Publicado en El Espectador, agosto 13 de 2026
La decisión del nuevo presidente de no invitar a Juan Manuel Santos a su posesión tendría que ver con desacuerdos irreconciliables sobre la JEP.
El 4 de agosto esa instancia judicial imputó “a 27 comparecientes de las extintas Farc-EP por atentados, masacres, homicidios, desapariciones, desplazamientos, violación, violencia sexual y… tomas guerrilleras que afectaron a la población”. Seis ex integrantes del secretariado fueron imputados por crímenes de guerra contra menores, que incluyen reclutamiento forzado, tortura y violencia sexual.
“Me sigue impresionando la facilidad con la que mataban… es la guerra, guerra” escribió la magistrada Julieta Lemaître al referirse al comunicado de la JEP que precisa las opciones de los imputados: “decidir si reconocen o no responsabilidad por la imputación. Si aceptan, serán convocados a una audiencia pública donde deberán admitir su responsabilidad. Si aportaron verdad y cumplen con el régimen de condicionalidad, se los enviará al Tribunal de Paz para que les imponga Sanciones Propias, destinadas a trabajar en favor de las víctimas”. Pisar una cárcel sería poner en riesgo la Paz. Una insigne feminista celebró la imputación pues incluye la violencia de género que antes prácticamente nunca llegaba a juicio. Con la JEP, según ella, se acabó la impunidad. De manera cautelosa calló que los victimarios, después de una audiencia pública, podrán “irse de rositas” con trabajo comunitario.
El traslapo entre expedientes de la JEP es considerable. En noviembre de 2024, el caso 07 señaló a la cúpula de esa guerrilla por reclutamiento y abuso sexual de menores. Dejó por fuera personas claves como Sandra Ramírez y Victoria Sandino, entonces congresistas, que según algunas víctimas fueron cómplices, por acción u omisión, de los delitos sexuales. A su vez, las víctimas agrupadas en la Corporación Rosa Blanca consideraron “indignante y victimizante” la respuesta del último secretariado. Además, alegaron no haber sido oídas por la JEP y sentirse amenazadas. Rodrigo Londoño, ex Timochenko, imputado, recurrió a un burdo lugar común: “nos quieren estigmatizar y cargar el mayor número de crímenes para no permitir la reconciliación”.
Es apenas lógico y justo que las víctimas de reclutamiento, violencia sexual y aborto forzado pidan penas de cárcel, efectiva y ordinaria, para sus victimarios. Consideran, con razón, que aceptar la verdad y la justicia restaurativa, puede no ser suficiente, como supone la JEP. “Las víctimas quedan satisfechas con el reconocimiento… hay gente que piensa que lo importante es la sanción… que los castiguen… (pero) siempre va a estar decepcionada con el castigo”. Estas afirmaciones apresuradas, sin mayor soporte empírico, también son de Julieta Lemaître. Existe información estadística de no víctimas que desafía esa falacia.
Más de las tres cuartas partes de los estadounidenses apoyan la pena de muerte para delitos de violencia sexual y tortura, una especialidad de las FARC. En América Latina, 80% a 86% de personas encuestadas están de acuerdo con aumentar el castigo ante cualquier crimen. Para Colombia, la proporción es del 82% y ha ocurrido que violadores, especialmente de menores, hayan sido linchados, incluso asesinados, en prisión. A principios de 2013, por ejemplo, en la cárcel modelo de Cúcuta, “el autor del crimen y violación de una menor fue apuñaleado”.
Hay muchas maneras de ser “abolicionista de la prisión”. Una de ellas es la ejecución pública, que ha sido común en la historia. Más del 90% de los estados premodernos, incluyendo Escandinavia, así se pacificaron. La pazología local ha olvidado que la prisión es una opción moderada de las sanciones penales.
Desde el tristemente célebre “quizás, quizás, quizás” coreado en Oslo en 2012 por Iván Márquez y Jesús Santrich para responderle a un periodista español si la guerrilla pediría perdón, las víctimas, particularmente las afectadas por el reclutamiento y la violencia sexual de los comandantes, han sufrido irrespeto, opacidad y desaciertos con escasa reparación y no repetición. En 2019, esta vez desde el Congreso, ya creada la JEP, Santrich expresó compungido a las víctimas “hoy les digo perdón, perdón, mil veces perdón”. Después, se vería envuelto en un confuso “entrampamiento” para extraditarlo por narcotráfico; en contra de la Fiscalía, lo salvó la JEP. Terminó escapándose en un baúl para acompañar a su compinche Iván Márquez en el lanzamiento de la Segunda Marquetalia, la sangrienta disidencia de las FARC que aún persiste.
No sorprende que el nuevo presidente expresara en su posesión que respetará “el orden jurídico vigente, sin renunciar al deber de revisar, con absoluto rigor, los efectos de una jurisdicción que nació desconociendo la voluntad popular… una Nación no puede aceptar que la justicia se convierta en un mecanismo de indulgencia”. Para oír tales verdades, era apenas prudente que no estuviera presente el principal promotor de la JEP.
