Publicado en El Espectador, septiembre 3 de 2026
En octubre de 2014, poco después de que el gobierno Santos hiciera públicos los primeros acuerdos parciales con las FARC, La Silla Vacía y la Universidad Javeriana organizaron un debate. Hacía parte de la serie “Sí o No: El Poder de los Argumentos” y el invitado era Sergio Jaramillo. Expuso tres puntos: reforma rural integral, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas.
La mecánica del evento era que el público respondía inicialmente el interrogante “¿Conducirán los acuerdos publicados al fin del conflicto armado?”; Jaramillo exponía sus razones, respondía preguntas de los organizadores y luego se repetía la votación. En la primera vuelta triunfó el escepticismo: 59% de votos negativos. Lo acordado no contribuiría al fin de la guerra. Esto entre una audiencia universitaria, difícilmente asimilable a un grupo manipulado por el fanatismo religioso. Tras oír a Jaramillo, la mayoría (58%) respondió Sí. La exposición del Alto Comisionado para la Paz podría pasar a la historia como el más ambicioso listado de deseos sobre las posibles acciones para revitalizar el campo colombiano y eliminar todas las “causas objetivas” del conflicto, el sinnúmero de trabas para una verdadera “paz territorial”. Conviene citar literalmente varios apartes de esta magistral clase.
“Si estos acuerdos se implementan, significarán la mayor transformación imaginable en la historia de Colombia”, arrancó sin modestia Jaramillo. Continuó con el tic de asimilar esfuerzo invertido a calidad: “estos acuerdos son el producto de una negociación muy difícil, muy larga, muy dura”, sin mediadores. La dejación de armas “no es suficiente para construir la paz… nunca hemos tenido un proceso de paz territorial… Que la implementación de los acuerdos cambie las condiciones de manera definitiva…. ¿Qué pasa si un grupo se desmoviliza y siguen cultivos de coca (sin) oportunidades de empleo?… este proceso busca cambiar la realidad y reconstruir el pacto social”. Eso requería “asegurar la integralidad… no acuerdos aislados… es una lógica de garantía de los derechos de todos los colombianos”, tarea imposible sin “una participación masiva de la ciudadanía en una fase de transición”. En La Habana se buscaba terminar el conflicto, “pero la paz, la vamos a construir entre todos, en las regiones” había dicho unos días antes.
¿Cómo pensaba que se haría? Primero, una reforma rural integral. “Es un acuerdo de una enorme ambición; (como meta) la reducción de la pobreza rural en el 50% en 10 años… Sacar aproximadamente a 3 millones de colombianos en zonas rurales de la pobreza”. Las comparaciones internacionales ilustraban sus aspiraciones. “Brasil con inversiones enormes y mucha institucionalidad sacó a 5 millones de la pobreza… el campo colombiano (estará) en convergencia con el nivel de vida de las ciudades, es la lógica de garantía de derechos… (Haremos) en 10 años lo que no hemos hecho en 50”. Reconoció que muchos problemas estaban sobre diagnosticados; anotó con humildad que el análisis hecho en La Habana coincidía con los trabajos de la Misión Rural (1997-1998) con “organizaciones campesinas, indígenas y empresariales, académicos, instituciones públicas, entidades territoriales, organismos internacionales y otros sectores de la opinión pública… (Hubo) propuestas sobre ruralidad, economía campesina, sostenibilidad, pobreza rural, educación, ciencia y tecnología, convivencia, institucionalidad, género y cultura”.
Los desafíos eran enormes, “por ejemplo en riego Colombia está casi al final de la fila, México tiene cobertura del 66%, Chile del 52% y (nosotros) el 15%… no hemos hecho nada en décadas, igual en vías etc…” Tocaba hacer grandes inversiones en bienes públicos: riego, vías terciarias, electricidad, conectividad, apoyo a vivienda, acueductos… salud y educación, capacitar al pequeño agricultor… “En las zonas afectadas por el conflicto (haremos) programas de desarrollo con enfoque territorial en una lógica de seguridad alimentaria. Ese es el primer acuerdo”.
En términos de participación política, “la firma e implementación del acuerdo contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia… Implicará la dejación de las armas y la prescripción de la violencia… transitar a un escenario en el que imperen garantías plenas para quienes participen en política”. Con respecto a la droga, “un gran programa hará lo que nunca se ha hecho: un enfoque de desarrollo rural participativo que resuelva para siempre el problema de los cultivos y que emplee los recursos coercitivos del Estado en perseguir el crimen organizado”.
En síntesis, tocaba “repensar la institucionalidad para implementar los acuerdos. Brasil creó un ministerio de Desarrollo Rural… ”En Colombia había que mejorar el diálogo entre gobierno nacional, departamentos y municipios… “pero todo eso será insuficiente… la nueva institucionalidad requiere una alianza entre ciudadanos y autoridades… tenemos el reto obvio de cómo financiar todo esto: tiempos excepcionales requieren financiación excepcional… Y una visión compartida (Estado, ciudadanía, FARC) de para dónde vamos”. Continúa



