Publicado en El Espectador, diciembre 4 de 2025
Suena insolente sugerirlo, pero hay elementos de la justicia en Colombia que han sido más independientes del poder, político, económico o mafioso, que en España.
Hasta hace unos años, la justicia española, pragmáticamente, se había centrado en perseguir delincuentes políticos, denominados sin ambages terroristas, dejando tranquilos a los narcotraficantes, sobre todo los gallegos. Colombia, por el contrario, aupada por los norteamericanos, le declaró la guerra a las mafias más poderosas del planeta y en buena medida las derrotó.
El desinterés español por los narcos no era simple descuido. En 1984, tras el magnicidio de Rodrigo Lara Bonilla los principales capos salieron del país. Tras fracasar las negociaciones en Panamá con el gobierno de Belisario Betancur, Pablo Escobar regresó para emprender la guerra a muerte contra el Estado, pero Jorge Luis Ochoa se trasladó a Madrid para consolidar sus negocios de narcotráfico. Allá fue detenido junto con Gilberto Rodríguez Orejuela, cabeza del cartel de Cali. La justicia norteamericana tenía un sólido prontuario contra ambos y solicitó a España su extradición a los EEUU. Desde la detención, abogados colombianos buscaban el traslado a Colombia para ser juzgados. A mediados de 1986 los dos ganaron el forcejeo y lograron sendos “sainetes de una absolución anunciada” en Colombia.
En España, esa decisión provocó “enfrentamientos jurídicos entre el Gobierno y la Audiencia Nacional”. Un argumento era que la petición de los EEUU era política y perjudicaba a Ochoa por la “notoria enemistad” con Nicaragua, país involucrado en el caso por el principal testigo, Barry Seal.
“Acabáis de poner en libertad a un hijo de perra, un asesino, un criminal” le recriminó Felipe González al presidente del Tribunal Supremo tras la decisión de entregar a Rodríguez Orejuela a la justicia colombiana. Antes, había advertido del intento por “obtener su libertad pagando lo que hiciera falta… en una apuesta que llegó muy alta”. En El hijo del Ajedrecista, Fernando Rodríguez confirmaría el pago por la decisión mientras John Jairo Velázquez hablaría de 30 millones de dólares “de los extraditables” para lograr ese objetivo.
Por aquella época, la élite de la magistratura colombiana caía asesinada por no ceder al chantaje ni a las amenazas de los mismos extraditables. Un Tribunal de Instrucción militar creado para investigar el ataque concluyó que el M-19 era responsable y compulsó copias a la justicia penal militar. En 1989 el juzgado 30 de instrucción criminal acusó por rebelión y homicidios a 35 líderes del grupo pero el caso se archivó con los indultos de 1989.
En 2018, al llegar al poder, Pedro Sánchez nombró a Dolores Delgado, su ex ministra de Justicia, Fiscal General. Fue criticada en la institución por traer personas afines a sus convicciones políticas, como Álvaro García Ortiz, un colaborador directo que acaba de ser condenado penalmente por revelación de secretos. Aunque Sánchez respeta y acata el fallo, insiste “en la inocencia del fiscal general del Estado”.
A pesar de todas las críticas a las cabezas de la Fiscalía colombiana desde su creación, nada se acerca a su utilización como herramienta de poder por el sanchismo, no sólo para evadir acciones en contra, algo usual en Colombia, sino para perseguir adversarios políticos definiéndolos como enemigos que toca estigmatizar y tratar de aniquilar. Sin ir muy lejos, la conducta que implicó la condena para García Ortiz tuvo como propósito perjudicar al novio de Isabel Díaz Ayuzo, principal contrincante política de Sánchez.
Si bien en la cúpula de la rama judicial persisten notables discrepancias entre España y Colombia, en las bases cabe destacar similitudes en el oficio siempre peligroso de la investigación criminal: la Guardia Civil, que suministra evidencia contra sanchistas y el Cuerpo Técnico de la Fiscalía (CTI) que ha recogido cantidad de pruebas contra paramilitares.
Al hablar de su último libro, El laberinto del Parqueadero Padilla, Diana Salinas aclara que la oficina paramilitar allanada por el CTI en ese banal e insólito lugar es una “mutación del Cartel de Medellín.. y del Cartel de Cali… los Rodríguez entrenan a los Ochoa para tener esta estructura empresarial”. Parte del know how aportado a la máquina de matar proviene de facultades de derecho. Los capturados allí se comunicaban “a través de los abogados, y esos abogados habían sido los de los Ochoa y Pablo Escobar”. Además, mantenían informados a los Castaño. Aún así, los sabuesos armaron sólidos expedientes que luego se refundieron. ¿Por qué? “El problema lo tiene en su más alto grado la justicia”, responde Salinas. Es una lástima que una investigación seria y minuciosa se empañe con deslices tan delirantes como “la conexión con el holocausto” por asimilar “acabar con el problema judío y acabar con el problema de la guerrilla”.