Gurropín, corrupto dictador venerado por la izquierda populista

Publicado en El Espectador, junio 4 de 2026

La obsesión con el Libertador y su espada, tan inútilmente exhibida en el último cuatrienio, podría tener sentido. Pero la admiración de Gustavo Petro y el M-19 por Gustavo Rojas Pinilla (Gurropín) es incomprensible, y vergonzosa. Revela la sangrienta historia de esa guerrilla idealizada por un presidente populista, mandón, condescendiente con la corrupción y el respaldo ilegal a su candidato. Especial interés tiene la relación de Rojas con León María Lozano, alias el Cóndor, uno de los mayores asesinos de los años cincuenta. 

Según la narrativa hegemónica, el conflicto armado surgió de la lucha campesina por la tierra, con papel protagónico de las FARC, supuesto germen de la insurgencia colombiana. La violencia de este grupo habría sido defensiva, como respuesta a los ataques militares. Eso predica incluso JM Santos en su Batalla por la Paz. El falaz relato silencia que años antes, tras la llegada del castrismo, jóvenes del MRL, el PCC y el Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino (MOEC) fueron becados por Cuba para estudiar comunismo y revolución. La primera acción de esta élite universitaria insurgente interrumpió salvajemente una celebración de aguinaldos (1961). No fue defensa sino ataque con explosivos al Ejército, con 40 muertos, “casi todos niños de barrios humildes”. 

Años antes hubo una racha colosal de homicidios políticamente motivados y también ajenos a la lucha por la tierra. Los llamados “pájaros” -que actuaban “de manera escurridiza y veloz; que se nucleaban para hacer ‘trabajitos’ y se iban ‘volando’”- cumplían funciones ideológicas y proselitistas. Inicialmente buscaban “homogeneizar pueblos, cambiar conciencias, convertir a radicales liberales, perseguir a protestantes, atacar a masones y comunistas. Emprendieron una “santa cruzada de las ‘fuerzas del bien’ contra las ‘dañinas fuerzas del mal’”. No eran campesinos, ni se desquitaban de las guerrillas liberales. Tenían negocios, a veces prósperos, que les permitían cierto estatus económico y social. “Los pájaros, eran choferes, carniceros, fonderos, cantineros, talabarteros, sastres, lavanderos, sacristanes, cacharreros, jornaleros o lungos, matarifes, inspectores de policía, policías y empleados de la alcaldía o el juzgado municipal”.

El líder de los matarifes en Tuluá es el protagonista de Cóndores no entierran todos los días, de Gustavo Álvarez Gardeázabal. “Si la amenaza son los pájaros, a lo que nos enfrentamos es a un Cóndor”, el más temido y dominante, que recibía instrucciones de dirigentes conservadores o de las autoridades locales. Él decidía cuándo y con quién ejecutarlas: “mandaba matar, pero él mismo no mataba”. La violencia contra los liberales no fue simple “odio partidista”. Se buscaba controlar elecciones, intimidar o eliminar votantes y dirigentes liberales para asegurar el acceso a la burocracia. Con el asesinato o expulsión de contrincantes, el conservatismo mantuvo el control electoral con el consecuente acceso a la nómina y a los contratos estatales. Una obsesión de Laureano Gómez era tumbar la Constitución de 1936. Había que eliminar o convertir opositores: para eso estaba el Cóndor. 

Puesto que el ámbito de la novela es municipal, la figura de Gurropín no refleja la importancia que tuvo como aliado de Lozano. Sobre ese vínculo El Jefe Supremo de Silvia Galvis y Alberto Donadío muestra que, como Comandante de la Tercera Brigada en Cali (1948-1949), Rojas visitaba al Cóndor en Tuluá “en franca camaradería”. El mismo General admitió que gracias a él pudo “sostener el gobierno legítimo de Mariano Ospina Pérez”. En 1953, ya presidente, Gurropín ordenó la liberación de su aliado cinco días después de ser detenido por amenazar a un juez, premiándolo con la Cruz de Boyacá. Violet Lozano, su hija, lo acompañó a visitarlo al Palacio de Nariño. Para Rojas, Lozano era “el indiscutible jefe laureanista” del Valle del Cauca. 

Uñilargo fue el apodo de Rojas desde que entró al ejército. Al calificarlo el primer año, un superior anotó: “algo desprendido del servicio por dedicarse a los negocios particulares”. “Acumuló hatos y recibió reses” corrobora Donadío. En 1958, un senador, después presidente, señaló que en la oficina de impuestos había “un sistema de extorsión; el yerno del Presidente no soltaba ese negocio… bastaba una llamada para combinar cómo se fallaban los asuntos”.   La paz que finalmente se acordó entre liberales y conservadores, el Frente Nacional, simplemente formalizó la alternancia en la repartija del presupuesto, la nómina y los contratos estatales. Rojas quería su tajada: buscó que la Asamblea Nacional Constituyente extendiera su permanencia en el poder y propuso la Tercera Fuerza, una alianza entre sectores populares y las FFAA. Ilustra bien, y así se entiende mejor, el apego de Petro a la ANAPO. Para Cepeda no será fácil mantener su tránsito oportunista desde el comunismo estudiantil (anti-rojista) hacia la AD-M19. La doctrina inculcada desde joven, tupamara o soviética, es indeleble. Tendrá que despetrizarse para segunda vuelta.

REFERENCIAS

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Santos, Juan Manuel (2019). La Batalla por la paz. Planeta

Ugarriza, Juan Esteban y Nathalie Pabón Ayala (2018). Militares y Guerrillas. La memoria histórica en Colombia desde los archivos militares, 1958 – 2016. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario

Viviescas, Pastor (2015). “Néstor Iván Moreno Rojas, otro 'ilustre' condenado por la Corte Suprema de Justicia”. Las Notas de Pastor, enero 20

Saab, Petro y el costoso yerro de litigantes político-activistas

Publicado en El Espectador, mayo 28 de 2026 

No se sabe quien le recomendó a Gustavo Petro la boutique londinense de abogados Amadeus Consultancy para, con tarifas astronómicas y fondos públicos, sacarlo de la Lista Clinton. Daniel Kovalik, abogado estadounidense especialista en casos de DDHH y vinculado a ese bufete, afirma conocer a Petro “desde cuando era senador y luchaba contra el narcotráfico”. Pero también pudo ser el empresario-político-diplomático-mafioso colombo venezolano Alex Saab. Quien haya sido el contacto hubiese podido advertir lo deficiente que resultó dicho bufete en un sonado percance de Saab: en 2020, de viaje hacia Irán en su jet privado, fue detenido en Cabo Verde y quiso evitar su extradición a los EEUU. Desde el año anterior un Tribunal de la Florida lo buscaba por blanqueo de capitales y otros cargos. Así, acudió al célebre Baltazar Garzón, ex-superjuez socialista inhabilitado de manera definitiva, quien, como litigante, coordinó un equipo internacional de defensa que incluía bufetes de varios países, entre ellos el Amadeus con Kovalik. 

Desde su paso por la Audiencia Nacional, Garzón fue “muy mediático en sus casos de alto perfil”: Pinochet, ETA, narcos, corrupción. Sus detractores lo acusaban de activismo judicial. En el affaire Saab esa pantanosa mezcla la hizo explícita él mismo: “se librará una batalla política y jurídica” basada en argumentos de inmunidad diplomática e ilegalidad de la detención inicial. Para el papel de litigante activista, difícil imaginar alguien más idóneo que Kovalik. Graduado del Columbia Law School, asesor jurídico del sindicato de trabajadores siderúrgicos (USW) ha estado al frente de varios casos de violación de DDHH; en Colombia, contra Coca-Cola, Drumond y Occidental. Ha publicado libros como The Plot to Overthrow Venezuela, The Case for Palestine, No More War. 

A pesar de su músculo legal, el grupo de despachos multinacionales dirigido por Garzón fue derrotado. Los honorarios totales se han estimado en 65 millones de dólares y Saab, tras 18 meses de batalla legal, fue finalmente extraditado a los EEUU. Ignorando la pretensión que se trataba de un “secuestro” del gobierno norteamericano -Biden, no Trump- primaron los cargos de la justicia norteamericana contra él, por lavado de dinero y servir de testaferro de Nicolás Maduro “en una amplia red de narcotráfico, lavado de dólares y adjudicación fraudulenta de millonarios contratos oficiales”. Se le consideraba “el principal responsable de una trama de corrupción en el programa de alimentos subsidiados del gobierno venezolano conocido como CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción)”. Buena parte de los cargos se basaron en investigaciones iniciadas por el portal armando.info cuyo lanzamiento formal se hizo en Venezuela en 2014. Cuatro años después varios de sus reporteros “tuvieron que exiliarse por demandas y persecución judicial relacionadas con sus investigaciones, notablemente sobre Alex Saab y los CLAP”.

A finales de 2023, como parte de un intercambio de prisioneros entre EEUU y Venezuela, la administración Biden indultó a Alex Saab que pudo retornar a Caracas donde fue recibido como héroe. En el aeropuerto lo esperaba Cilia Flórez y en Miraflores Nicolás Maduro. El régimen calificó la liberación: “un símbolo de la victoria de la diplomacia bolivariana”. Con la captura del dictador y su encierro en una cárcel norteamericana, el poderoso chacal financiero se derrumbó súbitamente. Delcy Rodríguez no tuvo reparos para sacrificarlo y luego deportarlo a los EEUU. 

En febrero de este año, a raíz del viaje a Washington con una numerosa comitiva “que lo defiende tras su inclusión en la Lista Clinton”, el presidente Petro se tomó una foto con eufóricos “abogados universales al servicio de Colombia” que levantaron los brazos en señal de victoria. El antecedente del colosal fracaso en el litigio activista coordinado por Garzón en Cabo Verde no empañó ese ambiente de celebración. Además, Kovalic respaldaba a Nicolás Maduro, que ya estaba detenido. El retorno de Saab a los EEUU aguaría por completo la fiesta. El colombiano -dejó de ser venezolano- que diseñó la arquitectura financiera y conoce flujos, cómplices, beneficiarios y números de cuenta de la corrupción estatal venezolana está a punto de hablar ante la justicia norteamericana con muchos incentivos para hacerlo. No tendrá abogado litigioso, de corte, sino negociador. La Fiscalía colombiana también tiene una investigación abierta contra él. Como presidente, Petro tiene dos opciones: cooperar con la justicia norteamericana o callar. Después, “todo se complicará” predice Kovalik. “Si el progresismo pierde las elecciones, a mí me van a perseguir” confirma su cliente, que parece inquieto. El costosísimo know-how activista de los abogados con cargo al erario y el apoyo popular en las calles colombianas que el Gobierno convocó sirvieron poco. ¿Qué habrá acordado Petro con Cepeda? 

REFERENCIAS

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ALD (2021). “Baltasar Garzón niega que la defensa de Saab haya costado $170 millones” Antilavado de Dinero, mzo 21

BBC (2010) “Baltasar Garzón, de Jaén a “superjuez”" bbc.com, mayo 10

BBC (2021). “Alex Saab: Cabo Verde entrega a Estados Unidos al empresario vinculado al gobierno de Nicolás Maduro y acusado de corrupción” BBC Mundo, oct 16

Borger, Julian (2001) “Coca-Cola sued over bottling plant 'terror campaign’” theguardian.com jul 21 

Coronell, Daniel (2026) “Los tres encargados de sacar a Gustavo Petro de la lista de la OFAC”. Caracol Radio, abr 15

De Filippis, Albert (2026) “Saab en Miami ¿Qué puede contar sobre Petro” mundobetotv, mayo 17

FN (2026) “La comitiva que acompaña al presidente Petro en Washington que incluye al abogado que lo defiende tras su inclusión en la Lista Clinton”. Focus Noticias, febrero 2

GIJN (2019) “How Armando.info’s Exiled Reporters Keep Reporting on Venezuela”. Global Investigative Journalism Network, July 24

Infobae (2020) “Baltasar Garzón asumió la defensa de Alex Saab, testaferro de Maduro: quiere evitar que sea extraditado a Estados Unidos” infobae.com jul 22 

L2O (2026). "Dos costosos abogados expertos en negociar con la justicia gringa defienden a Alex Saab". Las2Orillas, mayo 21

Piccioto, Rebeca & Dan Magan (2023) “U.S. swaps Maduro ally for ‘Fat Leonard’ in Venezuela prisoner exchange”. CNBC, Dec 20 

Ramos, Fernando (2023) “Las cuentas pendientes de Alex Saab con la justicia colombiana” CNN Colombia, dic 21

Rondón, César (2026).  “Entregado por Delcy. Por qué los Rodríguez sacrificaron a Alex Saab” Entrevista a Roberto Denis. YouTube,  mayo 18

Univision (2026) “Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro y su escalada en el poder en Venezuela”, mayo 17

Useche, Juan Felipe (2025). “El abogado de Petro habla en SEMANA: defiende al régimen de Maduro y cuenta su estrategia para tratar de sacar al presidente de la lista Clinton”. semana.com, nov 1

TS Sala Penal (2012) “SENTENCIA. El TS condena a Baltasar Garzón como autor de un delito de prevaricación”, laadministracionaldia.inap.es Nº 79/2012, ene 17

Una indígena Maya que no machaca ser víctima, ni su etnocentrismo

Publicado en El Espectador, mayo 21 de 2026

En 2009 fui contratado para evaluar programas de reforma judicial del Banco Mundial en Latinoamérica. El Viernes Santo llegué al Juzgado de Paz de Chichicastenango, Guatemala, ese día cerrado al público. Manuela Morales, indígena Quiché de unos 30 años, me atendió en el Centro de Mediación a su cargo, anexo al Juzgado. Vestía el elaborado huipil que usan mujeres indígenas en fechas especiales. Trabajadora social, casada con un estudiante de derecho, tenían dos hijos. Planeaban establecerse un tiempo en Argentina o España para que Manuela se especializara.

Varios afiches adornaban el juzgado. Uno mostraba un hombre elevado del suelo por la contundente patada de un policía. “¡La brutalidad policial existe. Basta ya!… torturas a manos de policías y soldados”, señalaba. Lo que antes hubiese sido un pasquín militante era ahora un letrero del Organismo Judicial. La escena era inconsistente con versiones, recurrentes en publicaciones académicas y medios, que nada había cambiado en la justicia Guatemalteca. Una mediadora Maya y esos afiches, por sí solos, mostraban una drástica caída del poder castrense y menor impunidad. El contraste con descripciones sobre los abusos sufridos por las mujeres indígenas durante el conflicto armado era abismal. Ahora, Manuela Morales era autoridad civil.

Resultaba fácil criticar el funcionamiento judicial guatemalteco. Bastaba inventariar lo que faltaba para una justicia imparcial, eficaz, accesible y creíble, que generara confianza en la ciudadanía. No era sencillo, sin embargo, definir el estándar para calibrar el desempeño de esa justicia. Pocos países presentaban simultáneamente, como Guatemala y Colombia, la herencia de un largo conflicto armado, una fuerte influencia del crimen organizado y una diversidad étnica y cultural tan marcada. El reproche más recurrente a la reforma guatemalteca era haberse centrado en la rama penal. Paradójicamente, la misma observación se le podía hacer a las críticas: limitadas a lo penal ignoraban otras jurisdicciones. Pero ya aparecía en las encuestas de opinión una percepción global positiva sobre la evolución reciente del servicio. Resultaba sorprendente el desconocimiento que se tenía en ciertos sectores sobre los avances logrados en recuperación de la autoridad civil.

Un objetivo fundamental de la reforma judicial fue reducir el poder armado en las áreas indígenas más afectadas por la guerra. La justicia como pilar de la democracia y el esfuerzo por reemplazar la influencia y poder castrenses no ha sido peculiaridad guatemalteca. La situación específica ha variado entre países. En Colombia, se señala que la situación está peor. Iván Cepeda habla de “detener el proceso de extinción, exterminio y desaparición de los pueblos indígenas”. Gustavo Petro menciona la “guerra interétnica”. Callan la malograda Paz Total. 

Durante décadas, los militares guatemaltecos fueron poder de facto en muchos municipios. Impunes ante cualquier desafuero, a ellos acudían las personas para resolver distintos conflictos. De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) se consolidó una “cultura y práctica autoritarias y excluyentes de las mayorías”. Para un Juez de Paz en la zona del Petén, “cualquier militar era omnipotente, antes usted era militar y nadie lo podía tocar”. Según la CEH, a lo largo del conflicto, “un 93% de las infracciones (eran atribuibles) al Estado… (y) el 83% de todas las víctimas plenamente identificadas pertenecían a la población Maya”. Las peores masacres de indígenas ocurrieron entre 1981 y 1983 bajo la política de “tierra arrasada” de las FFAA y los paramilitares. En Cuarto Pueblo, Quiché, fueron asesinadas “más de 400 personas… niñas y niños, recién nacidos y mujeres (embarazadas)” encerradas en una iglesia, torturadas y violadas durante tres días y luego quemadas”. Ese horror fue calificado de genocidio: el ejército pretendió exterminar a toda la población. 

Al oír a Aída Quilcué, candidata a la vicepresidencia del Pacto Histórico, me surgen algunas inquietudes sobre Manuela Morales, indígena Maya víctima del conflicto armado y el Estado guatemaltecos. ¿Cómo logró liberarse de su doloroso pasado para mirar el futuro con optimismo, inmune a su situación de perseguida, no sólo para exclusión y despojo de tierras sino para aniquilación física intencional? ¿Cómo pudo entusiasmarse con una especialización en el exterior y que sus hijos conviviesen con otras culturas? Descendiente de la sofisticada y cosmológica cultura Maya, ¿por qué no la obsesionaba la creencia de que sus ancestros, sus familiares, su resguardo y su región, han sido y seguirán siendo el centro del mundo? Es difícil encontrar una entrevista de la candidata del Pacto Histórico que no mencione el CRIC. “Ojalá que la señora Quilcué no se concentre únicamente en la comunidad indígena del Cauca”, anotó lacónicamente una dirigente de la comunidad Wayúu, víctima de la corrupción con el suministro de agua en La Guajira, que no sólo se mantuvo sino que se agravó con el Gobierno del Cambio. 

REFERENCIAS

Arismendi, César (2023). “La Corte Constitucional revisa la corrupción en La Guajira”, Fucai35

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Simon, Jean Michael (2003). “La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Verdad y Justicia en Guatemala”, Boletín mexicano de derecho comparado, vol.36 Nº 106

Élites cambiantes, oligarquías camufladas, vocación destructiva

 Publicado en El Espectador, mayo 14 de 2026 

“¿Quién manda en Colombia? Élite, poder y nación” es el inmodesto título del libro que Jenny Pearce y Juan David Velasco presentaron en la FILBO. Las reacciones fueron ingenuas. En una época bastante opaca sobre los vericuetos del poder, un medio anuncia que se “destapa” ese misterio. Más insólita, una columna sugiere no comprar la “rigurosa investigación académica (que) confirma lo que los colombianos hemos sabido toda la vida”. 

MJ Duzán entrevistó a Pearce & Velasco. Surgieron lugares comunes, como que Colombia es una paradoja, con elecciones, estabilidad macro, burocracia funcional, separación de poderes… pero inequidad y violencia recurrentes; no hay una sino muchas violencias que toca prevenir, no combatir; se debe dialogar sin odio entre adversarios políticos. 

Pregunta clave del libro sería ¿por qué fracasan las reformas? Por las élites, por supuesto: hacen pactos o alianzas poco transparentes. Son muchas las “constelaciones” de élites que cambian, compiten y discrepan pero una, la más poderosa, sería la “élite oligárquica” que controla la política, la judicial, la tecnocrática, la mediática y varias otras. El inusual giro para denominar a quienes mandan es casi un pleonasmo, con un matiz. La palabra “élite” enfatiza la condición de distinguida, digna de ser imitada: la RAE la define como “minoría selecta”. Una “oligarquía” es otra cosa: la “forma de gobierno en la cual el poder político lo ejerce un grupo minoritario”. Las disidencias de Iván Mordisco serían una “oligarquía regional”, jamás una élite. Con tal giro, este tratado sobre el poder en Colombia evita referirse a quienes actúan como amos y señores de algunos territorios, con ejército propio, tributos, control social y suministro de bienes públicos. 

Coincidió con esta entrevista un artículo sobre Manuel Cepeda, padre del actual candidato a la presidencia que puntea en las encuestas. Asesinado por paramilitares con el apoyo de funcionarios del Estado, su hijo asevera que creía “firmemente en la democracia y en la acción política no violenta”. Esto a pesar de haber promovido siempre “la combinación de las formas de lucha”. Director de la Juventud Comunista (JUCO), alentó el trabajo clandestino violento con Jaime Bateman como figura sobresaliente. Cuando el fundador del M-19 “se distinguió como el más brutal de los atacantes del Instituto Colombo-Americano, en Bogotá, en la asonada contra esa institución en 1961, Manuel Cepeda organizó en honor suyo un acto formal de reconocimiento y felicitación”. Lo animaba “un impulso místico… un éxtasis como quien va a unos esponsales.. vivió en un pedestal épico”, han señalado sus camaradas. Fue delegado del PCC a la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) creada por Fidel Castro para coordinar la lucha revolucionaria. Su entusiasmo con la guerrilla lo llevó a afirmar que “las armas eran la expresión más avanzada de la lucha por el cambio social”. En Checoslovaquia, trabajó en la Revista Internacional editada allí por los soviéticos; defendía “de manera intransigente la ortodoxia leninista”. Los pueblos debían plegarse al designio que ”el comunismo era la única vía para mejorar la vida humana”. Tras la invasión a dicho país, para Cepeda y sus copartidarios, “la invasión soviética de una nación que ellos mismos llamaban libre, era una decisión loable para salvaguardar la paz mundial (pero) la tentativa del Estado colombiano de ejercer control en Marquetalia (bajo fuerte influencia) del PCC con sus destacamentos armados, era un acto repudiable… pura y simple barbarie”. El doble rasero de silenciar excesos propios para condenar siempre al Estado se extendió luego al secuestro.

Iván Cepeda tenía 31 años cuando asesinaron a su padre. Nada sugiere que no fue criado por él: salvo cortos períodos en el exterior, siempre vivieron juntos.  Jenny Pearce destaca la importancia de la transmisión entre generaciones de los valores, y la actitud ante la violencia. Así, alguna semejanza debe existir entre don Manuel y el candidato. Sin necesidad de especular, basta constatar su silencio ante atropellos de la izquierda y, en 2021, su vocación, más que contestataria, destructiva. “Con todo a la calle… pero sin gastar todas las energías… preservándonos para una lucha larga. Que a los universitarios se unan campesinos, consultas populares, gente sin servicios públicos, pensionados, contra la reforma tributaria… Que se arme en este país un paro cívico nacional”. ¿Qué puede esperar una sociedad, agobiada por la violencia y la desigualdad, de quien evita debates para discutir propuestas políticas o programas específicos, que no tiene reparo en manipular los hechos y, encima, “muerde la mano que le da de comer”? El pretendido candidato del pueblo lleva 16 años con sueldo de oligarca en el sector público; su esposa 12. Además, tiene vínculos con rancias élites del país. Su tío materno fue gobernador, senador y ministro de agricultura mientras que a su padre le enseñó marxismo en la universidad un tío abuelo de Paloma Valencia. 

REFERENCIAS

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Durán, Blanca Inés (2026) “¿Quién manda en Colombia?”. El Espectador, abril 30

Duzan, María Jimena (2026). “¿Quién manda en Colombia?”. A Fondo, abril 22

EC (2025) “Podría empeorar la crisis humanitaria en Guaviare: disidentes de Iván Mordisco amenazaron con toque de queda”. elcolombiano.com, junio 5

González, Manuel (2014) “Conozca otra versión sobre el exilio de los Cepeda”. Las2Orillas, ago 25

Londoño, Julio César (2026). “No todos los Valencia son malos”. El Espectador, mayo 9 

Montero Rodríguez, Héctor J (2023). “Disidencias de ‘Iván Mordisco’ estarían inaugurando obras públicas en Nariño”. elpais.com.co, nov6

Vanegas, Isidro (2026). “Manuel Cepeda o el Sufrimiento como Arma”. aunhistoria.com, presente pasado

Vanguardia (2026). “El libro que destapa quién ha mandado en Colombia estará en la Filbo 2026”. vanguardia.com, abril 21

Neurofisiología y pragmatismo ante Castro con maracas

 Publicado en El Espectador, mayo 7 de 2026

A principios de los noventa Cuba enfrentó una devastadora crisis de salud pública. Un brote de “neuropatía epidémica” afectó a más de 50 mil personas que experimentaron ceguera parcial y otros padecimientos. La calidad de vida se redujo sustancialmente. Para comprender este desastre fue necesario ir más allá de consideraciones médicas. El contraste entre las explicaciones oficiales y el diagnóstico científico fue abismal. La crisis marcó un quiebre en las relaciones del régimen, el sistema sanitario y la población cubana. 

Tras la caída de la URSS, principal benefactor de la Isla, la abrupta contracción económica y la escasez de suministros básicos llevaron a que la vida cotidiana se volviera “una lucha constante por la supervivencia”. En salud pública el impacto devastador se empezó a sentir en hospitales y clínicas de todo el país: miles de personas acudieron reportando síntomas neurológicos inusuales, como visión borrosa e incluso pérdida parcial de la vista, debilidad muscular y dolor en las extremidades que dificultaba la movilidad.

Los primeros casos de neuritis óptica aparecieron en Pinar del Río en 1991. Desde el principio, Fidel Castro se obsesionó con la idea de agentes tóxicos externos resultantes de una guerra biológica de los EEUU. Tal escenario fue rechazado gracias a una investigación realizada por médicos e investigadores cubanos. En este grupo estaba Pedro Coutin-Churchman quien se inclinó por la hipótesis nutricional y enfrentó fuerte resistencia política. “Para un establecimiento arraigado en el concepto de fortaleza sitiada que justifica su propia existencia, cualquier situación extraña, algo tan insólito como un repentino brote de neuritis óptica, genera de inmediato la sospecha (o la esperanza) de una acción del Enemigo. El Líder Máximo de la Revolución lo vio con total claridad, como siempre, gracias a su singular perspicacia y sabiduría” escribiría años más tarde en un artículo desde su exilio académico en UCLA, Los Ángeles. 

Coutin-Churchman siempre sostuvo que el brote no fue una enfermedad infecciosa misteriosa ni un fenómeno multifactorial ambiguo, sino una consecuencia de la desnutrición causada por la crisis económica del “Período Especial” agravada por el control estatal a la producción y distribución de alimentos. Los investigadores encontraron datos incompatibles con una epidemia infecciosa: no había agente causal identificable, los estudios apuntaban a daño neuronal y muchos pacientes mostraban déficits de vitamina B. Además, la distribución epidemiológica afectaba sobre todo a fumadores adultos, mientras niños pequeños y embarazadas estaban relativamente a salvo.

Un hallazgo decisivo fue la asociación entre dieta deficitaria, tabaquismo y exposición a compuestos que pueden liberar cianuro, como la yuca. Se vinculó la enfermedad con síndromes nutricionales descritos previamente en campos de prisioneros de guerra y entre trabajadores pobres del Caribe, especialmente el síndrome de Strachan. “No había ningún virus. No había ningún agente tóxico en el aire”. La explicación era una neuropatía tóxico-nutricional. La eliminación de mercados campesinos y el sistema de racionamiento dejaron a la población con dietas extremadamente bajas en proteínas y vitaminas: raciones mensuales mínimas de arroz, frijoles, aceite y huevos, complementadas a veces por mezclas basadas en soja, yuca y col. Esta alimentación, junto con el tabaquismo, habría abonado el terreno para la epidemia. El efecto del tabaco se debía a la pésima calidad del que se consumía en Cuba: el mejor se destinaba prioritariamente a la exportación de habanos premium.

La reacción oficial fue insólita. Coutin-Churchman afirma que cuando su grupo presentó la hipótesis nutricional, Castro la rechazó tajantemente. Insistía en una infección o ataque externo. “¡Encuéntrenme ese virus!”, ordenó. Algunos funcionarios que apoyaron la interpretación nutricional fueron apartados, mientras se promovían teorías virales que luego se abandonaron. De todas maneras, el gobierno “instó a los cubanos a tragar diariamente una píldora vitamínica gratuita”. Posteriormente, expertos internacionales contribuyeron al diagnóstico. Aunque persistieron explicaciones ambiguas, el manejo práctico acabó confirmando la causa nutricional: una de las cohortes mostraba mejoría con intervenciones sencillas como una dieta con carne, queso y otras fuentes proteicas, sin tratamientos sofisticados. También resultó relevante la mejoría observada tras la reapertura de mercados agrícolas y cierta flexibilización económica en 1994: poco después, la epidemia prácticamente fue erradicada. Para Coutin-Churchman, esta observación reforzó el vínculo causal entre hambre estructural y la neuropatía que “unos meses después… había desaparecido para siempre”. La epidemia no puede entenderse, según él, sin el modelo político y económico cubano: “el control absoluto del gobierno”; las restricciones que impidieron a la población garantizar su propia subsistencia.

Cuando el Comandante Castro ordenó a los Comités de Defensa de la Revolución distribuir raciones de una pastilla multivitamínica diaria surgió un  cruel chiste popular: 

• ¿En qué se parecen un estómago cubano y una maraca? 
• Ambos están llenos de aire y pequeñas semillas

REFERENCIAS

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