Asimilar el No a la caverna dificulta salir del impasse. La soberbia del Sí pasó factura. Arrogancia, opacidad, doctrinas arcaicas y total desconocimiento de la oposición contribuyeron a la derrota.
Como había anunciado el secretariado y negado el gobierno, siguió la tregua tras el No. Dos cabecillas se vuelan con una millonada, las FARC aceptan que sí tienen recursos para reparar víctimas y De la Calle anota que los acuerdos se están cumpliendo, cuando precisamente habían eludido la riqueza ilegal. La renegociación podría empezar formalizando esa oferta de última hora, que desbarata la ilusión del “mejor acuerdo posible”. Para avanzar, lo primero es reconocer qué falló.
Avalar en bloque un mamotreto hizo imposible la discusión y la redujo a paz o guerra. Preguntas separadas sobre los preacuerdos hubieran aclarado las grandes desavenencias. Las fortunas gastadas en propaganda han podido dedicarse a conocer el electorado, para convertirlo en insumo de la negociación, sin dar por descontado que el único vocero del No era Uribe. Evangélicos y votantes no idealistas, entre otros, siguen siendo invisibles.
Asimilar lo acordado con las FARC al inicio del posconflicto sin el ELN afectó el resultado. Se requería fe ciega para creer que algo tan cojo era la paz. Así se alargue, la negociación debe ser con ambas guerrillas. Las inquietudes de Herbin Hoyos sobre secuestrados liquidados durante los diálogos no fueron atendidas, lunar inadmisible luego de los desaparecidos de Palacio. No se ha hecho énfasis en la distinción crítica entre guerrilleros post acuerdo y los miles de reinsertados anteriores, desertores cuya vida peligra por ser traidores y testigos incómodos. Heroínas de la paz, como La Niña, son convidadas de piedra y potenciales víctimas.
Menospreciar la impunidad fue el error garrafal. La igualdad ante la ley penal es el legado fundamental de la Ilustración, cimiento de las democracias, vacuna contra la dictadura. El delito político es un concepto debatido, arbitrario y maleable que pierde relevancia en el mundo occidental. En Colombia reverdeció para guerreros de izquierda; la cárcel queda para la derecha y los pobres, bien separados. La comparación con la justicia transicional de países saliendo de guerra civil es insuficiente, también se debe observar el tratamiento de los rebeldes armados en las democracias consolidadas, a donde quisiéramos llegar.
Iván Orozco, experto en la diferenciación entre delito politico y común en Colombia, habló de su influencia en los acuerdos y desprevenidamente llamó la atención sobre parte esencial de los mismos: son el ambicioso proyecto de ingeniería social de una élite intelectual progresista, con escaso respaldo en las urnas, que trató de sacarlo adelante con una alianza entre la extrema izquierda armada y, monumental ironía, el más rancio representante de la oligarquía bogotana. Resulta estrambótico que con una Constitución tan generosa en democracia participativa necesitemos a las FARC para orientar la inversión pública o emprender reformas. Ese sapo definió mucho voto.
No recibió suficiente atención la impopularidad de las ayudas por dejar las armas en un entorno de rebusque, informalidad y corrupción. Aún más indignación produjo el eventual perdón a criminales duros donde abundan raponeros y mulas hacinados en la cárcel. Toca ser jurista académico para proponer que la ideología de quien delinque o asesina determine el castigo que recibe.
Quienes ponen el grito en el cielo ante cualquier segregación a la entrada de un bar condenaron tranquilamente por omisión, con sofisticada retórica jurídica, a la pequeña delincuencia por falta de oportunidades. Minorías marginadas, encarceladas o evadiendo a la autoridad, fueron cruelmente discriminadas con los acuerdos; esa flagrante injusticia, que afecta a familias, amistades y vecinos, también contribuyó al no. Desde el Olimpo académico nunca explicaron por qué la arbitraria división entre delincuentes políticos -curtidos, engreídos, ricos y poderosos- versus comunes -jóvenes, indefensos y apolíticos- contribuye a la paz “estable y duradera” en un país clasista y excluyente. En los barrios que sufrieron más confrontaciones de pandillas con la policía que de guerrilla con el ejército, donde nadie vota y hace rato se embarcaron en la paz añorando a un bandido benefactor, las disertaciones sobre penas alternativas para delitos conexos hubieran recibido rechiflas. Parte del fracaso de los acuerdos fue reducir un conflicto complejo a la lucha por la tierra.
El misterioso Tribunal para la Paz, facultado para revivir casos juzgados, por encima de cualquier Corte, produjo pánico. Las acusaciones de Santrich al Fiscal por vínculos con paramilitares confirmaron por donde iba el agua al molino. Jugar con candela adoptando el esperpento de un abogado comunista español fue una irresponsabilidad mayor que provocó oposición, y no sólo del uribismo.
Después del No ha habido buenas noticias, opacadas por fanáticos del Sí que no dan tregua. El acuerdo rechazado en las urnas sí es mejorable: era un mapa aéreo vetusto para un camino bien culebrero; toca hablar más desprevenidamente con la gente que lo transita.
Grant, Will (2015). "Las FARC no tienen dinero". Entrevista a Iván Márquez. BBC, Dic 17
Rueda, María Isabel (2016). “El enigmático Tribunal”. El Tiempo, Sep 25