Justicia restaurativa: Lacan, realismo mágico e impunidad

 Publicado en El Espectador, octubre 15 de 2026

En una entrevista bien desprevenida, María Victoria Uribe (MVU), antropóloga e historiadora, relata cómo llegó a entender las ventajas de la justicia restaurativa. Menciona a un paramilitar encarcelado con el que identificó misteriosos vínculos de los asesinos con sus víctimas. “Hablé con él en su celda… Un tipo tranquilo, no lo angustiaban (sus) crímenes”. Poco después, “¡Ay! doctora, usted no sabe lo que me pasó… ¡Imagínese!”. Le contó que en una audiencia de Justicia y Paz una señora, ya viejita, lo abrazó y le dijo: “Yo lo perdono. Usted mató a mi marido y a mis hijos. Lo único que le pido es que me diga dónde enterró al pequeño… Desde ese día ya no soy el mismo”. Eso la llevó a consultar un psicoanalista para entender “por qué esa mamá le altera al asesino toda su visión del mundo”. Para ella, esa víctima encarna el famoso fantasma de Lacan que lo pone en contacto con su propia madre, “que le voltea el chip”. Así, con herramientas lacanianas, bosqueja la justicia restaurativa. 

“Mucha gente no lo entiende. En la fiscalía he oído decir que ojalá se termine la JEP para echarle mano a esa gente”. Precisa que no son sólo fiscales: “muchos colombianos quieren que ellos se vayan para la cárcel… ¿cómo así que los van a poner a hacer trabajo social si son unos criminales?, se tienen que ir para la cárcel”. Casi molesta, MVU sentencia: “no entienden el poder de la justicia restaurativa, consideran que eso es impunidad”. Generaliza sin mayor sustento. “Por los pocos casos que alcancé a ver en el oriente antioqueño, la justicia restaurativa es muy eficiente, tanto para la víctima como para el victimario que se confiesa, pide perdón, acepta haber hecho lo que hizo y la víctima lo perdona… muchos se terminan abrazando y ese abrazo es genuino”. Ni siquiera recurre a Lacan, basta con que ella lo afirme basada en unas pocas observaciones bien escogidas. “Eso es justicia restaurativa. ¿Cómo que eso no es efectivo? ¡Por favor! ¡Si hay un abrazo entre el perpetrador que mató al marido de esta señora, que es capaz de oírlo, porque se oyen!”. 

Después MVU da un volantín para banalizar la violencia y señalar que la verdadera dificultad en Colombia es que “aquí nadie se oye… aquí tenemos un problema de escucha fatal”. Vuelve a reflexionar: “si esos dos se oyen y finalmente el uno entiende al otro y se abrazan ¿qué más quiere uno en la vida? O sea, lo que quieren es clavarlo a la cárcel… Habrá muchos abogando por la pena de muerte… Yo no puedo entender… se me ocurre que es porque no han visto lo que la justicia restaurativa es capaz de hacer”.

Alude a una “cosa muy bonita de la Comisión de la Verdad”: los encuentros cara a cara entre perpetradores y víctimas. “Es imposible que el corazón no se te arrugue”. Recuerda otro encuentro entre un ex combatiente de las FARC que “acepta lo que hizo” ante una madre que perdió a sus hijos. Están en una tarima con micrófonos separados; se oyen mutuamente y después se abrazan. “Eso es una cosa muy conmovedora y muy diciente, que estos señores de ultraderecha no quieren ver”. Para un asunto tan difícil de entender como el fanatismo godo, abraza el realismo mágico: es como un “acting out… algo tiene que ver con que hayamos enterrado La Violencia de los años cincuenta bajo muchas capas de tierra… esos contenidos están ahí y afloran… No hay manera de ponerle un punto final”. 

Marta Ruiz, periodista informada, conocedora a fondo del proceso de paz, con un pragmatismo y honestidad mental sorprendentes en estos días, anota que tras el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz “sólo importaban dos puntos: cárcel o no cárcel para las FARC y participación en política. Era lo que los opositores no querían. Por eso se perdió el plebiscito… La gente quiere ver a las FARC en la cárcel”. Así, desafía la visión de MVU sobre las razones para el NO y el rechazo a la justicia restaurativa que sigue manifestando cerca de la mitad de la población, hasta ahora escuchada en serio; sobran crash courses de justicia restaurativa: mucha gente pide castigo proporcional al daño causado, así de simple. Ruiz reconoce que “nunca hicimos la tarea de convencer a esa mitad de la población” para concluir que, al menos, “la verdad es un valor instaurado”. Es lo que le falta a la pazología más ingenua, voluntarista y soberbia. Se puede estar en desacuerdo con Ruiz en varios puntos, pero no negar su apertura al diálogo, su nulo sectarismo y su capacidad de autocrítica. Es una ave rara, única, en la despistada izquierda pos-Petro.

La fracasología local ante la derecha y la corrupción

 Publicado en El Espectador, octubre 8 de 2026

Para muchísimas personas, el Gobierno del Cambio fue angustioso, impredecible, ineficaz, corrupto y pendenciero. Encima, su adalid casi se atornilla al poder asociado con un sombrío personaje de formación soviética. El temido escenario lo impidió un candidato visceralmente opuesto a ellos que ganó por una nariz. La izquierda, dividida como siempre y desconcertada como nunca, se debate entre luchas intestinas y qué hacer con el líder. Se indignan ante cualquier decisión de Abelardo de la Espriella quien en todos los tonos y por distintos medios anunció que gobernaría con ideas y prioridades de derecha. ¿Esperaban que lo hiciera como Sergio Fajardo?

La crítica puede terminar en graves acusaciones que deberían denunciarse ante la justicia penal. Con frecuencia se confunde delinquir con irrespetar protocolos y se ignoran escalas de gravedad. Proclamándose abierta, dialogante e incluyente, la izquierda intelectual, carece de una actitud democrática básica: aceptar derrotas electorales y alternancia en el poder. Peor aún, obsesionada por monopolizar la narrativa, busca estigmatizar y acallar las ideas que no comparte. Es común pensar que los problemas surgieron tan lejos como sea posible. En Colombia 2026, por supuesto, los líos no vienen del gobierno inmediatamente anterior, que sí los recibió de sus antecesores desde la Colonia. 

La historiadora María Elvira Roca Barea propone el término fracasología para “la acomodación de ideas negativas y catastróficas” de las élites pensantes. Una consecuencia es la falta de compromiso positivo: la misión es criticar, manifestar descontento, pero rara vez proponer algo distinto de sueños frustrados, ensayos y, si acaso, leyes en el papel. En España, Roca Barea atribuye esta visión al afrancesamiento de quienes utilizaron la “autodenigración como signo de superioridad intelectual y como una forma de eludir responsabilidades”. En América Latina, tras la Independencia, Francia ocupó buena parte del espacio cultural. En la Nueva Granada se configuró una oposición entre sectores próximos a la tradición hispánica católica y quienes admiraban la cultura francesa, el liberalismo, el republicanismo y los cambios revolucionarios. Esta influencia se dio en varios ámbitos: política, costumbres, moda, literatura… y además educación. Primero, por la presencia de congregaciones y docentes franceses, cuyos colegios formaron a futuros ingenieros, médicos, abogados, comerciantes, militares y eclesiásticos. Desde el siglo XIX, el legado francés en la mentalidad de la élite universitaria se transmitió por la Universidad Nacional incluso en áreas científicas como la medicina. En derecho la influencia fue contundente: el Code Civil napoleónico. 

Hace varias décadas que Colombia padece una élite europeizada por la influencia de pensadores alemanes y españoles sobre el derecho y la jurisprudencia. Casi simultáneamente, la economía “neoliberal” llegó al país por universidades anglosajonas. Así se entiende mejor la “doble personalidad” de la Constitución del 91, además con juristas que destronaron el sistema civilista.  La mirada centrada en Europa continental en detrimento de los EEUU puede ser delirante. Un ex ministro petrista, el más culto de los muchos gabinetes, sentenció, refiriéndose a las últimas presidenciales: “perdimos porque los tecnofascistas metieron la mano en las elecciones colombianas, bolivianas, ecuatorianas, chilenas, argentinas. Las quieren meter en Brasil, México, El Salvador, Honduras”. 

La fracasología afecta la corrupción por vías complejas y contradictorias. Para evadir responsabilidades, sobre incidentes concretos la lacra se le atribuye al adversario. Lo insólito es que una de las instituciones que la izquierda considera más inoperante, la justicia penal, es lo único que disuade e incapacita malhechores. Que evite la reincidencia es otra cosa; por algo el destierro o deportación fue usual contra los corruptos en varios lugares: Imperio Otomano, Antigua Roma, Atenas, Francia, Portugal y España… entre muchos otros. El texto clásico sobre inutilidad de las penas, Vigilar y Castigar, de Michel Foucault es la referencia más citada por la academia afrancesada. Allí se confirma que el destierro fue una pena corriente del llamado Antiguo Régimen, traducción del muy francés Ancien Régime. Foucault no se interesó por la corrupción que, como delito ligado a la propiedad y el beneficio, se toleraba. A pesar de este influyente pensador eso debe cambiar si se busca combatirla en serio. Se podría aprender de instituciones hispanas que superaron la fracasología para lograr resultados impresionantes contra estas nuevas venas rotas de hispanoamérica y la madre patria, que a veces terminan en autoexilio, desde un ex insurgente hasta un Rey Emérito. 

Esta semana se anunció un bloque anticorrupción que presenta un exceso de entidades dependientes de los políticos. En España se fortalecieron las técnicas forenses, no siempre asociadas con cadáveres y muerte sino con la capacidad de recoger pruebas sólidas. Eso se aprende por ensayo y error, no con más leyes. Por ejemplo, actualmente en el país la responsabilidad probatoria que operativamente “se diluye entre la Policía Nacional y el CTI” se superaría corrigiendo fallas de coordinación. 

REFERENCIAS

Escobar, JC y Maya Adolfo (2019) “Algunas lecturas francesas de las independencias hispanoamericanas” Co-herencia,  Vol. 16 Núm. 31 

García, Mateo (2026). “Iván Cepeda en sus propias palabras. Esta es su entrevista más personal. Exclusivo de Revista BOCAS”. El Tiempo, abril 24

Hernández Díaz, José María (2008). Influencias francesas en la educación española e iberoamericana (1808-2008). Gredos 

Laviña, Javier (1989) “Ilustración y reacción en la Nueva Granada”. Anuarion Colombiano de Historia Social y Cultural, Nº 16-17

LLC (2026) “El petrista Levy Rincón no aguantó que lo confrontaran en plena entrevista y prefirió irse”. Lalenguacaribe, sep 17

Moreno Montalvo, Gustavo (2026). “El Proceso Penal”. La República, oct 3

PGC (2024) “¿Qué hacemos? ¿Permitimos otros doscientos años de abandono o cambiamos la historia?”, presidencia.gov.co, ene 27

Restrepo, Ana Cristina (2026) “El Pentágono (de cómo convertir a Colombia en un polígono… de tiro)”. El Espectador, sep 20

Roca Barea, María Elvira (2019). Fracasología: España y sus élites: de los afrancesados a nuestros días. Espasa

RS (2026) “Así funcionará el bloque anticorrupción de Abelardo De La Espriella”. Revista Semana, agosto 31

UI-ET (2026). “Los 32 casos que se revisan del saqueo a Ecopetrol que la  auditoría llevará ante EE. UU.: hablan de sobornos, Cenit, el catalán y el ‘Bachi’”. Unidad Investigativa, El Tiempo, sep 20

VVAA (1868). La Universidad Nacional en el siglo XIX. Anales  

Paz, perdón ante las víctimas y JEP

 Publicado en El Espectador, octubre 1 de 2026

Una década después de creada la JEP, por fin suscita un debate franco e informado. El alto presupuesto con pocas sentencias recibió tardíamente la atención requerida. El simple intento de escarbar las cuentas llevó a la advertencia que Colombia dejaba de ser un Estado de Derecho. Los descaches penales se destaparon: han resultado inaceptables para una alta proporción de víctimas. “La pregunta jurídica permanece intacta. ¿Existe proporcionalidad entre la gravedad del crimen y la consecuencia que recibe quien lo cometió?”.

Una parte poco analizada es si la JEP realmente imparte justicia restaurativa que facilite verdad, perdón y reparación a las víctimas. De manera desprevenida, Pastor Alape, ex comandante del Secretariado, relata una anécdota ocurrida antes de su viaje a La Habana que ilustra las limitaciones del arreglo. Encargado de pedirle perdón a las víctimas de una de las peores masacres del conflicto, el 7 de diciembre de 2015 leyó un texto corto dirigido por las FARC-EP al pueblo de Bojayá.  

Empezó caracterizando la localidad como “semilla de la reconciliación que germinará en la paz de Colombia”. Tras agradecer a los países garantes, la ONU, otras ONGs y la Iglesia Católica anotó que “nos colocamos al frente de todas y todos ustedes, para solicitarles acepten nuestra disposición a rendir tributo y honrar la memoria de las víctimas que ha producido este largo conflicto, al que hemos sido arrastrados por el torbellino de la violencia con actos que no están en el ámbito de nuestra acción… Con ustedes nos sentimos hermanados en los esfuerzos para dejar atrás el conflicto armado”. La evasión de responsabilidades fue nítida, a pesar de los ajustes que tuvo que hacerle Alape al discurso enviado desde La Habana, demasiado exculpatorio.  “Esto yo no lo voy a leer … (imposible) justificar eso… Me reuní con los mandos y les dije: miren lo que nos mandan… Y todos ellos, ¡uy! camarada, donde nosotros digamos eso… la gente se va a emberracar… (tocaba) reconocer que la habíamos embarrado”. Se puso entonces a trabajar la intervención. “¿Cómo ven esta? Me dijeron sí, está bien, pero ojalá la haga más cortita, camarada… Eso es muy largo. Por la mañana (ya estaba) corta pero muy sentida y veo todas esas mujeres… Mi mamá era negra y cuando uno va hablando vienen las figuras y claro, pues mi mamá no enterró muchos de sus hijos asesinados por el paramilitarismo entonces… uno va viviendo eso… ¿y a mi mamá quién le pidió perdón? (Aquí) es también pedirle perdón a mi mamá. Por esta lógica de la violencia … la emoción me dominó”. Básicamente, le preocuparon mucho sus recuerdos familiares y bastante poco las víctimas. 

Poco después del evento, Alfredo Molano Jimeno lo resumió basándose en testimonios de personas presentes. Tras anotar que “a los pobladores de Bojayá les llegó el perdón 13 años después de enterrar sus muertos” destacó el “sentido discurso” de Alape y cómo “dos veces se le quebró la voz”. Añadió que “la honestidad fue la regla de oro y la promesa del nunca más el objetivo”. Después pronosticó que “uno de los testimonios que quedará en la memoria es aquel que reconstruyó la voz de una guerrillera, que después de la masacre, llorando y de rodillas, decía: “Dios, qué hemos hecho””. Lamentablemente las reacciones e impresiones de las víctimas tampoco despertaron su curiosidad.  Se interesó más por el análisis político del ataque y sus secuelas judiciales contra el Estado. 

Meses después Alape retornó a Bojayá con Iván Márquez. Le regalaron al pueblo el Cristo Negro de un artista cubano como símbolo del compromiso de la guerrilla con la reparación de las víctimas. Márquez habló de “sinceridad, arrepentimiento verdadero y reconciliación”. Leyner Palacios, familiar de 38 muertos por la explosión del 2002, líder de víctimas, anotó que “el cristo no llegó por una petición; no consultaron con ninguna de las comunidades si querían ese cristo”. Las personas afectadas consideraban imposible reemplazar con eso al Cristo Mutilado original destrozado. Lo recibieron provisionalmente y lo llevaron a una pequeña parroquia a 40 minutos en lancha.

Howard Zehr plantea que “la justicia restaurativa requiere, como mínimo, que atendamos los daños y necesidades de las víctimas, que instemos a los ofensores a cumplir con su obligación de reparar esos daños, e incluyamos a víctimas, ofensores y comunidades en este proceso”. Desde sus orígenes la JEP, soberbia y acartonada, trató con mano de seda a los victimarios a costa de las víctimas. En el primer ensayo del peculiar esquema, nadie indagó cómo reaccionaron o se sintieron. En el segundo pretendieron saber lo que necesitaban sin consultarlas. Cuando Iván Márquez se declaró disidente ya le importaba bien poco Bojayá. 

REFERENCIAS

Alsema, Adriaan (2017) “The massacres that have defined Colombia’s armed conflict”. Colombia Reports, Oct 11

EP (2016). “Farc piden perdón por la masacre de Bojayá”, El País, sep 29

Hernández Baca, Andrea (2018). “El cristo negro de Bojayá, a la espera de su reubicación”. El Tiempo, mayo 3

Molano Jimeno, Alfredo (2015). ““Perdón Bojayá”: Farc”, 

El Espectador, diciembre 6

Posada, Maria Clara (2026). “El costo de los vikingos”. El Colombiano, septiembre 29

Rubio, Mauricio (2019). “Solemne novatada de la JEP”. El Espectador, mayo 9, Blog personal

Santos, Juan Manuel (2025). “Comunes: de guerrilla a partido político”. La Historia no Contada del Proceso de Paz, Podcast, T2-EP07

Zehr, Howard (2007) El Pequeño Libro de la Justicia Restaurativa, Good Books, fapromed

El asimétrico y tartufo desasosiego con un vocablo

 Publicado en El Espectador, septiembre 21 de 2026

Se armó tremendo escándalo por la decisión del nuevo gobierno aporofóbico de reemplazar el término “campesino” por otro supuestamente más moderno y sin prejuicios: “pequeños empresarios del campo”. Paradójicamente, la protesta provino de quienes, en diversos frentes, buscan erradicar denominaciones que marquen con etiquetas indelebles. Ignorando sus principios, esta vez no tuvieron reparo en aceptar el sustantivo masculino para representar tanto a hombres como a mujeres. Esa fue la recriminación hecha a la directora del ICBF porque decidió reemplazar los vocablos “niños” y “niñas” por el término neutro “niñez”. Además, esa había sido la propuesta del Ministerio de la Igualdad que nadie rechazó bajo el Gobierno del Cambio. 

En defensa del término, la izquierda condescendiente y reaccionaria adujo razones colectivistas, políticas e ideológicas caducas; sin la menor empatía ni consideración por las personas reales afectadas. La lógica para protestar es falaz: dejar de utilizar el término “campesino” equivaldría a “suponer que no existe, y así borrarlo del mapa”. No tarda en consolidarse otro genocidio. Y a falta de evidencia, tranquilamente se inventa: “la gran mayoría de campesinos probablemente hubiera dicho que se siente cómoda con su denominación”. ¿Por qué aquí la muestra y representatividad son irrelevantes y es inocuo que la mitad femenina de la población rural quede invisibilizada asimilándola al “campesino”?

Después viene la declaración de banalidad personal e individual que conlleva el término frente a un colectivo: “los campesinos organizados han logrado toda una serie de reconocimientos y de derechos claves para su avance social, que están amarrados a esa palabra”. Como lo estuvo el obrero, el capitalista, el especulador y muchos términos usados por quienes homogeneizan lo heterogéneo y lo supeditan al papel de defensor o activista de causas políticas que pueden serle ajenas, o no prioritarias. 

Además de preguntarlo directamente, un criterio adecuado y medible para saber si alguien del campo encuentra satisfactoria su situación es bien simple: observar cómo “vota con los pies”. Quien emigra sin coacción es porque prefiere cambiar su estatus. Los flujos migratorios son reveladores pero están silenciados en este debate amañado; y en ellos se destacan como fundamentales las diferencias hombre mujer. Históricamente, las campesinas fueron las primeras en emanciparse de su entorno, décadas antes de la salida masiva de trabajadores para el sector de la construcción urbana en los años setenta. Entre emigrantes rurales, en 1951 Bogotá ya tenía 30 mil mujeres más que hombres. Abandonaban el campo por falta de oportunidades laborales y llegaban a la ciudad para ocupar posiciones muy precarias, incluso humillantes como el servicio doméstico en una sociedad tan clasista. Así ocurrió no solo en Colombia, sino en cualquier país no sujeto al control dictatorial de movimientos entre regiones. “Porque es desde la ciudad que se identifica a los campesinos a nivel global, sin mucha preocupación por la diferenciación social”, resume el Larouse francés. Algunos campesinos jóvenes hacen pensar en el inmigrante ilegal al que mentes progresistas buscan convencer de que se quede en el lugar del que busca irse como sea. 

Actualmente en Colombia persiste una razón contundente para abandonar el campo cuanto antes: quedarse pone seriamente en peligro la posibilidad de educarse. Según el DANE, en 2020 la distancia promedio entre hogares de estudiantes y colegios rurales rondaba los 4 km, o sea más de una hora a pie. Para estudiar, un joven cundinamarqués caminó “todos los días desde los seis años… (desde) las 4:30 am para estar a las 7:00 en el centro educativo”. Idealizar esa vida sólo porque encaja en un esquema ideológico es la típica maroma intelectual de quienes por razones políticas sugieren a otras familias que hagan lo que jamás harían con la suya. 

Las ciudades ofrecen un mercado muy apreciado: el de parejas. A la rudeza del trabajo y la necesidad económica se suma el asunto vital de con quién emparejarse. El tema es tan serio que en Francia, con larga tradición agrícola, excelentes comunicaciones, densa red vial y amplia oferta de servicios públicos en sus 35 mil municipios, la TV emite semanalmente el programa L’amour est dans le pré (El amor está en el prado) para ayudar a jóvenes del campo sin pareja a encontrar una. Existen versiones de ese espacio en Alemania, Austria, Bélgica, España, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Suecia, Australia, EEUU y Quebec. Que Colombia carezca de algo similar, ni siquiera en Radio Sutatenza, y que Radio Nacional emita “Del Campo y otros amores” pero para destacar “historias, saberes, luchas y esperanzas de quienes trabajan la tierra” ilustra la total politización del vocablo. 

Para un reality como ese, en redes sociales o en apps de citas, una inquietud  obvia sería la denominación escogida por un varón del sector rural colombiano para su perfil: ¿“campesino” o “empresario del campo”? 

REFERENCIAS

Benson, Alice (2026) “¿Un ministro aporofóbico?”. El Espectador, sep 13

EC (2016) “Susana Muhamad, exministra de Petro, estuvo en marcha en la que “grafitearon” sede del ICBF”. El Colombiano, sep 7

ET (2005). “El espíritu de Pasuncha”. El Tiempo, enero 8

DANE (2022). “Análisis de accesibilidad a centros educativos” Nota Estadística abril 

Gutiérrez, Francisco (2026) “Un despojo retórico”. El Espectador, sep 11

Larousse (2005)  “Paysannerie”. Dictionnaire de l’Histoire de France”, Page 933

Rueda Plata, José (2017). “El campo y la ciudad: Colombia, de país rural a país urbano” Credencial Historia, No 119

Salazar, Carol (2026) “Petro criticó directriz de la ANT que insta a reemplazar los términos “campesinos” y “reforma agraria”: “Ignorante quien inicia esto””. Infobae, sep 6

Uprimny, Rodrigo (2026). “Mi columna de siempre en defensa de la reforma agraria”. El Espectador, sep 20

Van Keulen et.al. (2013). “The limitations of localization: A cross-cultural comparative study of Farmer Wants a Wife”. International Journal of Cultural Studies, Vol 17, Issue 3

Del Sancocho Nacional al indigesto mazacote sin paz

Publicado en El Espectador, septiembre 17 de 2026 

“Los mitos son, por un lado, avasalladores; por otro, son incomprensibles” anota Alma Guillermoprieto. En Colombia, una de esas fábulas es que para alcanzar la paz no basta que las partes en conflicto depongan las armas. Debe haber profundas transformaciones sociales, económicas, políticas, regionales, ampliación de derechos, reducción de desigualdades, mayor inclusión y un largo etcétera.

Una expresión de ese ambicioso proyecto consiste en plasmar en una constitución todos esas condiciones para superar la violencia. Aunque “la Constitución del 91 es interpretada por muchos como un tratado de paz”, desconcierta que así piense “la mente jurídica más lúcida que tiene el país”, como presenta Juan Manuel Santos a Rodrigo Uprimny, cofundador y por diez años director de Dejusticia. Su idea de la Constitución-Acuerdo de Paz la expone en un escrito a raíz de los 25 años de la nueva Carta Magna. Por haber ocurrido tras la reinserción del M-19 y el EPL, para Uprimny, esa norma de normas “fue pensada como un tratado de paz entre los colombianos. Por ello incorporó a la paz como un derecho y deber de obligatorio cumplimiento”, colombianísimo aporte al constitucionalismo mundial. Sin embargo, aclara que “no sólo no alcanzamos la paz, sino que el conflicto armado persistió e incluso creció en intensidad en ciertos años”. A pesar de esa flagrante incoherencia -más derechos, mayor inclusión pero más violencia- para él la fórmula debe repetirse. “Hoy tenemos la gran oportunidad de eliminar esa cruel paradoja. El acuerdo de paz con las Farc es imperfecto, pero es razonable y realista y puede encaminarnos a la superación del conflicto armado”. 

La machacada y precaria teoría de las “causas objetivas” de la violencia había sido impulsada, otra vez, por quienes más la contradijeron en el conflicto colombiano, la antítesis del pobre campesino sin tierra: los traviesos insurgentes urbanos, educados y burgueses del M-19. A principios de 1989 cuando esta guerrilla se preparaba para firmar un acuerdo de paz con el gobierno Barco decía estar representando a todos los grupos de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), algo que negaba el resto de integrantes. Aún así, el M-19 insistió en invitar a toda la CGSB a sumarse a los diálogos; promovió la idea de “una nueva Constitución que exprese en sus contenidos, sus formas y sus procedimientos, un auténtico Tratado de Paz”. Así, al movimiento estudiantil de la séptima papeleta como impulso inicial a la Constituyente de 1991, hay que sumarle otro posible origen: el Gran Sancocho Nacional. Para el diálogo, el pueblo en permanente cabildo abierto que admite incoherencias, Alma Guillermoprieto propone una explicación. “Como la realidad de América Latina es profundamente insatisfactoria para la mayoría de sus habitantes, la necesidad de una respuesta profunda generó este fervor revolucionario que, como todas las soluciones basadas en utopías, fracasan, porque buscan la perfección”. Esto pudo llevar a lo que ella misma llama una “brutal guerra ideológica en Colombia”.  

La comparación que Uprimny hace explícita entre la Constitución del 91 con la primera parte de un Tratado de Paz que culminaría 25 años después con el proceso de La Habana, al que también siguió un recrudecimiento de la violencia, la hizo en plena campaña a favor del plebiscito; tal vez buscaba reclutar votantes a favor del Acuerdo. “Esta paz negociada se lograría además sin rupturas institucionales pues los mecanismos previstos para refrendar, incorporar jurídicamente e implementar el acuerdo de paz son nuevos”.

La anunciada continuidad institucional en realidad fue un colosal tsunami penal provocado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esa imprecisión es más grave que un simple descuido. Puesto que antes del plebiscito la JEP acaparó el debate público, más que la influencia de la Iglesia o la “ideología de género”, buena parte de la ciudadanía debió pensar que el No tenía que ver con ese esperpento judicial. La explicación podría ser mucho más simple: la mayoría de participantes, tanto por el Sí como por el No, debió votar sin tener ni la menor idea de lo que realmente estaba en juego además de la desmovilización. La respuesta comodín que hacerlo negativamente significaba preferir la guerra es tan absurda e insultante que no merece comentarios. 

Aunque la pregunta del plebiscito era muy simple -¿Apoya el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?- en ese momento lo pactado estaba plasmado en un mamotreto de 297 páginas, denso e incomprensible para cualquier persona profana y en el que, aún leyéndolo con detenimiento, era literalmente imposible responder la pregunta escueta que a muchísima gente, en especial a las víctimas, inquietaba: ¿quedarán impunes los crímenes atroces de las FARC?

REFERENCIAS

Consuegra, Natalia y Juan Camilo Rincón (2026).“Supervivencia, humor y violencia: Colombia vista por Alma Guillermoprieto”. Contexto, sep 2

Guillermoprieto, Alma (2026). Esta improbable tierra prometida. Debate

Ramírez Espinoza, Gilberto y Abraham Ortiz Miranda (2026). El Libro Negro del M-19, Universidad Sergio Arboleda, marzo 

RS (2016) “Esta es la pregunta que responderán los colombianos en las urnas”. Semana, agosto 30

Santos, JM (2025). “De la Constitución del 81 al Acuerdo de Paz de 2016”, Podcast Spotify, T2 EP 01

Negociar el futuro del país con un grupo leninista

Publicado en El Espectador, septiembre 10 de 2026 

Parte del escepticismo con el proceso de paz santista surgió de pensar que el ambicioso inventario de reformas acomodadas por fast-track después del rechazo al plebiscito se incumpliría por el débil compromiso de gobiernos posteriores con el Acuerdo. La segunda temporada del podcast en el que JM Santos regaña al mundo por ignorar su plan decenal de desarrollo rural revela que el fracaso de varios capítulos no se explica por algo tan simple como el saboteo de unos presidentes. El legislativo colombiano, independiente del ejecutivo, no supo, no pudo, o no quiso, aprobar la ambiciosa agenda de proyectos apenas implícita en el “mejor acuerdo posible”.

La evolución de la paz pactada en el papel empezó con planes faraónicos de un académico soñador aupado por un político ambicioso obsesionado con su imagen internacional; y terminó en un texto voluntarista y generoso con un grupo insurgente marxista-leninista, jerárquico, dogmático, formateado para usar armas y aferrado a ellas. Es un desatino estigmatizar con etiquetas como “persona llena de odio”, intolerante, excluyente, fascista o fanática ultra católica a quien simplemente rehúsa la legitimidad del diálogo, la “construcción de país”, con una agrupación que uno de sus comandantes reinsertados, Pastor Alape, describe como poco democrática. 

Un punto importante es la denominación adoptada inicialmente por los antiguos guerrilleros para su partido político: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común con el mismo acrónimo FARC de la organización desmovilizada. “Nos equivocamos en el primer nombre (del) partido. La carga de la narrativa sobre FARC nos hacía la campaña dura… Decidimos quitarle esa carga… de la imagen de guerra, del fusil, de la bomba y poner otra mucho más común… no repetir las viejas formas de la política”, anota Alape. 

Se puede plantear que esa detestada y temida sigla, esa “imagen de guerra”, buscaba dejar claro que la lucha incansable por el poder continuaba, ahora con retórica que las armas pueden usarse por la paz. Eso lo dejó claro Iván Márquez, figura clave de las negociaciones, al declararse disidente en 2019. Hacia allá también apuntó Alape hace apenas un año: “nosotros mantenemos prácticamente la misma línea porque nuestra visión (corresponde a) un partido leninista….”. La negociación sobre cómo encajar eso en una democracia tardó cuatro meses. Era la cuadratura del círculo. Una orientación no comunista hubiese sido aceptada sin problema: el liberalismo colombiano hace parte de la Internacional Socialista. Pero no es fácil identificar partidos que se reconozcan leninistas y no busquen derrocar el poder establecido. En El Estado y la Revolución (1917) Lenin insistió que el Estado burgués no se puede “reformar” pacíficamente; debe ser destruido y reemplazado. Ni siquiera el nuevo nombre, Comunes, para diferenciarse de las disidencias, logró que las ex FARC superaran su férrea e indeleble formación ideológica y política. 

En cuanto al acuerdo sobre participación electoral en los territorios las malas noticias no vienen solo de Alape. Varias personas cercanas al Nobel anotan que el propósito de “cambiar las balas por votos” no se concretó. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, difícilmente clasificable como enemiga de la paz, señala las enormes dificultades en el Congreso para alterar costumbres. “No tenemos partidos políticos de ciudadanos y ciudadanas sino de jefes y jefas”, anota. Sobre la proliferación de grupos armados y la paz en algunas regiones, el panorama es desolador. El control territorial ahora se busca no sólo por razones económicas -extorsión o mercados ilegales- sino para asegurar resultados electorales. Lo que se juega en cada elección es el poder político local. Si el mando lo mantiene un grupo armado ilegal, vendrá con recursos en efectivo para apoyar intereses proselitistas. 

La gobernanza en micro territorios “hoy está segmentada por la presencia de frentes con jefes cada vez más jóvenes y sin formación política” anota Barrios. La práctica leninista sufrió tal metamorfosis que ahora parece más apropiada para el teatro surrealista. En 2023, causó escándalo en Popayán “la posible presencia de las disidencias de Iván Mordisco en la instalación de las elecciones”. En abril de 2025 los militares tuvieron que defenderse de los hostigamientos armados de una disidencia FARC, y también proteger “el puente con el que reemplazaron el que voló” esa misma disidencia. 

 

Muchas personas, invitadas o no por Santos, afirman que, sin el Acuerdo de Paz de 2016, Petro no habría alcanzado la presidencia. Hay suficiente evidencia para plantear una variante a ese desacierto: la Paz Total, por su ambición, precario polo a tierra y deplorable criminología, simplemente profundizó los principales yerros de la paz santista, sin el irrefutable logro de haber desarmado la mayor guerrilla del país. Pero el veredicto de las urnas es claro: Colombia no quiere leninistas en el Congreso. 

REFERENCIAS

JEP (2016). “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. Jurisdicción Especial para la Paz, nov 24

JMS (2025). “Comunes: de guerrilla a partido político - la historia no contada del proceso de paz” T2-Ep 07, ago 20

LSV (2014). “¿Conducirán los acuerdos publicados al fin del conflicto armado?”. El poder de los argumentos, La Silla Vacía, oct 9 

IC(2029) “Manifiesto - Una nueva etapa de lucha para el despertar de las conciencias” Insight Crime, nov

Rodríguez, Santiago (2026). “El Fin del Partido de las Farc: Comunes no se tomó el Poder”. La Silla Vacía, mío 11

Torres, Jhon (2023). “Polémica: militares 'pidiendo permiso' para poder proteger elecciones en Cauca”: El Tiempo, Oct 27