus comandantes reinsertados, Pastor Alape, describe como poco democrática.
Un punto importante es la denominación adoptada inicialmente por los antiguos guerrilleros para su partido político: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común con el mismo acrónimo FARC de la organización desmovilizada. “Nos equivocamos en el primer nombre (del) partido. La carga de la narrativa sobre FARC nos hacía la campaña dura… Decidimos quitarle esa carga… de la imagen de guerra, del fusil, de la bomba y poner otra mucho más común… no repetir las viejas formas de la política”, anota Alape.
Se puede plantear que esa detestada y temida sigla, esa “imagen de guerra”, buscaba dejar claro que la lucha incansable por el poder continuaba, ahora con retórica que las armas pueden usarse por la paz. Eso lo dejó claro Iván Márquez, figura clave de las negociaciones, al declararse disidente en 2019. Hacia allá también apuntó Alape hace apenas un año: “nosotros mantenemos prácticamente la misma línea porque nuestra visión (corresponde a) un partido leninista….”. La negociación sobre cómo encajar eso en una democracia tardó cuatro meses. Era la cuadratura del círculo. Una orientación no comunista hubiese sido aceptada sin problema: el liberalismo colombiano hace parte de la Internacional Socialista. Pero no es fácil identificar partidos que se reconozcan leninistas y no busquen derrocar el poder establecido. En El Estado y la Revolución (1917) Lenin insistió que el Estado burgués no se puede “reformar” pacíficamente; debe ser destruido y reemplazado. Ni siquiera el nuevo nombre, Comunes, para diferenciarse de las disidencias, logró que las ex FARC superaran su férrea e indeleble formación ideológica y política.
En cuanto al acuerdo sobre participación electoral en los territorios las malas noticias no vienen solo de Alape. Varias personas cercanas al Nobel anotan que el propósito de “cambiar las balas por votos” no se concretó. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, difícilmente clasificable como enemiga de la paz, señala las enormes dificultades en el Congreso para alterar costumbres. “No tenemos partidos políticos de ciudadanos y ciudadanas sino de jefes y jefas”, anota. Sobre la proliferación de grupos armados y la paz en algunas regiones, el panorama es desolador. El control territorial ahora se busca no sólo por razones económicas -extorsión o mercados ilegales- sino para asegurar resultados electorales. Lo que se juega en cada elección es el poder político local. Si el mando lo mantiene un grupo armado ilegal, vendrá con recursos en efectivo para apoyar intereses proselitistas.
La gobernanza en micro territorios “hoy está segmentada por la presencia de frentes con jefes cada vez más jóvenes y sin formación política” anota Barrios. La práctica leninista sufrió tal metamorfosis que ahora parece más apropiada para el teatro surrealista. En 2023, causó escándalo en Popayán “la posible presencia de las disidencias de Iván Mordisco en la instalación de las elecciones”. En abril de 2025 los militares tuvieron que defenderse de los hostigamientos armados de una disidencia FARC, y también proteger “el puente con el que reemplazaron el que voló” esa misma disidencia.
Muchas personas, invitadas o no por Santos, afirman que, sin el Acuerdo de Paz de 2016, Petro no habría alcanzado la presidencia. Hay suficiente evidencia para plantear una variante a ese desacierto: la Paz Total, por su ambición, precario polo a tierra y deplorable criminología, simplemente profundizó los principales yerros de la paz santista, sin el irrefutable logro de haber desarmado la mayor guerrilla del país. Pero el veredicto de las urnas es claro: Colombia no quiere leninistas en el Congreso.
