Frambuesas con veneno, investigación forense y Efecto Cenicienta

 Publicado en El Espectador, diciembre 18 de 2025

En abril de 2025, en una casa bogotana, tres colegialas cocinaban galletas. Les llegó una caja de frambuesas achocolatadas como regalo. A la mañana siguiente se sintieron mal, fueron hospitalizadas y dos de ellas murieron en pocos días. Las necropsias revelaron “intoxicación aguda por talio”, un metal incoloro, sin sabor y veneno letal. Zulma Guzmán, principal sospechosa del envenenamiento, salió del país y desde Argentina explicó a sus amistades: “me acusan porque tuve una relación clandestina con el papá de una de las niñas”. La hipótesis sobre el móvil del asesinato tomó forma: “un crimen de venganza, planeado con método y ejecutado con un tóxico que tarda en mostrar síntomas”. Dos años antes, investigaciones forenses rastrearon la muerte de la madre de una de las niñas asesinadas: atribuida a un cáncer, también aparecieron rastros de talio.

Desde los años setenta, Martin Daly y Margo Wilson, psicólogos evolutivos canadienses, investigaron las relaciones familiares y la violencia de pareja con perspectiva darwinista. En 1988 publicaron The Truth about Cinderella donde plantean que, para menores, la probabilidad de sufrir maltrato o abuso físico grave por parte del padrastro o la madrastra es muchísimo mayor que por progenitores con vínculo biológico. Un estudio de los homicidios infantiles en varias ciudades norteamericanas mostró que el riesgo de ser asesinado así era 70 a 100 veces superior que ser víctima del padre o la madre biológica.

En su trabajo más conocido, Homicide, Daly & Wilson corroboraron que los celos masculinos, centrados en el sexo, difieren de los femeninos, sensibles a la pérdida de atención y compromiso, al desvío de recursos. También con datos para EEUU encontraron que casi siempre es el hombre quien mata a la mujer o al rival. La psicología evolutiva también ha planteado que la violencia masculina es no sólo más común sino que se basa en fuerza física, impulsiva, espontánea, con golpes o armas. Como Zulma, las mujeres recurren a métodos indirectos y discretos, por ejemplo envenenamiento, premeditado y minuciosamente preparado. 

La evidencia de la psicología evolutiva apunta en la misma dirección que multitud de refranes. “A hijastro y a perro viejo, palo y rejo… Madrastra, ni de cera ni de pasta”. El estereotipo negativo abunda en cuentos infantiles: además de Cenicienta, Blanca Nieves, Pulgarcito y Harry Potter. En la mitología griega Hera, esposa de Zeus, madrastra de Heracles, le envía de bebé serpientes para matarlo. Tiro, hija de Salmoneo e hijastra de Sidero, es maltratada cruelmente y obligada a tareas serviles. En Roma, la saeva noverca (madrastra cruel en latín) acude al envenenamiento o la persecución para beneficiar a sus propios hijos. Ovidio y Virgilio describen madrastras que mezclan venenos, como el acónito, para eliminar hijastros y asegurar la herencia para sus propios descendientes. En Ecuador según la leyenda, Umiña, hija de un cacique, es abandonada en el mar por su madrastra, que también mata al padre. En Macondo y en la literatura latinoamericana no se destaca esta figura malvada tal vez por la altísima tasa de hijos por fuera de matrimonio que terminaban abandonados o criados por la abuela materna, pero rara vez por una madrastra, que es una importación de Europa, donde hubo alta mortalidad materna con segundos matrimonios. La situación de Zulma, amante de un hombre casado, es equivalente a la de madrastra, sin vínculo genético con la hija de él.

 

En cualquier caso, la psicología evolucionista destaca la importancia de la tradición oral transmitida entre generaciones para la supervivencia. En buen romance, postula que la sabiduría popular conoce mejor la naturaleza humana, y su adaptación a un entorno específico, que algunas disciplinas académicas obsesionadas con el deber ser. Es encomiable que la investigación forense en Colombia reitere, con este envenenamiento “por venganza”, no estar restringida por planteamientos anti evolucionistas de diversos activismos que, en las últimas décadas, llegaron al extremo de vetar los celos, o algunos arreglos familiares, como factores de riesgo de la violencia de pareja. Un cambio definitivo en la jurisprudencia fue la sentencia T-967/14 con la que la Corte Constitucional  destacó el vínculo de los celos con las agresiones de pareja. Para entonces, el dictamen de Medicina Legal había destacado, ante un caso de ataques recurrentes, “un funcionamiento celotípico machista”. 

La persistencia e irrelevancia de análisis intelectuales y académicos las ilustra una “experta” entrevistada por una emisora sobre las frambuesas envenenadas. “Muy complejo entender la sofisticación… no es lo mismo el sicario de la moto… Es una mujer inteligente y preparada… con acceso a información… hay algo que se llama el criminal de cuello blanco”. Resultó profunda la huella de la violentología de las “causas objetivas”: no ver más allá de la pobreza como factor de riesgo. 

Érguete en Vigo: la protesta de las madres gallegas contra la droga

 Publicado en El Espectador, 11 de diciembre de 2025

En 1986, Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez Orejuela, tras ser capturados en Madrid, fueron extraditados a Colombia para ser puestos en libertad con simulacros de juicio. Ese mismo año, en Vigo, un grupo de “madres contra la droga”, formalizado luego como Asociación Érguete, convocaba una rueda de prensa para denunciar los bares que vendían vicio. Se iniciaba así “una revolución matriarcal que trascendió un barrio para llegar a toda la nación”. Los narcos locales, que atemorizaban y asombraban a la población con mano de hierro y consumo conspicuo, sintieron por primera vez que alguien les perdía el respeto. “¡Por qué vamos a tenerles miedo, si lo peor es que nos maten a nuestros hijos y ya casi están muertos!” clamó una de las afectadas. 

Desde los años cincuenta, muchos pescadores gallegos complementaban sus ingresos con el contrabando de cigarrillos que descargaban de buques en alta mar para llevarlos con lanchas rápidas y en pequeñas cantidades hasta las rías gallegas. Basadas en clanes familiares, las bandas que contrabandeaban a gran escala se aliaron con organizaciones criminales europeas. A finales de los setenta, por los contactos en Holanda y Bélgica para el hachís marroquí empezaron acuerdos con proveedores turcos y libaneses de heroína. Después vendría la cocaína colombiana. En sus pueblos, los contrabandistas se convirtieron “en líderes de la comunidad, héroes locales que llegaban a ser elegidos alcaldes y a ostentar cargos importantes en la política autonómica”.  

El tránsito del tabaco a las drogas duras se dio progresivamente, buscando mayor valor por kilogramo transportado. La marihuana y el hachís no generaron reticencias. El salto a la heroína y la cocaína sí causó discrepancias con quienes anticipaban que las autoridades empezarían a perseguirlos. La oposición cedió, los beneficios aumentaron y los capos se hicieron muy influyentes. “Generaban riqueza y empleo… No solo ostentaban puestos políticos, sino que eran abogados y empresarios con poder en negocios legales; eran los dueños de equipos de fútbol y los financiaban, sufragaban los gastos de las fiestas, ponían el dinero para arreglar el techo de la iglesia. La gente los admiraba”. Frente a familias que apenas llegaban a fin de mes “los narcotraficantes se paseaban por las calles en sus Ferraris y Porsches… Hasta contaban con el beneplácito de algunos. Hacían obras y mejoras en sus pueblos”.

Por el lado de la oferta de cocaína, en los ochenta hubo cambios importantes. El mercado norteamericano se saturó y ante el auge del consumo europeo los carteles colombianos buscaron nuevas puertas de entrada al viejo continente apoyándose en las redes que hacían descargas marítimas por Galicia. Ese era el objetivo de Ochoa Vásquez y Rodríguez Orejuela en Madrid. No sólo ofrecían un buen producto sino también know how para el lavado de dinero en Panamá. Además, “quedaron fascinados con lo dóciles que eran las autoridades y con los niveles de aceptación social de los clanes”. El hondureño Ramón Matta Ballesteros, socio del Cartel de Medellín y luego precursor de rutas hacia EEUU por México, había huido tras su participación en el secuestro y asesinato de un agente de la DEA en Guadalajara para instalarse en Galicia. Allí compró propiedades y contactó clanes históricos del contrabando. Vinculó a sus hermanos con empresarios locales. La vigilancia policial sobre ellos cesó cuando la DEA capturó en Honduras y extraditó al Matta narcotraficante. “Ahora ése es un tema que le corresponde exclusivamente a la policía española” puntualizó la agencia norteamericana.

Carmen Avendaño, principal impulsora de Érguete, recuerda cómo empezaron “conductas extrañas en los jóvenes del barrio. Fumaban algo raro… No sabíamos absolutamente nada de drogas”. Mientras los narcos operaban a sus anchas con autoridades y fuerzas de seguridad inofensivas, la droga mataba una generación de jóvenes. En aquel entonces ella iba “hasta a tres entierros en una semana”. 

Al impacto directo de la droga se sumaban los robos para comprarla. Primero en sus casas y luego en la calle. “Empezaron a pasar por los juzgados y a pisar prisiones por robo”. Y no eran jóvenes excluidos o marginados, “podía ser el hijo de cualquiera”. Tuvieron que investigar por su cuenta lo que pasaba. Confirmaron que “los grandes capos de la droga en Galicia actuaban con total impunidad”. Entonces muchas madres “se hartaron y levantaron contra ellos”. Esas protestas hicieron que por primera vez las autoridades peninsulares hicieran un diagnóstico de lo que ocurría en la costas gallegas. La alerta desembocó en la Operación Nécora, uno de los mayores golpes al narcotráfico en la historia de España. Aunque hubo muchas condenas, la actividad sobrevivió. El negocio cambió de manos y se hizo discreto. No sólo los narcos colombianos evolucionaron: como el altruismo, la codicia es adaptativa. 

La justicia española versus la colombiana: hace décadas y ahora

Publicado en El Espectador, diciembre 4 de 2025 

Suena insolente sugerirlo, pero hay elementos de la justicia en Colombia que han sido más independientes del poder, político, económico o mafioso, que en España. 

Hasta hace poco, pragmáticamente, la justicia penal española se centró en perseguir delincuentes políticos, denominados sin ambages terroristas, sin molestar a los narcos. Colombia, por el contrario, aupada por los EEUU, le declaró la guerra a las mafias más poderosas del planeta, en buena medida las derrotó, pero engavetó las sanciones penales para dialogar con variadas insurgencias. 

El desinterés español por el narcotráfico no era simple descuido. En 1984, tras el magnicidio de Rodrigo Lara Bonilla, los principales capos colombianos huyeron del país. Tras fracasar las negociaciones en Panamá con el gobierno de Belisario Betancur, Pablo Escobar regresó para emprender la guerra contra el Estado mientras Jorge Luis Ochoa viajó a Madrid para consolidar negocios. Allá fue detenido junto con Gilberto Rodríguez Orejuela, cabeza del cartel de Cali. La justicia norteamericana tenía robustos expedientes contra ambos y solicitó a España su extradición a los EEUU. Desde antes, abogados colombianos buscaban el traslado a Colombia de los detenidos. A mediados de 1986 los dos mafiosos ganaron el forcejeo y lograron sendos “sainetes de una absolución anunciada” en su país. 

En España, esa decisión provocó “enfrentamientos jurídicos entre el Gobierno y la Audiencia Nacional”. El buenismo argumentaba que la petición norteamericana era política y perjudicaba a Ochoa por la “notoria enemistad” con Nicaragua, país involucrado en el caso por el principal testigo, Barry Seal. “Acabáis de poner en libertad a un hijo de perra, un asesino, un criminal” le recriminó Felipe González, lúcido socialista, al presidente del Tribunal Supremo tras la decisión de enviar a Rodríguez Orejuela a Colombia. Antes, había señalado el intento por “obtener su libertad pagando lo que hiciera falta… en una apuesta que llegó muy alta”. En El hijo del Ajedrecista, Fernando Rodríguez confirmaría el pago por la decisión mientras John Jairo Velázquez mencionaría 30 millones de dólares “de los extraditables” para lograr ese objetivo. 

Por aquella época, la élite de la magistratura colombiana cayó asesinada por no ceder al chantaje de los mismos extraditables ni servir de carne de cañón en la Toma del Palacio de Justicia. Varios jueces de instrucción, antecesores de fiscales, se arriesgaron para recoger, con las uñas y bajo amenazas, testimonios y pruebas sólidas que han ayudado a esclarecer la verdad y descartar narrativas absurdas.

En 2018, al llegar al poder, Pedro Sánchez nombró Fiscal General del Estado a Dolores Delgado, su ex ministra de Justicia, criticada en la institución por traer personas afines a sus convicciones políticas, como Álvaro García Ortiz, un colaborador y sucesor recién condenado penalmente por revelación de secretos. Aunque Sánchez asegura respetar y acatar el fallo, machaca la inocencia de su protegido. 

A pesar de todas las críticas que se han hecho a las cabezas de la Fiscalía colombiana casi desde su creación, nada se acerca a la descarada manipulación judicial y mediática como herramienta de poder del sanchismo, no sólo para evadir acciones en contra, usuales en Colombia, sino para perseguir adversarios políticos, enemigos para estigmatizar y acosar. A los dos años de inhabilitación a García Ortiz hay que sumarle una indemnización de 10 mil euros por daños morales al novio de Isabel Díaz Ayuzo, principal contrincante política de Sánchez. 

Si bien en la cúpula de la rama judicial española y colombiana persisten discrepancias de politización, más intensa allá, en las bases cabe destacar un paralelo en la investigación criminal: la Guardia Civil y el Cuerpo Técnico de la Fiscalía (CTI) se han consolidado como entes independientes, difíciles de sobornar, amedrentar o infiltrar. 

En su último libro, El laberinto del Parqueadero Padilla, Diana Salinas muestra que esa autonomía empezó hace décadas. Aclara que la oficina paramilitar allanada en 1998 por el CTI en ese insólito lugar es una “mutación del Cartel de Medellín.. y del Cartel de Cali… los Rodríguez entrenaron a los Ochoa para tener esta estructura empresarial”. Parte del know how provenía de facultades de derecho. Los capturados del Padilla se comunicaban “a través de los abogados, y esos abogados habían sido los de los Ochoa y Escobar”. Además, mantenían perfectamente informado a Carlos Castaño, comandante máximo de las autodefensas. Aún así, los insobornables sabuesos armaron sólidos expedientes que luego se refundieron. ¿Por qué? “El problema lo tiene en su más alto grado la justicia”, responde Salinas. 

Es una lástima que una investigación seria y minuciosa se empañe con deslices como “la conexión con el holocausto” o asimilar “acabar el problema judío con acabar el problema de la guerrilla”. Cualquiera del CTI o la Benemérita reprendería a la periodista por esa flagrante falta de pruebas.