domingo, 30 de agosto de 2026

Los suntuosos planes rurales de la paz Santista

 Publicado en El Espectador, septiembre 3 de 2026


En octubre de 2014, poco después de que el gobierno Santos hiciera públicos los primeros acuerdos parciales con las FARC, La Silla Vacía y la Universidad Javeriana organizaron un debate. Hacía parte de la serie  “Sí o No: El Poder de los Argumentos” y el invitado era Sergio Jaramillo. Debía exponer tres puntos: reforma rural integral, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas. 


La mecánica del evento era que el público respondía inicialmente el interrogante “¿Conducirán los acuerdos publicados al fin del conflicto armado?”. Jaramillo exponía sus razones y luego se repetía la votación. En la primera vuelta triunfó el escepticismo: 59% de votos negativos. Lo acordado no contribuiría a finalizar la guerra. Esto entre una audiencia universitaria, difícilmente asimilable a un grupo manipulado por el fanatismo religioso. Tras oír a Jaramillo la mayoría (58%) fue positiva. La exposición podría pasar a la historia como el más ambicioso listado de deseos sobre los cursos de acción para revitalizar el campo colombiano y eliminar todas las “causas objetivas” del conflicto, el sinnúmero de trabas para una verdadera “paz territorial”. Cito literalmente varios apartes de esta clase magistral de pazología local. 


“Si estos acuerdos se implementan, significará la mayor transformación imaginable en la historia de Colombia”, arrancó sin modestia Jaramillo. Continuó con el muy parroquiano tic de asimilar esfuerzo invertido a resultados: “estos acuerdos son el producto de una negociación muy difícil, muy larga, muy dura”, sin mediadores. La dejación de armas “no es suficiente para construir la paz… nunca hemos tenido un proceso de paz territorial… que la implementación de los acuerdos cambie las condiciones de manera definitiva…. ¿Qué cambia si un grupo se desmoviliza y siguen cultivos de coca (sin) oportunidades de empleo?… este proceso busca cambiar la realidad y reconstruir el pacto social”. Eso requería “asegurar la integralidad… no acuerdos aislados.. es una lógica de garantía de los derechos de todos los colombianos”. Algo imposible sin “una participación masiva de la ciudadanía en una fase de transición, de reconstrucción”. 


¿Cómo pensaban hacerlo? Primero, reforma rural integral. “Es un acuerdo de una enorme ambición; (como meta) la reducción de la pobreza rural en el 50% en 10 años… Sacar aproximadamente a 3 millones de colombianos en zonas rurales de la pobreza”. Las comparaciones internacionales ilustran su ambición. “Brasil con inversiones enormes y mucha institucionalidad sacó a 5 millones de brasileños de la pobreza… vamos a poner al campo colombiano en un camino de convergencia con el nivel de vida de las ciudades, es esa misma lógica de garantía de derechos… Vamos a hacer en 10 años lo que no hemos hecho en 50”. Reconoció que muchos problemas estaban sobre diagnosticados y señaló, con humildad, que lo logrado en La Habana era comparable al conjunto de trabajos de la Misión Rural (1997-1998) en los que “hubo participantes de organizaciones campesinas, indígenas y empresariales, académicos, instituciones públicas, entidades territoriales, organismos internacionales y otros diversos sectores de la opinión pública, quienes generaron propuestas y lineamientos sobre ruralidad con base en economía campesina, sostenibilidad, pobreza rural, educación, ciencia y tecnología, convivencia, institucionalidad, género y cultura”.


Los desafíos eran enormes, “por ejemplo en riego Colombia está casi al final de la fila, México tiene cobertura del 66%, Chile del 52% y (nosotros) el 15%.. no hemos hecho nada en décadas, igual en vías etc..”. Tocaba hacer grandes inversiones en bienes públicos: riego, vías terciarias, electricidad, conectividad, apoyo a vivienda, acueductos… en salud y educación, capacitar al pequeño agricultor.. “En las zonas afectadas por el conflicto (haremos) programas de desarrollo con enfoque territorial en una lógica de seguridad alimentaria. Ese es el primer acuerdo”.


En participación política, “la firma e implementación del acuerdo contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia.. Implicará la dejación de las armas y la prescripción de la violencia… transitar a un escenario en el que impere la democracia con garantías plenas para quienes participen en política”. Con respecto a la droga “un gran programa que hará lo que nunca se ha hecho: un enfoque de desarrollo rural participativo que resuelva para siempre el problema de los cultivos y que emplee todos los recursos coercitivos del Estado en perseguir el crimen organizado”. 


En síntesis, tocaba “repensar la institucionalidad para implementar los acuerdos. Brasil creó un ministerio de Desarrollo Rural…” Mejorar el diálogo entre gobierno nacional, departamentos y municipios… “pero todo eso no será suficiente.. la nueva institucionalidad requiere una alianza entre ciudadanos y autoridades… tenemos el reto obvio de cómo financiar todo esto: tiempos excepcionales requieren financiación excepcional… Y una visión compartida (Estado, ciudadanía, FARC) de para dónde vamos”. Continua