Carolina Sabino hizo evidente que el único acuerdo posible entre los bandos irreconciliables ante el aborto es eliminar la amenaza de cárcel.
Así ocurrió en Portugal, país religioso, donde se aprobó la despenalización por referendo, derogando una legislación represiva. Vigente desde 1984, la ley se basaba en el sistema de excepciones, similar al colombiano y al español hasta 2010, pero aplicado de manera estricta, con certificados médicos severos y sin flexibilizar la causal de salud mental, como se hizo en España y algunas activistas proponen para Colombia.
A principios de 2002, en Maia, 43 personas fueron judicializadas por aborto. Sólo dos mujeres confesaron: una, madre soltera y desempleada, recibió una pena de cuatro meses y para la otra el caso prescribió. Dos años después, en Aveiro, hubo un proceso contra siete mujeres y sus “cómplices”, todos de escasos recursos económicos. Fueron absueltos, pero en segunda instancia tres de ellas resultaron condenadas.
El juicio de Aveiro encendió el debate. Una solicitud con 121 mil firmas fue presentada al Parlamento para convocar un referendo a favor del sistema de plazos, que permite a la mujer decidir dentro de un límite de tiempo. Por primera vez, miembros del partido conservador aceptaron suavizar la ley vigente. El obispo de Oporto declaró que criminalizar el aborto no era una solución. Los sondeos indicaban que cerca del 80% de la gente apoyaba la despenalización. En Colombia, tras el incidente Sabino, la proporción debió ser similar, pero nadie se interesó en medirla, ni usarla como herramienta política.
En 2005, con la victoria socialista, el primer ministro Jose Socrates prometió someter a referendo el sistema de plazos. El parlamento aprobó la decisión. El veredicto de segunda instancia del proceso de Alveiro fue crucial en la discusión. Los sectores pro aborto (comunistas, sindicatos, feministas) le pidieron al parlamento legislar sin someterse al escrutinio popular. En Febrero de 2007, con 60% de los votos, los portugueses aprobaron por referendo la despenalización. El parlamento no estaba obligado a legislar, pero lo hizo y ratificó la voluntad popular. El Tribunal Constitucional confirmó la decisión y la ley entró en vigor en Julio del mismo año.
La pregunta del referendo portugués fue simple: “¿está de acuerdo con la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, si se realiza, por opción de la mujer, en las diez primeras semanas, en una instalación sanitaria legalmente autorizada?". Después de un debate político centrado en el absurdo de perseguir judicialmente, y amenazar con cárcel, a las mujeres que abortan, apoyar algo así requiere simplemente realismo y compasión.
Para ganar un referendo sobre algo tan controvertido es indispensable centrarse en lo que genera acuerdo, no en lo que divide. Aporta poco repetir que abortar es un derecho fundamental, ignorar varias semanas del nasciturus, insistir que es parte desechable del cuerpo femenino o especular sobre el momento que empieza la vida. En esos asuntos jamás habrá acuerdo. Las discusiones encarnizadas o afirmaciones irresponsables como “yo también defiendo la vida, pero no cualquier vida”, agravan la polarización y el rechazo. Tampoco ayuda inflar la incidencia, desconocer la realidad del aborto farmacológico casero -que debilita el argumento de salud pública- o proponer un plazo de 24 semanas, atípico en el mundo. Las colombianas judicializadas por aborto deberían jugar el papel central en la lucha por despenalizar. Es en esas historias donde cualquiera, sin discusiones bizantinas, capta la injusticia de la criminalización.
Nunca entendí por qué la sentencia C-355, que mantiene la prohibición para prácticamente la totalidad de los casos reales de aborto, se presenta como un cambio significativo. Dejé de sentirme despistado y aguafiestas al releer una columna de Carolina Sanín sobre esa “equívoca concesión”, escrita cuando la caverna intentó tumbarla: “el principio mismo de “casos de excepción”, me parece inconducente a un reconocimiento de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres… La mujer sigue sin tener el derecho de elegir, y la potestad pasa de manos del legislador a las del médico”.
La absurda cifra de 400 mil abortos clandestinos anuales –incoherente con la pretensión de que ya no es delito- sólo ha servido para que la oposición declare luto por “la muerte de más de 4 millones de colombianos que hubieran podido nacer”. El misterio de partidarios de legalizar el aborto festejando que siga prohibido es tan inexpugnable como el desacierto político de ignorar la “resistencia civil” espontánea que impidió una judicialización. La beneficiaria de esa despenalización, informal pero contundente, critica a la Fiscalía por aprovechar “una historia tan personal para violentar mi integridad como mujer”. ¿Cómo no se le saca partido a ese Sabinazo, ni a la reversa en la investigación, con disculpas de los sabuesos, pero sí se celebra el décimo aniversario de una jurisprudencia tibia, timorata y tan conservadora como la ley que cayó por referendo en Portugal?
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SVSS (sf) "Après de longues années de lutte, le régime du délai est substitué à la loi restrictive sur l'avortement.". SVSS POur le droit au Libre Choix