La soberbia y desfasada propaganda a la Paz santista

 Publicado en El Espectador, agosto 13 de 2026

La decisión del nuevo presidente de no invitar a Juan Manuel Santos a su posesión tendría que ver con “diferencias radicales frente a la negociación con las Farc”. Colombia descansó al impedir que un par de voluntaristas autócratas se atornillaran al poder más tiempo del contemplado en la Constitución. Una versión taimada de ese mismo propósito fue dejar, después de dos cuatrienios en la presidencia, un ambicioso plan de desarrollo para el campo cuya ejecución, financieramente incierta, requería cuatro períodos adicionales.  

“La sola implementación del proceso de paz es un gran programa de gobierno... Ahí estaba buena parte de la solución de los problemas” es la afirmación más ingenua, irrespetuosa y desconcertante del podcast La Historia no Contada del Proceso de Paz que empezó a publicar Juan Manuel Santos a finales de 2024. Con escasa objetividad, el premio Nobel entrevista a gente de su equipo con analistas incondicionales de la controvertida negociación. El ejercicio se inicia con un chiste bastante flojo  pero revelador: “ahora sí les voy a contar cómo fue que le entregué el país a las FARC”. 

JMS recurre a argumentos falaces y abunda en el cherry picking. Incluso, permite dudar si realmente existieron esas señoras que se acercaron a decirle, militares que le contaron o víctimas que le dijeron. Es lamentable su manejo acomodaticio de las causalidades. Con escasa modestia, para él, casi cualquier manifestación de la violencia ocurrida desde 2018 se hubiese evitado implementando el Acuerdo. Incluso le dio lecciones de derecho constitucional al presidente electo. Una protuberante falencia de este ejercicio de propaganda ex post es no haber invitado víctimas de las FARC para contar pormenores de un proceso centrado en esa figura.

Es obligación de cualquier gobernante superar el atraso del campo, la exclusión por falta de oportunidades, la desigualdad y las carencias de servicios públicos. Bastante más arriesgado resulta mezclar, con criminología precaria, la relación causal entre esos factores y un conflicto armado alimentado por economías ilegales. Lo que ya es abiertamente inaceptable para una alta proporción de la ciudadanía es que esos planes y programas se hayan discutido con quienes se declararon enemigos del Estado y pretendieron tomarse el poder con las armas. En cualquier democracia seria, una línea roja es no conceder beneficios políticos a quienes los buscaron de forma violenta. 

JMS reitera, como muchos adláteres, que sin su proceso de Paz, la izquierda no hubiese llegado a la presidencia. Nada más contraevidente. Varios políticos de izquierda -Ernesto Samper, Carlos Gaviria, Antonio Navarro, Clara López, Iván Cepeda- ejercieron, rondaron, han vivido el poder. Gustavo Petro preparó su ascenso primero como congresista y, sobre todo, desde la Alcaldía de Bogotá; allí aprendió las corruptelas cometidas por el Pacto Histórico desde 2022 con descaro y arrebato. La “filosofía de la impunidad” ante el delito político viene de lejos, dio un salto cualitativo con la JEP de JMS e hizo metástasis con la Paz Total. El eventual punto de quiebre en los chances de que la izquierda gobernara fue la Constitución del 91, esa que incomodó a Petro-Cepeda pero que ya había sufrido un ajuste fast-track para encajar una ambiciosa agenda legislativa después de 6 años de gobierno Santos y una derrota en el plebiscito. 

Un capítulo revelador del podcast es “Los saboteadores de la paz” en el que Humberto de la Calle, bastante ecuánime, califica la actitud de Álvaro Uribe no como saboteo sino “oposición” y manifiesta comprender sin compartir las opiniones de los militares retirados opuestos al proceso. Bajo un gobierno que hizo explícita su voluntad política de implementar el Acuerdo de Paz de 2016 con magros resultados, con un giro de 180º en el entorno geopolítico -Trump en Venezuela y Cuba- y la mayoría de curules del Acuerdo de Paz respaldando a Abelardo,  seguir llamando saboteadores a los escépticos de la paz santista es un despropósito. 

La confusión y opacidad en el tema narcotráfico en las FARC merece un análisis separado. Baste adelantar que antes de abandonar el proceso ya se habían retirado de la mesa, o preparaban su salida, todos los comandantes claves del procesamiento y exportación de cocaína colombiana. 

A nadie sorprendió que en su discurso de posesión el nuevo presidente  hiciera una demoledora crítica a la médula de la paz del 2016, la JEP. Expresó que respetará “el orden jurídico, sin renunciar al deber de revisar, con absoluto rigor, los efectos de una jurisdicción que nació desconociendo la voluntad popular… una Nación no puede aceptar que la justicia se convierta en un mecanismo de indulgencia”. Para oír ataques ya cantados a los procesos de paz anteriores, era apenas prudente que no estuviera presente el principal promotor del más ambicioso. 

REFERENCIAS

Akörde CORE (2024). “Disidencias por dentro”. Podcast

EH (2026). ““No más procesos de paz”: Abelardo de la Espriella”. El Heraldo, marzo 27

Gómez , Carol Tatiana (2026). “La mayoría de curules que nacieron del Acuerdo de Paz respaldan a Abelardo de la Espriella, crítico del proceso”. Cambio, julio 22

González, Jorge (2026). “¿Por qué De la Espriella no invitó a Santos a su posesión?”. Las2Orillas, agosto 4

Mejía Farias, Luna (2026). ““La Constitución dice que tiene que implementar el Acuerdo de Paz”: Santos a De la Espriella”. El Espectador, julio 27

TC (2023). “Balance del primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro en materia anticorrupción”. Transparencia por Colombia, sf

Trejos Luis Fernando y Reynell Badillo (2024). “De Total a Parcelada: la Paz de Petro en 2024”, La Silla Vacía, dic 23

Valencia, Carolina (2026) “De la Espriella sobre la JEP: “Respetaré el orden jurídico vigente sin renunciar a revisar””. Noticias Caracol, agosto 7

La red de mujeres poderosas al servicio del Presidente

 Publicado en El Espectador, agosto 6 de 2026

En el agobiante ocaso del Gobierno del Cambio, con pesada mochila de escándalos de corrupción, se esperaba que Gustavo Petro ya no sorprendiera ni generara más rechazo. Aunque defender de las acusaciones a su círculo cercano para endilgarle la culpa a sus enemigos ya era usual, el “macrocaso” de las hermanas Guerrero y otras mujeres influyentes en la contratación con entidades estatales cayó cual tsunami. Al ataque enemigo le agregó una variante: los inescrupulosos eran los empresarios engañados que corrompían su administración. Ahora se sabe que tras un modesto cobro inicial por atender una cita, las intermediarias exigían $200 millones para mover hilos e incidir en los procesos contractuales con 10% por el éxito del trámite e indicaciones para ocultar lo recaudado. 

Hubo reacciones del clan Petro a la banda de timadoras. “No es un sex symbol, yo lo veo hasta feito” afirmó su hija Andrea. “No defiendas lo indefendible” le recomendó Mary Luz Herrán, ex esposa. Hurgando el oscuro trasfondo, el patriarca trinó que “la cercanía política no la mido por la belleza sino por la coherencia… Llevan años tratando de construir relaciones sentimentales mías con mujeres hermosas… La mujer hermosa inteligente asusta a los hombres débiles de mente y guía la fuerza femenina”.

Juliana Guerrero entró al Gobierno por la Oficina de Transparencia. Allí llegó recomendada por un profesor universitario que conoció en movilizaciones estudiantiles. Con su hermana Verónica compartieron “espacios de trabajo en las campañas al Congreso y a la Presidencia del Pacto Histórico, en el 2022” y él les ayudó, repartiendo sus hojas de vida, pues aseguraban ser desplazadas. Poco después el mismo maestro “empezó a ver desfilar a Guerrero por varias entidades con pinta de millonaria” y terminó pidiendo investigar las denuncias de Angie Rodríguez, directora de Fondo de Adaptación del Minhacienda, contra el Presidente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. 

En febrero de 2025, cuando en un concejo de ministros presentó a Juliana, Petro destacó su curriculum: “Juliana es un poco joven, digamos, pero muy activa, rebelde, como las juventudes que nos hicieron ganar las elecciones”. Inicialmente, se le reprochó la presunta compra de títulos profesionales. Petro la nombró representante en la junta de una entidad de educación superior. Después, o antes, había otras “favoritas” cuyos nombres apenas se empezaron a conocer. Una pregunta pertinente es quién y con qué mecanismos se reclutaban las encargadas del esquema de “coima ligera” con el que se logró “acceso emocional a los representantes del poder”. Faltan años de reportería independiente para tener una idea sobre los entresijos de este melodrama. 

Otra inquietud es por qué el presidente jugó tan sucio. “Tiene que ser muy corrupto para poner a robar a las novias” me comentó un colega desconcertado. Una respuesta rápida es que Petro confiaba que Cepeda ganara las elecciones, garantizándole impunidad. Sería ingenuo pensar que las maniobras navales y la presencia de personas cercanas a Trump antes y durante las presidenciales fueron irrelevantes. En lo que aún yerra ingenuamente el líder del Pacto Histórico es negándose a aceptar que el mundo cambió. Así lo revela su último y lacónico viaje al extranjero, a “un lugar vital para la soberanía nacional y la lucha por la vida en el Caribe: la Cuba agredida”. También advirtió “cómo ahora la agenda diplomática colombiana se reducirá a los dictámenes de Tel Aviv”. Cultivando con esmero la tirria no sólo de Trump sino de cualquier demócrata, Petro insiste en apostarle al lado autócrata de la historia. Aún no calibra el desprestigio de los Castro o Maduro y mucho menos de tiranos lejos del vecindario. 

No habrá que escarbar demasiado el pasado del romántico ejército emancipador que le sirvió al patético Aureliano de escudo para sus desmanes. Darío Villamizar ex M-19, destacado investigador y analista del conflicto armado, relata varios esfuerzos del grupo por contactar a Muamar Gadafi formalmente señalado por EEUU, Reino Unido, Francia e Italia como patrocinador del terrorismo internacional y luego asesinado en la Primavera Árabe. “En 1983 el M-19 lideró una delegación de dirigentes guerrilleros latinoamericanos para proponerle a los libios que apoyaran un ejército insurgente continental; participaron Bateman, Pedro Pacho y La Mona” con representantes de otros países. “Gadafi estaba impresionado, ofreció todo su apoyo”. 

Tanto o más que la geopolítica, lo que realmente ha cambiado es la intolerancia con el machismo y la misoginia de los gobernantes. Ya entonces el trato de Gadafi hacia las mujeres fue uno de los elementos que más dañaron su imagen y contribuyeron a su caída, sobre todo por la incoherencia entre el discurso oficial de emancipación femenina, su Guardia Amazónica y el hecho escueto que, como muchos sátrapas, “gobernaba con el sexo”. 

REFERENCIAS

Agudelo, Francy (2026). “Andrea Petro opinó sobre Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y las mujeres que se acercan a Gustavo Petro”. Infobae, agosto 1

Berardi, Luján (2025). “¿Amazonas o harén?, la historia del cuerpo de guardaespaldas femenino de Gaddafi: “Teníamos que tener pelo largo para ser elegidas””. La Nación, octubre 20

Duncan, Gustavo (2026). “De coima ligera”. El Tiempo, julio 28

EC (2026). “Petro no fue a EE. UU. por ir a la “Cuba agredida”: será su último viaje como presidente”. El Colombiano, agosto 5

Pardo Jhoan (2026). “Ni una, ni dos: los discursos que ha dado Petro para defender a Juliana Guerrero, la polémica funcionaria acusada de comprar títulos profesionales”. Infobae, julio 26

Santanilla, Felipe (2026). “Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, habló del escándalo de Juliana Guerrero y envió mensaje al presidente: 'No defiendas lo indefendible’”. El Tiempo, julio 27

Teruel, Ana (2012). “Gadafi gobernaba con el sexo”. El País, octubre 1

UI (2026). “Así se movían estratégicamente por Casa de Nariño Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, las jóvenes que tienen dando explicaciones a Petro”: El Tiempo, Unidad Investigativa, agosto 1

Vargas, Mauricio (2026). “Un macrocaso de corrupción”: El Tiempo, agosto 2

Villamizar, Darío (2022). “Colombia: Organizaciones guerrilleras desmovilizadas en los años 90, una aproximación a sus actividades internacionales. (Los casos del EPL, CRS, M-19 y PRT)”  En Arias et.al. (2022). Violencias y resistencias. América Latina entre la historia de la memoria. 

El jurista de las FARC: una tozuda visión de las víctimas

  Publicado en El Espectador, julio 30 de 2026

La visita a Madrid de Rodrigo Londoño, ex Timochenko, generó críticas de la derecha a su anfitrión, Enrique Santiago. Le reprocharon el férreo comunismo, avalar la dictadura cubana y su complicidad con Maduro. Nadie del PSOE lo defendió. Esto permite descartar la idea que buscaba apoyo político ante la derrota de la izquierda en las presidenciales colombianas. En ese frente Santiago ofrece poco. Otra conjetura indirecta es que Londoño habría ido a averiguar si, ante los radicales cambios políticos, las disidencias FARC -como Iván Márquez e Iván Mordisco- podrían acudir a la JEP. La actuación de este abogado asesor de las FARC en La Habana  respalda la hipótesis. En eso es experto y tiene contactos. 

Según señaló Santiago en una entrevista a Semana en 2015, tras un año trabajando con las FARC “por invitación y auspicio del gobierno noruego”, su rol principal era aclarar “qué acepta y qué no acepta esa guerrilla en materia de justicia”. Ante la pregunta si admitirían un tribunal, categóricamente afirmó: “Si esto se plantea como escenario para juzgar a una de las partes, por supuesto que lo van a rechazar… esto no es una derrota ni una rendición”. Nunca vio a las FARC como victimarios sino, por el contrario, como sufridas víctimas del Estado y la oligarquía. “La gente piensa que la sanción restaurativa consiste en hacer turismo. Pero es una pena muy dura porque requerirá mucho esfuerzo y mucha dedicación personal y tiempo. Es muy útil porque va a reparar a las víctimas y a la sociedad frente a la pena de prisión… Cualquier sistema penal moderno restringe cada vez más las sanciones de cárcel” explicó a un medio español en 2017. Viendo cómo actualmente sus colegas socialistas reciben muchos años de prisión por delitos menos atroces debería actualizar su doctrina. 

Para este asesor, recomendado a las FARC por Piedad Córdoba, no sólo el Estado es el victimario y las FARC las víctimas sino que, adicional a la rebelión, es peor como delincuente común: “no hay un sólo tribunal en el mundo con un kilo de cocaína incautado a las FARC. Y sin embargo, sí hay aviones presidenciales colombianos detenidos en EEUU con toneladas de cocaína. Así que, ¿quién es el narco?” declaró en una entrevista tras la disidencia de Iván Márquez. 

En La Habana, las negociaciones sobre la justicia transicional quedaron estancadas en 2015. Un punto crucial era el de las sanciones, que las FARC se negaban a aceptar. Con 50 años de lucha, “han ido construyendo una legitimidad que se expresa en resolución de conflictos, que se define como revolucionaria y no admite la legitimidad del Estado”. Todos los puntos de la negociación se resolvieron en pocos meses. En el de justicia, cuenta Santiago en otra entrevista, “llevábamos casi 14 meses sin encontrar puntos de acuerdo”. Un antiguo negociador en el conflicto de Irlanda le indicó a Juan Manuel Santos que después de cierto tiempo se crean animadversiones en la mesa y conviene reemplazar las partes enfrentadas. Esa lógica se aplicó sólo a una de las partes. Los voceros de las FARC, incluyendo al duro y curtido Santiago, conservaron su posición. “La gallardía de Santiago y su apertura de miras han sido decisivas para este acuerdo” diría luego uno de los constitucionalistas negociadores del gobierno. 

Al brío madrileño lo engalanó el entusiasmo. “No me cabe duda que fue la idea más genial para solucionar un problema ya enquistado después de 14 meses de bloqueo”, celebró  Santiago. “Ahí se creó un ambiente de relajación… hubo un avance muy rápido: en apenas tres horas salimos con ese documento de 12-13 puntos, una columna vertebral de lo que luego fue la JEP en el Acuerdo”. Difícil imaginar un escenario más favorable para tramitar el deseo explícito de las FARC, racionalizado y machacado por el jurista, de evitar un tribunal “severo” e ilegítimo para ellos. Una contraparte recién aterrizada, con enorme presión de tiempo, evitaba la engorrosa tarea de conocer víctimas reales de los abominables crímenes de las FARC, como pesca milagrosa, intercambio del rehén por familiares, cobro de rescate por un cadáver, collar bomba, encierro con alambradas, reclutamiento de menores para satisfacer comandantes con esclavas sexuales y obligarlas a abortar etc… ¿Para qué molestarse en debatir lo que sienten o buscan las víctimas de esa guerrilla ante la fórmula, estándar y universal, en el Estatuto de Roma, del derecho a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación? Encima, para hacer operacional ese esbozo unánime, sin otros compromisos, como sí los tenían los representantes del gobierno, el aplicado jurista pudo supervisar los detalles del disparate hasta la firma del Acuerdo de 2016.  

REFERENCIAS

Lafuente, Javier (2016). “El abogado español que encarriló a las FARC”. El País, sep 27

RS (2015). “¿Qué es lo que plantea el abogado de las Farc?”. Semana.com, 24 de julio

Prieto, Albert (2019). “Enrique Santiago, abogado de las FARC: Se equivoca Iván Márquez, pero sólo pide cumplir el acuerdo”. El Español, sep 9

Rincón, Reyes (2026). “El Supremo condena a Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel, a Koldo García a 19 años y ocho meses y deja libre a Aldama·. El País, junio 22

Santos, Juan Manuel (2024). “La paz paralizada por la justicia”. En La historia no contada del proceso de paz, podcast, Youtube nov 13

Schäferm Thilo (2015). “Las FARC nunca han pedido impunidad”- Entrevista a Enrique Santiago, La Marea, nov 17

Irse de rositas por la JEP y uno de sus creadores

 Publicado en El Espectador, julio 23 de 2026

El Diccionario fraseológico documentado del español ofrece una definición hecha a la medida para un incidente bastante debatido recientemente:  “sin pagar lo que se debe o sin recibir el castigo merecido. Generalmente en la locución «irse de rositas»”. Fue eso lo que, literalmente y autorizado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hizo Rodrigo Londoño ex comandante Timochenko y ahora presidente del partido Comunes. 

Bastante poco se discutió el objeto de ese viaje que, supuestamente, era para participar en una reunión convocada por la “Secretaría de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida” (IU). Esta coalición política española incluye al Partido Comunista (PCE) con otras organizaciones y movimientos a la izquierda del PSOE. Su más activo y visible líder, Secretario General del PCE, es Santiago Enrique, abogado especialista en justicia social y anticapitalista consumado. Es conocido en Colombia por su papel como asesor y representante de las FARC en las negociaciones de La Habana. Sobre el peculiar encuentro en Madrid hay bastante misterio. Se anunciaba un seminario pero sólo consta que Londoño se reunió con Santiago. Esa opacidad invita a plantear conjeturas. Una es que la realidad geopolítica cambió y la izquierda colombiana necesitaría actualizar la narrativa. Particularmente enredada y caduca es ahora una pieza medular del discurso: la tajante distinción entre delito político y crimen común contaminada por el narcotráfico. 

Ese desatino lo ilustra al dedillo la reacción de la élite pazóloga Santista ante una de las primeras disidencias FARC, la de Iván Márquez. En algún lugar de Bogotá, en agosto de 2019, el premio Nobel de la Paz, rodeado de sus principales alfiles en la negociación, leyó un comunicado como si siguiera gobernando, a pesar de que ya llevaba más de un año como ex presidente. Hay varias perlas. La primera, el colosal voluntarismo: “no permitiremos que Iván Márquez y los demás desertores pretendan poner en peligro el logro de la paz”. Dos, la peculiar visión de cómo se debía evaluar una compleja, ambiciosa y costosa “política pública” colombiana, también con instrucciones precisas a su sucesor: “sugerimos que el gobierno nacional invite a los comisionados expertos, a través del acuerdo con los expresidentes Felipe González y Pepe Mujica, para evaluar conjuntamente la implementación”. Tamaña evasión de responsabilidades sobre el hecho innegable que el Acuerdo se firmó con una grieta importante: las disidencias de las FARC. Antes del Acuerdo ya se habían rebelado Iván Mordisco y Gentil Duarte, poderosos narcotraficantes que, con enfrentamientos fratricidas por el mercado de la droga, implicaron un serio recrudecimiento de la guerra que dinamizó el reclutamiento forzado. 

Cual violentólogo amateur, refiriéndose a Márquez, Santrich y su nuevo frente, el Nobel sentenció “ellos mismos escogieron convertirse en otra banda criminal”. No hace falta ser jurista para comprender que el discurso de Iván Márquez al sublevarse de nuevo contra el gobierno tenía el objetivo bien específico de demostrar que seguía siendo delincuente político, jamás un criminal callejero. “Anunciamos al mundo que ha comenzado la Segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión”. Marcando distancia con un atracador común, Márquez habló del problema agrario y el campesinado sin acceso a la tierra. Incluso renunció a la práctica del secuestro: “la única impuestación válida será la que se aplique a las economías ilegales”. En 2012 en Oslo, al instalarse la mesa de negociaciones, Iván Márquez había proclamado al mundo que su grupo armado quería transformar el país. “Venimos a la mesa con propuestas y proyectos para alcanzar la paz definitiva, una paz que implique una profunda desmilitarización del Estado y reformas socioeconómicas radicales que funden la democracia, la justicia y la libertad verdaderas”. Tenía meridiana claridad sobre las razones del conflicto colombiano y su situación de víctima. “El problema de la tierra es causa histórica de la confrontación de clases en Colombia…las FARC nacimos resistiendo a la violencia oligárquica que utiliza sistemáticamente el crimen político para liquidar a la oposición democrática y revolucionaria”.

¿Qué tienen que ver estos discursos de Iván Márquez con Enrique Santiago, anfitrión de Rodrigo Londoño en Madrid? Pues que este respetado jurista e importante coautor de la JEP ha hecho explícito que para las disidencias, según el derecho internacional, “quien decide por motivos políticos alzarse contra el Estado, lo haya hecho antes o no, está en una situación de confrontación política”. En buen romance, en épocas adversas para Iván Márquez -Venezuela sin Maduro, Colombia con Cepeda y Petro derrotados- la JEP vuelve a ser una opción atractiva para delincuentes políticos que decidan contar su verdad. Cualquiera entiende que, en lugar de continuar la azarosa lucha armada, sin poder jugar a los congelados, también querrá “irse de rositas”. Continúa

REFERENCIAS

BBC (2012). “Colombia: dos discursos sobre la paz que evidencian las dificultades del proceso”. BBC News,  Oct 18

Cortez Palacios, Laura (2026). “Rodrigo Londoño debe presentarse ante la JEP este martes tras su viaje a España; este fue el motivo del polémico permiso”. El País, julio 14

FR (sf). “Irse de rositas” Buscador urgente de dudas, FundéuRAE 

IC (2022), “Miguel Botache Santillana, alias ‘Gentil Duarte’”, Insight Crime, mayo 27

IC (2024). “Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’”. Insight Crime, febrero 28

NC (2026). “Secretos de negociación con Clan del Golfo: Gobierno prometió sacar oficiales y frenar bombardeos”. Noticias Caracol, junio 24

Santos, Juan Manuel (2024). “La paz paralizada por la justicia”. En La historia no contada del proceso de paz, podcast, Youtube nov 13

Torrado, Santiago (2021). “La guerra entre disidencias de las FARC se inclina a favor de un antiguo señor de la guerra”. El País, dic 12

Torres Lasso, Juan Diego (2026). “¿Por qué Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, pudo salir de Colombia tras la decisión de la JEP?”. El Tiempo, julio 10

Detalles de la delcyficación y patética oposición local

 Publicado en El Espectador, julio 16 de 2026

El New York Times publicó un reporte con el día a día de la interferencia de Trump en Venezuela a través de su secretario de Estado y eventual sucesor en la presidencia, Marco Rubio. 

El 3 de enero, poco después de la captura de Nicolás Maduro, Rubio le comunicó telefónicamente a Delcy Rodríguez que tenía opciones: “trabajar con Estados Unidos o sufrir un ataque a mayor escala contra la infraestructura, las bases militares y los altos funcionarios de Venezuela”. Ella aceptó colaborar.

Poco después del, según él, mayor logro de política exterior, Trump alcanzó a pensar si valdría la pena que el Secretario de Estado se instalara en Caracas. Su equipo creyó que era un chiste. Hubiese sido una movida políticamente arriesgada y redundante. “El señor Rubio no necesita mudarse a Caracas. Ya gobierna Venezuela desde Washington”. No es gratuito su apodo de Virrey de Venezuela que “controla las finanzas, la distribución de sus recursos naturales y su gobierno”. Gracias al whatsapp, el seguimiento es cotidiano e incluye “chismes, saludos de cumpleaños y selfies”. 

Sin detenerse en minucias como la soberanía y el derecho internacional, un vocero del Departamento de Estado ve evidentes beneficios en esta relación que permitirá a Venezuela “resurgir como un próspero aliado cuyos ciudadanos se beneficiarán de sus vastas reservas naturales y estrechos vínculos con los EEUU”. 

Decir que Rubio maneja las finanzas de la nueva colonia no es metáfora, ni exageración. “El Tesoro de Estados Unidos recibe los ingresos de la mayor parte de las exportaciones venezolanas y luego los transfiere a través del sistema bancario venezolano… El Sr. Rubio y su equipo establecen las condiciones sobre cómo gastar ese dinero y quién puede hacerlo”. Se estableció una relación aún más fuerte que la mesada familiar a la prole, que permite un margen sobre cómo gastarla. La supervisión incluso sobrepasa la que sufren cantidad de jóvenes: “cuando el presentador de Fox News contactó a la Sra. Rodríguez para que participara en una entrevista, ella le dijo que el Sr. Trump tendría que dar su aprobación”.

El esquema ha permitido disminuir un poco la corrupción más flagrante. También beneficia al gobierno venezolano por recibir ingresos sin ser acosado por numerosos acreedores. En todo caso, Delcy Rodríguez ha perdido autonomía para pagar trabajadores y colaboradores. Rubio supervisa la aplicación de las sanciones estadounidenses, y decide con quién se pueden hacer negocios. Ha reconfigurado el mercado del petróleo venezolano. China perdió su posición dominante como comprador y Rusia prácticamente desapareció. 

Los recientes terremotos reforzaron al gobierno interino. EEUU “ha enviado 900 militares, se ha comprometido a aportar unos 400 millones de dólares en ayuda y ha entregado dinero en efectivo al gobierno venezolano”. Como parte del intercambio, los EEUU han utilizado información de inteligencia venezolana, como la que condujo a la baja de Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, en un ataque con misiles al sur de Venezuela. 

Una inquietud que surge ante esa minuciosa supervisión cotidiana es simple. Si los EEUU lograron férreo control sobre un régimen que los consideraba enemigos, ¿qué cabe esperar de un gobierno que los reconoce como grandes aliados estratégicos y ha manifestado acuerdo con la nueva geopolítica promovida por ellos? Es imposible ignorar que, para la segunda vuelta presidencial, hubo detenida observación de los comicios por la administración Trump. Nunca se sabrá si hubo o no un impacto de esa supervisión foránea sobre los resultados. Pero quedó claro que pesar de todos los esfuerzos del Gobierno del Cambio y su candidato derrotado por desacreditar el proceso electoral, las instituciones colombianas, empezando por las electorales, demostraron su solidez.

Hay situaciones bastante más complejas. Por ejemplo, ¿hasta dónde pueden llegar con su actitud antidemocrática los líderes del partido que, sin ninguna duda, perdió las elecciones? Produce desasosiego que quien se presentó como candidato abierto al diálogo y a los acuerdos con adversarios proclame que “advertimos que en Colombia comienza a configurarse un gobierno paramilitar” y promueva el esperpento de una “desobediencia civil pacífica”. Petro, a su vez, insiste en desconocer a De la Espriella como presidente. Tanto o más difícil de aceptar es la absoluta falta de crítica a los líderes por parte de una élite de analistas de izquierda que sacrificaron la objetividad y credibilidad necesarias para empezar a entender y analizar al seguidor de Trump que ganó las elecciones. Con realidades tan específicas como las disidencias, no superan el estereotipo de una extrema derecha global y silencian un cuatrienio de izquierda pendenciera, sectaria y casi cómplice con criminales. Algunos optan por un volantín ex post. Su soberbia es mayúscula: le ponen condiciones al vencedor para posesionarse y, silenciando que apenas pudieron gobernar por inestabilidad ministerial, proponen crear un gabinete alternativo.