Astros socialistas que predican, no aplican y mucho perjudican

 Publicado en El Espectador, junio 11 de 2026

Alrededor de la podredumbre política venezolana hay socialistas tan pillos e incoherentes que desprestigiarán al PSOE y a la izquierda mundial indiferente a esa gangrena. 

Un ícono es el ex juez Baltasar Garzón, famoso desde 1998 por una orden internacional de captura contra Pinochet, convaleciente en Londres tras una cirugía. Inmediatamente “se convirtió en paladín de la justicia internacional”. Antes, había interrumpido su carrera para ser diputado del PSOE (1993) y secretario del “Plan Nacional sobre Drogas”. Al retomar la magistratura, reactivó el caso GAL, generó “gran escozor entre los socialistas” y persiguió a la cúpula militar de ETA. Tras los ataques del 11S persiguió a Osama Bin Laden y, después, intentó procesar a Berlusconi. En 2005 suspendió nuevamente su oficio para dictar cursos sobre extremismo político en NYU. En 2010, su curriculum sufrió un duro revés. Fue acusado de “prevaricación y cohecho” por rechazar una querella contra el banco que le había financiado sus cursos en NY y por grabar “conversaciones entre acusados y sus abogados”. En 2012, inhabilitado como magistrado, fundó ILOCAD (International Legal Organization for Cooperation and Development) para defender “a quien se lo pida” y le pague. Según el representante de la BBC en Madrid, Garzón había logrado “incomodar a diestra y siniestra”. Luego, con incentivos comerciales y mayor flexibilidad moral, acepta a quien asuma sus jugosos honorarios. Así llegó a la élite chavista en España. Por ejemplo, el Banco de Andorra lo contrató “para desbloquear las cuentas del magnate venezolano Diego Salazar, cuyo abogado era Dominique de Villepin”, ex Canciller socialista francés. Nervis Villalobos, socio de Salazar, viceministro de Energía chavista, también investigado en España, fue defendido por Garzón, quien “cobró 176.400 dólares por asesorar a dos venezolanos acusados de expoliar 2.000 millones”. Como buen socialista negó ese contrato para luego alegar que “de algo tenía que vivir”.

Cuando en 2020 detuvieron a Alex Saab en Cabo Verde para extraditarlo a los EEUU, el testaferro de Maduro acudió al astro defensor. La OFAC  estadounidense lo había sancionado por “orquestar una red de corrupción que permitió al régimen obtener importantes ingresos de las importaciones y la distribución de alimentos. Saab (se benefició) de contratos sobrevalorados, como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, o CLAP”. Garzón defendió a quien enviaba a Venezuela alimentos de pésima calidad, con denuncias por descomposición, adulteración, gorgojos o gusanos, que provocaban, además de malnutrición infantil, riesgos gastrointestinales. Todo por unos millones de dólares para poder vivir. 

En 2021, tanto la calidad de los productos CLAP como sus estragos ya eran discutidos en revistas académicas. En los medios, las alarmas sonaron antes. El País mencionó  desde 2018 el decomiso en Colombia de “casi 400 toneladas de alimentos en mal estado (que iban para) Venezuela”. BBC habló del “fraude con los CLAP desarticulado en México”. Aún hoy, el superhéroe justiciero proclama ser adalid de la lucha anticorrupción. “El éxito es levantarte cada día, ser coherente y, como servidor público, estar a disposición de los demás” pregona. Pero como abogado privado no tuvo reparo en defender un mercachifle sin escrúpulos que, detenido en los EEUU, abrazó la causa socialista. Desde su cautiverio, tal vez bajo influencia ideológica garzoniana, Saab escribió conmovedoras cartas. "América odia el Socialismo. ¿Por qué? Porque si el pobre progresa, sería menos explotado”. Maduro, Chávez y la Revolución Bolivariana, habrían rechazado las sanciones y acusaciones de EEUU por atacar un régimen que buscaba la emancipación.

La entrega de Saab a la justicia gringa agravó la situación legal de otro arquetipo socialista, faro político y moral en Latinoamérica: José Luis Rodríguez Zapatero, quien acaba de ser imputado por blanqueo de capitales con fondos de PDVSA o los CLAP. Multimillonario, misionero y sectario, es célebre su lema “ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho”. Cultiva su séquito político en Colombia. “Me identifico plenamente con (su) visión”, trinó en 2024 Iván Cepeda. Antes, Gustavo Petro, más concreto, discutió con él “cómo lograr una Colombia en Paz y una América en Paz”. Tal vez sabía que Zapatero aspiraba al Nobel. El “presunto malhechor” no ha sido condenado pero sí sólidamente imputado. En España provocó un verdadero tsunami. En Colombia, el silencio de toda la izquierda es abrumador, aunque los cargos incluyan pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias por mínimo 2 millones de dólares y blanqueo. El prontuario informal es más abultado: colaborar con una dictadura, involucrar a sus hijas en negocios turbios y ser “cómplice activo de la represión y la perpetuación del sojuzgamiento de millones de personas en medio de una crisis humanitaria, económica y política sin precedentes”. El presidente del Cambio, versátil tribuno que pronto quedará cesante, podría ofrecerle a Zapatero una defensa político-activista y costosa, la especialidad de Garzón. 

REFERENCIAS

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Saab, Alex (2023). Letters of Alex Saab From his Captivity. El Bunker - Free Alex Saab

Gurropín, corrupto dictador venerado por la izquierda populista

Publicado en El Espectador, junio 4 de 2026

La obsesión con el Libertador y su espada, tan inútilmente exhibida en el último cuatrienio, podría tener sentido. Pero la admiración de Gustavo Petro y el M-19 por Gustavo Rojas Pinilla (Gurropín) es incomprensible, y vergonzosa. Revela la sangrienta historia de esa guerrilla idealizada por un presidente populista, mandón, condescendiente con la corrupción y el respaldo ilegal a su candidato. Especial interés tiene la relación de Rojas con León María Lozano, alias el Cóndor, uno de los mayores asesinos de los años cincuenta. 

Según la narrativa hegemónica, el conflicto armado surgió de la lucha campesina por la tierra, con papel protagónico de las FARC, supuesto germen de la insurgencia colombiana. La violencia de este grupo habría sido defensiva, como respuesta a los ataques militares. Eso predica incluso JM Santos en su Batalla por la Paz. El falaz relato silencia que años antes, tras la llegada del castrismo, jóvenes del MRL, el PCC y el Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino (MOEC) fueron becados por Cuba para estudiar comunismo y revolución. La primera acción de esta élite universitaria insurgente interrumpió salvajemente una celebración de aguinaldos (1961). No fue defensa sino ataque con explosivos al Ejército, con 40 muertos, “casi todos niños de barrios humildes”. 

Años antes hubo una racha colosal de homicidios políticamente motivados y también ajenos a la lucha por la tierra. Los llamados “pájaros” -que actuaban “de manera escurridiza y veloz; que se nucleaban para hacer ‘trabajitos’ y se iban ‘volando’”- cumplían funciones ideológicas y proselitistas. Inicialmente buscaban “homogeneizar pueblos, cambiar conciencias, convertir a radicales liberales, perseguir a protestantes, atacar a masones y comunistas. Emprendieron una “santa cruzada de las ‘fuerzas del bien’ contra las ‘dañinas fuerzas del mal’”. No eran campesinos, ni se desquitaban de las guerrillas liberales. Tenían negocios, a veces prósperos, que les permitían cierto estatus económico y social. “Los pájaros, eran choferes, carniceros, fonderos, cantineros, talabarteros, sastres, lavanderos, sacristanes, cacharreros, jornaleros o lungos, matarifes, inspectores de policía, policías y empleados de la alcaldía o el juzgado municipal”.

El líder de los matarifes en Tuluá es el protagonista de Cóndores no entierran todos los días, de Gustavo Álvarez Gardeázabal. “Si la amenaza son los pájaros, a lo que nos enfrentamos es a un Cóndor”, el más temido y dominante, que recibía instrucciones de dirigentes conservadores o de las autoridades locales. Él decidía cuándo y con quién ejecutarlas: “mandaba matar, pero él mismo no mataba”. La violencia contra los liberales no fue simple “odio partidista”. Se buscaba controlar elecciones, intimidar o eliminar votantes y dirigentes liberales para asegurar el acceso a la burocracia. Con el asesinato o expulsión de contrincantes, el conservatismo mantuvo el control electoral con el consecuente acceso a la nómina y a los contratos estatales. Una obsesión de Laureano Gómez era tumbar la Constitución de 1936. Había que eliminar o convertir opositores: para eso estaba el Cóndor. 

Puesto que el ámbito de la novela es municipal, la figura de Gurropín no refleja la importancia que tuvo como aliado de Lozano. Sobre ese vínculo El Jefe Supremo de Silvia Galvis y Alberto Donadío muestra que, como Comandante de la Tercera Brigada en Cali (1948-1949), Rojas visitaba al Cóndor en Tuluá “en franca camaradería”. El mismo General admitió que gracias a él pudo “sostener el gobierno legítimo de Mariano Ospina Pérez”. En 1953, ya presidente, Gurropín ordenó la liberación de su aliado cinco días después de ser detenido por amenazar a un juez, premiándolo con la Cruz de Boyacá. Violet Lozano, su hija, lo acompañó a visitarlo al Palacio de Nariño. Para Rojas, Lozano era “el indiscutible jefe laureanista” del Valle del Cauca. 

Uñilargo fue el apodo de Rojas desde que entró al ejército. Al calificarlo el primer año, un superior anotó: “algo desprendido del servicio por dedicarse a los negocios particulares”. “Acumuló hatos y recibió reses” corrobora Donadío. En 1958, un senador, después presidente, señaló que en la oficina de impuestos había “un sistema de extorsión; el yerno del Presidente no soltaba ese negocio… bastaba una llamada para combinar cómo se fallaban los asuntos”.   La paz que finalmente se acordó entre liberales y conservadores, el Frente Nacional, simplemente formalizó la alternancia en la repartija del presupuesto, la nómina y los contratos estatales. Rojas quería su tajada: buscó que la Asamblea Nacional Constituyente extendiera su permanencia en el poder y propuso la Tercera Fuerza, una alianza entre sectores populares y las FFAA. Ilustra bien, y así se entiende mejor, el apego de Petro a la ANAPO. Para Cepeda no será fácil mantener su tránsito oportunista desde el comunismo estudiantil (anti-rojista) hacia la AD-M19. La doctrina inculcada desde joven, tupamara o soviética, es indeleble. Tendrá que despetrizarse para segunda vuelta.

REFERENCIAS

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Franco Mendoza, Ricardo  (2012) “El Moec 7 de enero, origen de la guerrilla revolucionaria en Colombia”. Tesis de Grado. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Sociales Departamento de Historia

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Viviescas, Pastor (2015). “Néstor Iván Moreno Rojas, otro 'ilustre' condenado por la Corte Suprema de Justicia”. Las Notas de Pastor, enero 20

Saab, Petro y el costoso yerro de litigantes político-activistas

Publicado en El Espectador, mayo 28 de 2026 

No se sabe quien le recomendó a Gustavo Petro la boutique londinense de abogados Amadeus Consultancy para, con tarifas astronómicas y fondos públicos, sacarlo de la Lista Clinton. Daniel Kovalik, abogado estadounidense especialista en casos de DDHH y vinculado a ese bufete, afirma conocer a Petro “desde cuando era senador y luchaba contra el narcotráfico”. Pero también pudo ser el empresario-político-diplomático-mafioso colombo venezolano Alex Saab. Quien haya sido el contacto hubiese podido advertir lo deficiente que resultó dicho bufete en un sonado percance de Saab: en 2020, de viaje hacia Irán en su jet privado, fue detenido en Cabo Verde y quiso evitar su extradición a los EEUU. Desde el año anterior un Tribunal de la Florida lo buscaba por blanqueo de capitales y otros cargos. Así, acudió al célebre Baltazar Garzón, ex-superjuez socialista inhabilitado de manera definitiva, quien, como litigante, coordinó un equipo internacional de defensa que incluía bufetes de varios países, entre ellos el Amadeus con Kovalik. 

Desde su paso por la Audiencia Nacional, Garzón fue “muy mediático en sus casos de alto perfil”: Pinochet, ETA, narcos, corrupción. Sus detractores lo acusaban de activismo judicial. En el affaire Saab esa pantanosa mezcla la hizo explícita él mismo: “se librará una batalla política y jurídica” basada en argumentos de inmunidad diplomática e ilegalidad de la detención inicial. Para el papel de litigante activista, difícil imaginar alguien más idóneo que Kovalik. Graduado del Columbia Law School, asesor jurídico del sindicato de trabajadores siderúrgicos (USW) ha estado al frente de varios casos de violación de DDHH; en Colombia, contra Coca-Cola, Drumond y Occidental. Ha publicado libros como The Plot to Overthrow Venezuela, The Case for Palestine, No More War. 

A pesar de su músculo legal, el grupo de despachos multinacionales dirigido por Garzón fue derrotado. Los honorarios totales se han estimado en 65 millones de dólares y Saab, tras 18 meses de batalla legal, fue finalmente extraditado a los EEUU. Ignorando la pretensión que se trataba de un “secuestro” del gobierno norteamericano -Biden, no Trump- primaron los cargos de la justicia norteamericana contra él, por lavado de dinero y servir de testaferro de Nicolás Maduro “en una amplia red de narcotráfico, lavado de dólares y adjudicación fraudulenta de millonarios contratos oficiales”. Se le consideraba “el principal responsable de una trama de corrupción en el programa de alimentos subsidiados del gobierno venezolano conocido como CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción)”. Buena parte de los cargos se basaron en investigaciones iniciadas por el portal armando.info cuyo lanzamiento formal se hizo en Venezuela en 2014. Cuatro años después varios de sus reporteros “tuvieron que exiliarse por demandas y persecución judicial relacionadas con sus investigaciones, notablemente sobre Alex Saab y los CLAP”.

A finales de 2023, como parte de un intercambio de prisioneros entre EEUU y Venezuela, la administración Biden indultó a Alex Saab que pudo retornar a Caracas donde fue recibido como héroe. En el aeropuerto lo esperaba Cilia Flórez y en Miraflores Nicolás Maduro. El régimen calificó la liberación: “un símbolo de la victoria de la diplomacia bolivariana”. Con la captura del dictador y su encierro en una cárcel norteamericana, el poderoso chacal financiero se derrumbó súbitamente. Delcy Rodríguez no tuvo reparos para sacrificarlo y luego deportarlo a los EEUU. 

En febrero de este año, a raíz del viaje a Washington con una numerosa comitiva “que lo defiende tras su inclusión en la Lista Clinton”, el presidente Petro se tomó una foto con eufóricos “abogados universales al servicio de Colombia” que levantaron los brazos en señal de victoria. El antecedente del colosal fracaso en el litigio activista coordinado por Garzón en Cabo Verde no empañó ese ambiente de celebración. Además, Kovalic respaldaba a Nicolás Maduro, que ya estaba detenido. El retorno de Saab a los EEUU aguaría por completo la fiesta. El colombiano -dejó de ser venezolano- que diseñó la arquitectura financiera y conoce flujos, cómplices, beneficiarios y números de cuenta de la corrupción estatal venezolana está a punto de hablar ante la justicia norteamericana con muchos incentivos para hacerlo. No tendrá abogado litigioso, de corte, sino negociador. La Fiscalía colombiana también tiene una investigación abierta contra él. Como presidente, Petro tiene dos opciones: cooperar con la justicia norteamericana o callar. Después, “todo se complicará” predice Kovalik. “Si el progresismo pierde las elecciones, a mí me van a perseguir” confirma su cliente, que parece inquieto. El costosísimo know-how activista de los abogados con cargo al erario y el apoyo popular en las calles colombianas que el Gobierno convocó sirvieron poco. ¿Qué habrá acordado Petro con Cepeda? 

REFERENCIAS

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Borger, Julian (2001) “Coca-Cola sued over bottling plant 'terror campaign’” theguardian.com jul 21 

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Univision (2026) “Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro y su escalada en el poder en Venezuela”, mayo 17

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Una indígena Maya que no machaca ser víctima, ni su etnocentrismo

Publicado en El Espectador, mayo 21 de 2026

En 2009 fui contratado para evaluar programas de reforma judicial del Banco Mundial en Latinoamérica. El Viernes Santo llegué al Juzgado de Paz de Chichicastenango, Guatemala, ese día cerrado al público. Manuela Morales, indígena Quiché de unos 30 años, me atendió en el Centro de Mediación a su cargo, anexo al Juzgado. Vestía el elaborado huipil que usan mujeres indígenas en fechas especiales. Trabajadora social, casada con un estudiante de derecho, tenían dos hijos. Planeaban establecerse un tiempo en Argentina o España para que Manuela se especializara.

Varios afiches adornaban el juzgado. Uno mostraba un hombre elevado del suelo por la contundente patada de un policía. “¡La brutalidad policial existe. Basta ya!… torturas a manos de policías y soldados”, señalaba. Lo que antes hubiese sido un pasquín militante era ahora un letrero del Organismo Judicial. La escena era inconsistente con versiones, recurrentes en publicaciones académicas y medios, que nada había cambiado en la justicia Guatemalteca. Una mediadora Maya y esos afiches, por sí solos, mostraban una drástica caída del poder castrense y menor impunidad. El contraste con descripciones sobre los abusos sufridos por las mujeres indígenas durante el conflicto armado era abismal. Ahora, Manuela Morales era autoridad civil.

Resultaba fácil criticar el funcionamiento judicial guatemalteco. Bastaba inventariar lo que faltaba para una justicia imparcial, eficaz, accesible y creíble, que generara confianza en la ciudadanía. No era sencillo, sin embargo, definir el estándar para calibrar el desempeño de esa justicia. Pocos países presentaban simultáneamente, como Guatemala y Colombia, la herencia de un largo conflicto armado, una fuerte influencia del crimen organizado y una diversidad étnica y cultural tan marcada. El reproche más recurrente a la reforma guatemalteca era haberse centrado en la rama penal. Paradójicamente, la misma observación se le podía hacer a las críticas: limitadas a lo penal ignoraban otras jurisdicciones. Pero ya aparecía en las encuestas de opinión una percepción global positiva sobre la evolución reciente del servicio. Resultaba sorprendente el desconocimiento que se tenía en ciertos sectores sobre los avances logrados en recuperación de la autoridad civil.

Un objetivo fundamental de la reforma judicial fue reducir el poder armado en las áreas indígenas más afectadas por la guerra. La justicia como pilar de la democracia y el esfuerzo por reemplazar la influencia y poder castrenses no ha sido peculiaridad guatemalteca. La situación específica ha variado entre países. En Colombia, se señala que la situación está peor. Iván Cepeda habla de “detener el proceso de extinción, exterminio y desaparición de los pueblos indígenas”. Gustavo Petro menciona la “guerra interétnica”. Callan la malograda Paz Total. 

Durante décadas, los militares guatemaltecos fueron poder de facto en muchos municipios. Impunes ante cualquier desafuero, a ellos acudían las personas para resolver distintos conflictos. De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) se consolidó una “cultura y práctica autoritarias y excluyentes de las mayorías”. Para un Juez de Paz en la zona del Petén, “cualquier militar era omnipotente, antes usted era militar y nadie lo podía tocar”. Según la CEH, a lo largo del conflicto, “un 93% de las infracciones (eran atribuibles) al Estado… (y) el 83% de todas las víctimas plenamente identificadas pertenecían a la población Maya”. Las peores masacres de indígenas ocurrieron entre 1981 y 1983 bajo la política de “tierra arrasada” de las FFAA y los paramilitares. En Cuarto Pueblo, Quiché, fueron asesinadas “más de 400 personas… niñas y niños, recién nacidos y mujeres (embarazadas)” encerradas en una iglesia, torturadas y violadas durante tres días y luego quemadas”. Ese horror fue calificado de genocidio: el ejército pretendió exterminar a toda la población. 

Al oír a Aída Quilcué, candidata a la vicepresidencia del Pacto Histórico, me surgen algunas inquietudes sobre Manuela Morales, indígena Maya víctima del conflicto armado y el Estado guatemaltecos. ¿Cómo logró liberarse de su doloroso pasado para mirar el futuro con optimismo, inmune a su situación de perseguida, no sólo para exclusión y despojo de tierras sino para aniquilación física intencional? ¿Cómo pudo entusiasmarse con una especialización en el exterior y que sus hijos conviviesen con otras culturas? Descendiente de la sofisticada y cosmológica cultura Maya, ¿por qué no la obsesionaba la creencia de que sus ancestros, sus familiares, su resguardo y su región, han sido y seguirán siendo el centro del mundo? Es difícil encontrar una entrevista de la candidata del Pacto Histórico que no mencione el CRIC. “Ojalá que la señora Quilcué no se concentre únicamente en la comunidad indígena del Cauca”, anotó lacónicamente una dirigente de la comunidad Wayúu, víctima de la corrupción con el suministro de agua en La Guajira, que no sólo se mantuvo sino que se agravó con el Gobierno del Cambio. 

REFERENCIAS

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