En Santuario, Risaralda, un grupo de trans emberas están siendo perseguidas por la Guardia de su comunidad. Las llaman primos, pues dejaron de ser hermanos.
Lo que las espera no es trivial: “convertirlos de nuevo en hombres” mediante “la permanencia en el cepo y varias horas de trabajo comunitario”. Aunque ya unas veinte se han fugado, refugiándose en un pueblo cafetero donde la gente las aprecia, la justicia embera las busca para que la comunidad las convierta o destierre formalmente. La razón aducida para el aumento en el número de casos es peculiar: “el tema de la alimentación ha sido el factor para que eso venga ocurriendo… tenemos que volver a las comidas tradicionales”.
Alba, mujer embera, cuenta que su hijo nació así. “La hija mayor mía dijo que él va a quedar gay porque tiene cuerpo como de mujer”. Desde los 10 años le gustó vestirse con prendas femeninas; cuando creció, “no le dimos (más) alimentación, lo echamos de la casa”. Tuvo suerte y se salvó de los castigos. Lo usual para un indígena gay es que la comunidad lo amarre y le den fuete hasta que le “sangra el cuerpo”, para curarlo de lo que perciben como un castigo de dios. Algunos han llegado a suicidarse.
La situación se complica porque varias de ellas, además de trabajar en las fincas cafeteras, ejercen la prostitución y lo hacen a su manera, sin preservativo. “Las comunidades indígenas Embera chamí no tienen el uso del condón como una de sus costumbres sexuales… se evita para no poner barreras al nacimiento de nuevos integrantes de las familias indígenas”. Lo paradójico, alucinante, es que los mismos indígenas que las persiguen son clientes suyos. “Los emborrachan, tienen relaciones sexuales con ellos y luego les toman fotos, los degradan, los ridiculizan”.
Por fortuna las trans indígenas ya tienen quién las defienda. Para la asesora de derechos humanos de la Gobernación el tema “tiene un contenido social que sería bueno visibilizar. Se trata del respeto a los derechos del otro”. Lena Mucha, antropóloga y fotógrafa alemana, vino a hacer un reportaje sobre ellas. “La diversidad sexual no es algo inherente a una cultura sino a la humanidad en sí, es un tema que cada día se visibiliza más a nivel global como son los casos de niños ‘trans’ en Estados Unidos, Rusia, Alemania” anota estableciendo un vínculo apresurado con el transgenerismo de menores. En este caso, las denominaciones LGBT son confusas: uno de los artículos en la prensa habla de “ellas” (T) pero otro se refiere a hombres indígenas homosexuales (G).
Es previsible que en algún momento las “primas trans” pongan una tutela para proteger sus derechos contra el hostigamiento de la justicia indígena. También es probable que la Corte Constitucional (CC), con sobrada razón, considere inaceptable esa persecución arcaica para revertir orientación e identidad sexuales. La fanaticada exigirá que los embera aprendan teoría de género desde la infancia y acomoden sus creencias. A las rebeldes trans no se les pedirá alinearse con la sabiduría ancestral, ni serán consideradas “gestoras de su propia cultura” como ha hecho la CC con niñas indígenas ante casos aberrantes de violencia sexual contra ellas.
Hace unos años hubo un debate entre la CC y el Consejo Superior de la Judicatura, responsable de resolver los conflictos por competencia entre jurisdicciones. Esta instancia consideraba que “el abuso sexual a menores no tiene nada que ver con las costumbres de las comunidades indígenas” y mencionaba una estrategia recurrente de los indígenas acusados de delitos graves: evitar penas severas en la justicia ordinaria invocando el derecho a un juicio en sus comunidades con sanciones leves, cuando no amañadas por vínculos familiares entre el acusado y los encargados de juzgarlo. Varios casos fueron devueltos por la CC a la justicia indígena “para salvaguardar de mejor manera los derechos de la menor, teniendo en cuenta los parámetros de diversidad que resultan acordes con sus usos y costumbres”.
Lena Mucha no se interesará por las niñas de la comunidad embera en la que hasta hace poco se practicaba la ablación y, según declaró una representante ante la CC, “se consideran aptas para el matrimonio” a partir de los 8 o 9 años. Casi nadie lucha contra esa infame costumbre. No hay juristas, militantes ni feministas influyentes que protesten, a pesar de que afecta a muchas menores vulnerables de manera irreversible. En últimas, las “primas trans” podrán escaparse, como ya lo han hecho, de sus familias y su comunidad. Las niñas obligadas a casarse con hombres escogidos por sus familias quedarán atrapadas, precozmente embarazadas, sin educación, sometidas y condenadas para siempre a la pobreza y al machismo atávico, simplemente por haber nacido indígenas.