Martín "El Gallino" Vargas fue un millonario provinciano, socialmente tosco y con muchos hijos de distintas mujeres.
Extremadamente rico pero “recién llegado”, la élite bogotana lo miraba con recelo y respeto pues era él quien les compraba las fincas a los terratenientes empobrecidos. En 1965, Efraín González le secuestró a un hijo y por su rescate pedía un millón de pesos, o sea unos mil millones de hoy. La respuesta del Gallino fue escueta: “es más fácil hacer un hijo que hacer un millón de pesos". Aunque a muchos colombianos esa dureza les parezca admirable, no es lo más común; son mayoría quienes negociaron por algún familiar secuestrado, o por recuperar un cadáver. Según el trabajo de Cifras&Conceptos para la Memoria Histórica, 60% de los secuestros ocurridos en el país entre 1970 y 2010 terminaron con un pago.
Al periodista norteamericano James Foley lo decapitaron los yihadistas tras la negativa de su gobierno a pagar por él. Semanas antes el presidente Obama había autorizado una operación militar para rescatarlo que fracasó. Dos periodistas secuestrados por el mismo grupo y liberados tras el pago de unos 18 millones de euros por el gobierno francés cuentan los horrores que sufrió Foley en cautiverio. En ningún momento acusan a los gringos por no negociar, ni les reclaman no haber escuchado al rehén.
El dilema ante secuestradores que mantienen rehenes es difícil como pocos, pero hay progresivo acuerdo en que lo que se debe hacer es resistir al chantaje, no negociar. Esa ha sido la posición de los EEUU e Inglaterra con los fundamentalistas. Los franceses, supuestamente más humanitarios, ya admiten que su estrategia resultó contraproducente. “Nosotros, los países que pagamos, somos considerados por los terroristas como una vaca para ordeñar”, reconoce un ex funcionario del servicio de inteligencia exterior francés. El New York Times opina que “si todos se negaran a pagar, los terroristas podrían no tener el incentivo de recurrir al secuestro como una industria”. El G8 acordó hace un año negarse oficialmente a pagar rescates y una resolución presentada en ese sentido por el Reino Unido ante el Consejo de Seguridad de la ONU fue aprobada por unanimidad. Desafortunadamente, esta prescripción va en contravía de los intereses y derechos, incluso a la vida, de los rehenes capturados.
En Colombia se impuso la doctrina opuesta, y con tinte político. Una toma de rehenes bien manejada, progresista, es aquella en la que se paga un rescate y se permite la salida de los captores, como en la Embajada de la República Dominicana. Por el contrario, no negociar, y negarse a hablar con los rehenes para enfrentar a los atacantes a la fuerza es una salvajada derechista, como en el Palacio de Justicia. En este incidente se ha condenado la decisión de no negociar sobre la base de la horrorosa secuela de los desaparecidos, una contingencia que era imprevisible ex ante. Con ligereza se habla de golpe de estado porque el presidente, con apoyo de todos sus ministros, dio la orden sin pretender detallar y aprobar cada paso de la acción militar que terminó desastrosamente.
Jaime Castro fue un testigo de excepción. A pesar de que su esposa se encontraba dentro del Palacio estuvo de acuerdo en que no se debía negociar. Es uno de los pocos que ha hecho el ejercicio contrafactual -“qué hubiera pasado sí…”- indispensable para valorar la decisión. Los medios y los analistas del conflicto lo han ignorado olímpicamente. Sus reflexiones son tan ajenas al debate que ha sido acusado por “falso testimonio y fraude procesal” y, con ingenua insolencia, una joven jurista lo asimila a un loquito que repite un eslogan militar. Nadie ha refutado con seriedad el argumento que ceder al chantaje de curtidos secuestradores con semejantes rehenes tenía consecuencias funestas, y más predecibles.
Para el incidente de la Embajada también aplicaría en retrospectiva el principio que se está imponiendo internacionalmente: era mejor no pagar. Yo me atrevo a especular que sin esos millones de dólares con refugio en Cuba para planear cómo usarlos, tal vez nos habríamos ahorrado la urbanización y el deterioro del conflicto, miles de muertos, bastante interferencia castrista, la toma de Palacio y mucha vaina nefasta para la democracia, maestro.
Castro, Jaime (2011). Del Palacio de Justicia a la Casa de Nariño. Bogotá: Aguilar